Dos años atrás, escribí un breve artículo titulado “La paradoja de los derechos humanos”, en el marco del primer episodio del programa radial Libres e iguales, espacio dedicado a la memoria y a la defensa de los derechos humanos que impulsamos junto a Juanita Rojas y Juan Pablo Cárdenas, cumpliendo así con la obra que mi madre, en sus últimos días, nos encargó realizar.
A 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , quisiera volver a referirme a la paradoja de los derechos humanos. La Declaración representa un hito en la historia de los derechos humanos, esencialmente contemporáneos en su conceptualización. Tras dos sangrientas guerras mundiales, un 10 de diciembre, diversas regiones del mundo en Asamblea General de una naciente Organización de Naciones Unidas acordaron ciertos principios fundamentales que sentaron las bases de una convivencia respetuosa de la igualdad, libertad y dignidad humana. En ese contexto, se proclamó la universalidad e inalienabilidad de los derechos humanos. A pesar de ser un instrumento no vinculante para los Estados, esta Declaración es emblemática, pues refleja la historia inicial de una organización que en su carta fundante explicita su propósito de cooperar en el desarrollo, estímulo y respeto de los derechos humanos, fortaleciendo la paz entre naciones, en el marco de la igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos (Carta de Naciones Unidas). Palabras que, pese a las manifiestas relaciones desiguales de poder entre los Estados miembros de Naciones Unidas, enuncian un camino acertado en la construcción de humanidad.
La Declaración instaló un piso de convivencia que desde su establecimiento ha sido quebrantado. A propósito, este año también se conmemoran los 43 años de Operación Cóndor.
Todos y cada uno de los artículos de la Declaración han sido transgredidos, en distintos contextos históricos. No podemos dar por sentado que los Estados respetarán los acuerdos voluntariamente contraídos, ni siquiera aquellos que son vinculantes, aunque parezca paradójico. Sin embargo, podemos cuestionar la distancia entre las palabras y las acciones, suponiendo que sí podemos hacer cosas con las palabras.
En Chile, la Constitución vigente proclama que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, haciendo eco de la Declaración Universal. A la luz de nuestra sociedad actual, la paradoja salta a la vista; la imposición del neoliberalismo ha significado un cambio de paradigma, según el cual antes de ser sujetos de derechos somos sujetos de consumo y productividad. Así, el acceso a derechos tan esenciales como el agua, la salud, el saneamiento e incluso el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, está mediado por el poder adquisitivo de cada cual y por los vínculos entre los poderes fácticos. Lo mismo sucede con el acceso a educación de calidad, si bien durante el gobierno anterior se instaló una agenda de reformas en la materia. Muchos de estos derechos son explícitamente proclamados por el sistema internacional de derechos humanos como inalienables e irrenunciables, y se señala al Estado como el garante de su efectivo cumplimiento.
Que existan estos acuerdos representa un avance, pero resulta paradójica la distancia entre los compromisos adquiridos y su real ejercicio. En este sentido, ni siquiera es claro si los tratados internacionales priman por sobre lo que establece la Constitución; una, en nuestro caso, nacida en plena dictadura y retocada después en democracia.
Hemos sido testigos de tantas contradicciones en las últimas coyunturas políticas vinculadas a derechos humanos. El cierre de Punta Peuco no se concretó, rompiendo así el gobierno saliente con la palabra comprometida. Menos decoroso fue el intento frustrado de decretar el cierre del penal literalmente el último día del mandato.
Entre los últimos proyectos que fueron presentados por el gobierno de Bachelet, se encuentra el que otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile. Si bien el proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Diputados, el actual ministro de Justicia solicitó un plazo de una semana a la Comisión para tener una respuesta, antes de que esta apruebe en particular cada artículo. De igual modo, el ministro alegó problemas fiscales, señalando que el gobierno saliente no realizó una glosa presupuestaria para esta operación (Fuente: reporte Desclasificación Popular).
