Ante las gravísimas implicancias de la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el proyecto de ley que fuera aprobado el día anterior por el Parlamento en materia de reparación a las víctimas de prisión política y tortura, nos hacemos eco de las numerosas reacciones que tal medida ha suscitado y expresamos lo siguiente:
Rechazamos categóricamente las reacciones de este gobierno al relativizar la importancia de las violaciones a los derechos humanos protagonizadas por la dictadura cívico militar y su política de terrorismo de Estado: el argumento de desfinanciamiento no es aceptable, en momentos en que el país destina grandes sumas a financiar pensiones millonarias a quienes conculcaron los derechos de los afectados por la represión institucional. En los que, a la vez, se han asignado aproximadamente dos mil millones de pesos para las Fuerzas Armadas, desconociendo el escandaloso fraude cometido por estas instituciones y dilapidando recursos de todos los chilenos.
El retiro del proyecto muestra un intento por negar una vez más nuestra historia reciente y la responsabilidad del accionar represivo de la dictadura cívico-militar en la vida de miles de personas. También se expresa en las reiteradas intenciones de promulgar un indulto a los responsables de crímenes de lesa humanidad del penal de lujo Punta Peuco. Dichas acciones contravienen lo señalado en el Derecho Internacional sobre la inamnistiabilidad e imprescriptibilidad de tales hechos, y atentan contra la necesidad de verdad y justicia plena que exigen las agrupaciones de derechos humanos, y la comunidad en general.
En este contexto, señalamos que las desgraciadas palabras del diputado Urrutia, junto con rechazarlas categóricamente, constituyen una grave afrenta a la comunidad, y contravienen principios de respeto a los derechos humanos esenciales para la convivencia del país. El gobierno, en un gesto democrático, debe impulsar el reconocimiento del Estado de lo ocurrido, y la entrega de información verdadera, que conduzca al término de la impunidad. Ello, junto con apoyar las múltiples iniciativas ciudadanas y la instalación de memoriales que diversas organizaciones están impulsando, como la Red Nacional de Sitios de Memoria. Entre ellos, el Aeródromo Tobalaba, recinto por el cual se calcula que pasaron entre 700 y 900 personas entre 1973 y 1990, para ser posteriormente lanzadas al mar.
Sólo con el reconocimiento de nuestra historia reciente será posible construir el futuro