Un desesperado cierre de fronteras

Las medidas adminis trativas inmediatas y el proyecto de ley de Migración y Extranjería anunciadas por el presidente Sebastián Piñera el pasado 9 de abril, no sólo guardan coherencia entre sí, sino que configuran un cambio radical de la normativa que regula el ingreso de personas extranjeras y las condiciones bajo las cuales las y los inmigrantes podrán convertirse en residentes, con deberes y derechos propios de la ciudadanía de aquí en adelante.

 

 

En concreto, estas medidas administrativas –refrendadas a posteriori por el proyecto de ley- cancelan definitivamente y desde ahora la posibilidad de que un inmigrante ingrese como turista y estando en Chile pueda postular y acceder a una residencia temporal y luego de ella, a una residencia definitiva. De ahora en más, quien desee inmigrar a Chile, ya sea para trabajar, emprender o por otros motivos, deberá postular a una residencia temporal con tales propósitos, en un consulado de Chile en su país de origen.

No hay más visas sujetas a contrato ni visas temporales por motivos laborales, a partir del 23 de abril de este año. Sólo se otorgará residencia temporal estando en Chile, a los extranjeros que obtengan postgrados en universidades chilenas acreditadas y deseen emprender o trabajar en Chile. Se le da el curioso nombre de “Visa Temporaria de Orientación Nacional”, a esta creación normativa.

Con estas medidas se impone plena y unilateralmente lo que estas autoridades llaman el “legítimo derecho del Estado y sus ciudadanos (¿?) de normar la forma en que los extranjeros ingresan y permanecen en nuestro país”[1]. Serán las autoridades las que determinen cuántos y bajo qué calificaciones o requisitos, podrán inmigrar a Chile en el futuro. Se subordina el derecho a migrar de las personas a esta potestad.

Llama la atención que se aluda a los ciudadanos como parte de quienes intervienen en establecer esta normativa, cuando no sólo se pasó por alto las propuestas previamente emanadas del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones[2] -CCNM- al respecto, sino que no se le informó -ni por el gobierno anterior ni por éste- de las propuestas legislativas que sobre Migración y Extranjería se han tomado, en septiembre de 2017 por el gobierno precedente y este 9 de abril por el gobierno actual[3].

Pero ahora se va más allá. En un acto de atropello a la participación y representación ciudadana, mediante Resolución Exenta de la Subsecretaría del Interior se ha dejado sin efecto la Resolución que creó el CCNM so pretexto de una futura convocatoria a un Consejo Consultivo de la Subsecretaría del Interior, que abordará un abanico mayor de materias, incluyendo sólo como una más la temática migratoria. Se deja además de lado los compromisos que el Estado de Chile ha asumido internacionalmente al respecto.

Párrafo aparte merece la creación de visas específicas para frenar resueltamente los flujos migratorios provenientes de Haití y Venezuela y que entraron en vigencia este 16 de abril. La visa consular para turistas haitianos, no sólo los obliga a solicitarla en Puerto Príncipe, sino que los discrimina concediéndoles un máximo de tan solo 30 días de permanencia en Chile. Mientras, en las fronteras se seguirán otorgando hasta 90 días a los turistas provenientes de otras nacionalidades de la misma América Latina y el Caribe. Sólo existe el precedente de la visa consular para los nacionales procedentes de República Dominicana. Que, como se sabe, ha derivado en un notable incremento del tráfico de personas de ese país hacia Chile por pasos no habilitados.

La visa de “Responsabilidad Democrática”, establecida en favor de las personas procedentes de Venezuela, más allá de que otorgará una residencia temporal por un año, prorrogable por otro y con potencialidad de transformarse después en una residencia definitiva, al tener que solicitarse y obtenerse en los consulados de Chile en Venezuela le permitirá a las autoridades del país receptor seleccionar cuantitativa y cualitativamente la inmigración venezolana a la que se le otorgará esta regularidad migratoria. Es decir, un filtro revestido de solidaridad política con quienes huyen de la crisis  de ese país hermano.      

