Según reportó este jueves 12 de abril la Radio Biobio, el Ministro Mario Carroza, tras un primer informe de la Brigada Investigadora de Derechos Humanos (BRIDEHU) de la PDI, citó a declarar 13 ex uniformados que se encontraban de guardia el día de un supuesto ataque con un cohete Low a la Escuela de Educación Física del Ejército, en 1989, donde se habrían quemado cientos de documentos de la subsecretaría de guerra con expedientes de consejos de guerra tras el golpe militar.
Dichos documentos podrían ser claves a la hora de investigar los procesos de cientos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y su destino final. Es por ello, que Londres 38 interpuso una querella al respecto, en diciembre de 2017, investigación que ha llevado a relevar este episodio en el marco de dicha investigación.
Además, Carroza ordenó interrogatorios para Eduardo Quiroga Cortés, que estaba a cargo del resguardo de los documentos, y Bernardo Castro Rojas, oficial que ocupaba el cargo de director de la Escuela de Educación Física del Ejército. A estos ex uniformados se suma la citación para Aida Segovia Crisóstomo, archivera (S) de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine).
La integrante de Londres 38, Gloria Elgueta, afirmó que "las Fuerzas Armadas deben responder respecto de su responsabilidad y de la información que nosotros positivamente sabemos que ellos poseen y de los archivos que nos consta que aún mantienen, a pesar de los archivos y documentos que también sabemos que han destruido", dijo Elgueta.
Este primer informe elaborado por la Brigada Investigadora de Derechos Humanos de la PDI también aborda la quema de archivos en formato de microfilms de la CNI, en enero de 2000. En octubre de 2017, la periodista Pascale Bonnefoy escribió un artículo en The New York Times relatando cómo se realizó la quema de los microfilms. En dicho reportaje aparece una declaración ante el ministro Madrid de Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich, exjefa de archivos en el Departamento II de contrainteligencia, dependiente de la Dine, en las que admiten la quema de antecedentes. Además, Rojas identificó al entonces director del organismo, el general Eduardo Jara Hallad, como el responsable de dar la orden para destruir el material.
Jara admitió los hechos en un careo entre él y Rojas, registrado el 12 de junio de 2015 ante el ministro Madrid. En el careo Rojas ratificó que fue Jara quien le dio la orden de revisar los archivos de la CNI que heredó la Dine, tras la desaparición del organismo de persecución política que había creado la dictadura. Y que tras la revisión, le informó verbalmente que ninguno de ellos contenía datos relativos a casos de derechos humanos. Luego de esa información, Jara le ordenó quemar los microfilms en un horno de la Escuela de Inteligencia Nacional, ubicada en Nos. También agregó que un miembro del alto mando sabía de la quema: Patricio Chacón Guerrero, jefe del Estado Mayor.
El 10 de abril pasado, el ministro Mario Carroza citó a declarar por este caso a Rojas, Lazcano, Zuñiga y Jara, quien, dada su condición de general en retiro, puede fijar el lugar de su interrogatorio.
La abogada Londres 38, Magdalena Garcés, anunció que pedirá formalmente al ministro Carroza que cite a declarar al general en retiro Patricio Chacón.