Respecto del también frustrado proyecto de Ley de Sitios de Memoria, la Subsecretaría de DDHH declaró la voluntad de impulsarlo, señalando: “los lugares que se constituyen como sitios de memoria son necesarios para una sociedad democrática, por eso necesitamos hoy de una ley marco. Esta ley será el inicio de una política pública en torno a la memoria. Esto no quiere decir que ahí termina, sólo es el inicio de un camino que queremos hacer de la mano de las organizaciones de derechos humanos “(Fuente Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el marco del Seminario Legislación sobre sitios de memoria, organizado por la Subsecretaría de DDHH). No obstante, y pese a que desde los sitios de memoria se trabajó en un proyecto de ley que fue presentado a la ex subsecretaria en su momento, no hubo voluntad política de ingresarlo a través del poder ejecutivo, de modo que contase con un presupuesto asociado. Habrá que seguir trabajando en el perfeccionamiento y promoción de un proyecto de ley, pues es fundamental asegurar el mantenimiento y autonomía de los sitios de memoria. En el marco de garantías de no repetición no garantizadas; debemos cuidar, construir y defender la memoria en el presente.
En síntesis, a último minuto el gobierno de la Nueva Mayoría intentó activar algunos proyectos referentes a memoria y derechos humanos y abandonó otros, en una salida que estuvo marcada por acusaciones cruzadas entre ex autoridades y por la promesa incumplida del cierre de Punta Peuco, cuya palabra dio Bachelet en televisión a la misma Carmen Gloria Quintana.
Una de estas medidas de último momento que pudo concretarse fue la denuncia de la Subsecretaría de Derechos Humanos ante tribunales para investigar treinta mil casos de tortura ocurridos en dictadura, realizada un día antes del fin del Gobierno. Las denuncias quedaron a cargo de un solo ministro, Mario Carroza.
Quizá una de las transformaciones más representativas ocurridas durante el último mandato de Michelle Bachelet fue que se instaló en la política y el debate público la reivindicación de una serie de derechos sociales que la sociedad civil organizada viene demandando hace tiempo. La discusión ha llegado para quedarse; tarde o temprano tendrán que reformarse estructuralmente el sistema previsional, las políticas medioambientales y la privatización de recursos básicos e indispensables, como el agua en nuestro país (el único país que tiene sus aguas privatizadas….).
No hay vuelta atrás; el mismo actual ministro de educación así lo señaló respecto de la gratuidad en establecimientos de educación superior. Sin embargo, el Tribunal Constitucional permitió recientemente que sus sostenedores sí tengan fines de lucro. Las autoridades del gobierno de Piñera señalan que esto no afecta el corazón de la reforma, es decir, la prohibición del lucro. Suena, al menos, contrario a la lógica.
A 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en medio de señales equívocas y del incumplimiento de acuerdos voluntariamente ratificados ante el sistema internacional de derechos humanos, la sociedad civil sigue siendo el motor principal de los avances que hemos presenciado en materia de memoria y derechos humanos.
La compleja estructuración del sistema internacional de derechos humanos, cuyo fin es la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, cuenta con las virtudes y limitaciones propias de nuestra humanidad. Allí se reflejan las relaciones desiguales de poder que existen entre los países; por ejemplo, enla estructura del Consejo de Seguridad, que tiene por miembros permanentes a cinco de los países más poderosos del mundo. Sin embargo, la ONU es hija de su tiempo. No olvidemos que fueron las naciones aliadas en plena Segunda Guerra Mundial las que impulsaron esta organización y que hoy figuran como miembros permanentes del Consejo de Seguridad. También resulta paradójico el escaso conocimiento de los procesos de revisión y supervisión del cumplimiento de los tratados internacionales. Por su insuficiente difusión, parecieran ser esfuerzos malgastados, desarticulados y aislados (Centro de Derechos Humanos de la UDP, Informe Anual 2015). De manera semejante ocurre con los informes que el Estado debe rendir cada cierto tiempo ante la comunidad internacional.
Algunas de estas paradojas pueden descubrirse y/o revertirse mediante el fomento de la educación ciudadana y el ejercicio de una memoria crítica.
Por Mariana Zegers Izquierdo
Secretaria General Parque por la Paz Villa Grimaldi