La contrapartida: un Proceso de Regularización Extraordinaria de dudosos contornos

Simultáneamente a las medidas que “cierran las puertas” a la inmigración, el gobierno accedió a decretar un Proceso de Regularización Extraordinaria que venía siendo demandado por las organizaciones de migrantes desde hace 5 años, por lo menos y que había dado lugar a movilizaciones callejeras en las ciudades de Chile y a iniciativas promovidas por ellas a nivel parlamentario en los últimos cuatro años.

Desoyendo la advertencia de que la población migrante en situación irregular superaba las 100 mil personas, el gobierno anterior contrapuso esa demanda con la promesa de un proyecto de ley marco de Migraciones con enfoque de derechos. Que jamás envió. Por lo que Rodrigo Sandoval, Jefe del Departamento de Extranjería y Migraciones –DEM- renunció tardíamente  y en las vísperas de que se enviaría a tramitación a fines de agosto 2017 un proyecto que no cumplía con los parámetros consensuados por el DEM con las organizaciones de migrantes y pro-migrantes.

El Proceso de Regularización Extraordinaria anunciado por el gobierno se decreta a partir de cifras y criterios que llaman la atención. A través de una publicación[4] se da a conocer la estimación actual del DEM de población extranjera al 31 de diciembre de 2017: nada menos que 1.114.237 personas. Sorprendente estimación si se tiene en cuenta que el 4 de septiembre de 2017, el entonces ministro del Interior, Mario Fernández, al presentar el proyecto de ley de migraciones del gobierno anterior[5] mencionó una cifra con casi 600 mil personas menos. Si la ahora presentada no es una estimación basada en el censo de abril de 2017, ¿cuál es la base de la estimación que ahora se difunde?

Y si esta estimación fuese certera, entonces mal puede afirmarse como lo hacen las actuales autoridades de que la población inmigrante en situación irregular sería de 300 mil personas. Y sería más consistente reconocer que estamos frente a una cifra de irregularidad migratoria que supera las 500 mil personas. Y si eso es así, ¿es realista dar un mes de plazo para atender la presentación de solicitudes de las personas en situación irregular que ingresaron por pasos no habilitados y sólo tres meses para las demás personas en situación de migración irregular? Debe recordarse que la experiencia precedente de Proceso de Regularización Extraordinaria en Chile[6] se extendió por 5 meses y atendió solicitudes de tan sólo 50 mil migrantes en situación irregular.

¿Cómo es que se llegó a esta migración irregular de magnitudes similares o mayores a los de la población migrante regular? No es solamente por el dinamismo inusitado e inesperado de la migración procedente de Haití y Venezuela a partir de fines de 2015[7], que puede haber sumado del orden de 300 mil migrantes de esas procedencias entre 2016 y 2017. Es también porque a lo largo de la última década se acumularon al menos otros 200 mil migrantes de otros países latinoamericanos y caribeños sobre todo, que enfrentados a una normativa que hacía costoso, precario y hasta arbitrario el proceso para ingresar al país y /o acceder a una visa de residencia regular, fueron quedando en la irregularidad que limitaba gravosamente el ejercicio de sus derechos humanos.

Otra alternativa para facilitar el proceso de una migración regular fue demandada y desoída: aplicar sin discriminación alguna el Acuerdo de Residencia de Mercosur a todos los nacionales de los países que lo han suscrito y que lo respetan para los chilenos que migran hacia ellos[8]. Esta normativa, que sólo requiere del migrante para obtener su residencia temporal el presentar su documento nacional de identidad, un par de fotografías y un certificado de antecedentes del país de origen, era pertinente y necesario que se extendiese a todos los nacionales procedentes de países de América Latina y el Caribe[9], para avanzar hacia cumplir el compromiso adquirido por Chile en el Tratado Constitutivo de UNASUR, de establecer la ciudadanía sudamericana. Y hacer caso de las recomendaciones en el mismo sentido de la Conferencia Suramericana de Migraciones de la que el estado de Chile hace parte desde hace 17 años[10].