Un país que no atiende el problema de la salud de su pueblo, no es un país real; es una asociación de intereses desiguales, inequitativos y finalmente espurios. Si hasta las comunidades más primarias mantenían a sus curanderos, magos, machis o como se les llamare, justamente para atender a las necesidades más elementales de su población, que sentía encarnado el sentido de “comunidad”, es decir de pertenencia.
Ya los antiguos egipcios, los griegos, los chinos, los romanos y los árabes sostuvieron la sanación de sus enfermos como una actividad respetable y relevante. Todas ellas eran comunidades mucho más precarias que las nuestras, en ciencia y en recursos económicos, sin embargo se hacían responsables de sus enfermos.
Sin embargo, nuestros países subdesarrollados se ocuparon de la salud con bastante más dedicación que estos países que ahora se llaman de desarrollo intermedio (pero que no ocultan la pretensión de llamarse desarrollados). Los Estados construyeron políticas de salubridad, grandes hospitales, extensión de cobertura rural, prevención de enfermedades transmisibles y carenciales.
Ese esfuerzo fue enorme si se compara con la situación actual, en que contamos con muchos más recursos materiales y profesionales, técnicos y de saber, sin embargo la contaminación económica de esta actividad ha llevado a concentrar su vocación sólo en los segmentos redituables financieramente, descuidando, limitando y abandonando, muchas veces, las necesidades de los sectores menos favorecidos que son, por demás, los más necesitados.
Del saber altruista durante el desarrollo de la ciencia epidemiológica del siglo XIX y parte del siglo XX, pasamos a la medicina curativa y altamente remunerada de estos tiempos; de la prevención a la curación, de las grandes causalidades a la gran industria del tratamiento curativo de la enfermedad, hecho por la hiperespecialidad invasiva y de alto componente tecnológico.
En este sentido, en la actualidad se ha cerrado el ciclo industrial de la SALUD- ENFERMEDAD. La sociedad genera las enfermedades masivamente (industria alimentaria, accidentabilidad laboral, accidentabilidad del transporte, estrés laboral, contaminación urbana, de las aguas, de los mismos alimentos) y la misma sociedad organiza la ventajosa industria médico curativa (laboratorios farmacológicos, industria de maquinaria para la medicina, sistema industrial clínico y hospitalario, especialización profesional junto a la división del cuerpo humano intervenido, división estamental de la medicina según ingresos y costos).
Tan grande es la importancia económica de la salud en la sociedad científica moderna, que ya hay enfermedades que se clasifican de “catastróficas”. No es que el hombre moderno sea genéticamente más vulnerable biológicamente que el hombre pretérito, sino es porque el hombre moderno está sometido a muchos factores ambientales y culturales que disminuyen su capacidad defensiva. Entre las cuales se destacan la promiscuidad de vida urbana, donde se almacenan inmensos bolsones de miseria, insalubridad y patología psicológica, tanto como biológica.
La violencia urbana es, hoy por hoy, uno de los principales indicadores de patología y mortalidad juvenil, todo ello ligado a la drogadicción, entre los cuales se ubican el alcoholismo y los estupefacientes.
Chile es un país paradigmático en esta clase de males sociales vinculados a la salud enfermedad. Acá, el Estado se hace cargo de apenas el 25% del gasto en salud, de manera directa. El sector púbico se hace cargo del 48% de lo que los chilenos gastan en salud, pero de ese porcentaje, aproximadamente el 50% lo aportan los privados al pagar sus cotizaciones en FONASA.
Los privados, que usan los seguros privados de salud, gastan más o menos el 52% de todo lo que se desembolsa en el sistema de salud nacional. Con todas estas cifras acumuladas, Chile se ubica en el promedio medio alto del gasto en salud de la OCDE. Pero en Chile se hace realidad de los “inversos de Pareto”: el sector público gasta el 25% del gasto total para hacerse cargo del 75% de la población demandante; el sector privado gasta el 75% del total y se hace cargo del 25% de los demandantes; justamente a la inversa de lo que acontece en los países de la OCDE, en que el sector público se hace responsable del 75% del gasto y de las personas, mientras que el sector privado lo hace del resto.
A esta realidad estructuralmente anómala se deben agregar otros agravantes: transferencias de recursos del sector público al institucional privado (sólo en AUGE más de US$ 1.300 millones de dólares por año….,y esto sólo por insuficiente inversión en el aparato institucional público); deudas hospitalarias, ligadas justamente al sistema AUGE y a las adquisiciones de medicamentos a laboratorios protegidos en su rentabilidad y a profesionales que se refugian en sociedades comerciales para prestar servicios privados al sector público (oftalmólogos, laboratorios médicos, radiólogos e imagenología, diálisis, etc.).
Para qué adentrarnos en el sistema de ISAPRES y los diversos seguros privados que elevan las aportaciones en salud de las personas a niveles de los más altos del mundo, asegurando una rentabilidad a los diversos negocios de la salud, también en los niveles más altos del mundo.
Esta mercantilización de la salud en Chile, constituye otra de las formas de dominación del capital por la vía del miedo, como lo hace en los temas de seguridad pública y privada, en el endeudamiento, en la inestabilidad laboral, etc. Todo forma parte del “disciplinamiento por el miedo”, con lo cual se asegura una mejor explotación del trabajo y una mayor rentabilidad de la inversión en salud, que es el caso que estudiamos.
Bien sabemos que el capital, en el capitalismo liberal, busca sacar rentas de todas las actividades posibles, por eso hace caer bajo sus garras todas las actividades que antes eran del Estado, como servicio. Si ya sabemos que hasta la policía se arrienda a empresas para resguardo de personas y actividades, cosa extraordinaria hasta para los países de institucionalidad muy degradada.
Como en Chile los sectores de mayor renta no pagan impuestos, el Estado es incapaz de financiar las inversiones requeridas para atender la salud de su población, pero el liderazgo coludido desde el estado y el empresariado se las arreglan para usar esa insuficiencia tributación privada para transferir más recursos al mismo sector privado tanto de las personas enfermas como del magro presupuesto fiscal. Lo que se abona como nuevos derechos o beneficios en salud, se alcanza maliciosamente sobre la base de nuevo endeudamiento público, ya sea como deudas hospitalarias o como déficit fiscal financiado, a su vez, con dineros prestados por las pletóricas arcas de los ricos cuyos excedentes se prestan al Estado como deuda pública, cobrada a buenas y seguras tasas de interés.