Con la exposición de representantes de la Asociación Nacional de Expresos Políticos, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados inició el análisis del proyecto de ley que otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile (boletín 11.619).
El objetivo de esta iniciativa es otorgar un aporte único destinado a reparar pecuniariamente el daño causado a las víctimas de prisión política y tortura y sus familiares, ante las violaciones a sus derechos humanos durante el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
El texto legal establece la entrega de un aporte único, de carácter reparatorio a todas y todos aquellos calificados como víctimas reconocidas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, incluyendo a las cónyuges sobrevivientes.
El aporte único que se otorga consiste en la entrega de una suma de dinero equivalente a un total de tres millones de pesos a quienes sean titulares de conformidad a la ley, pagadera en dos o tres cuotas anuales y sucesivas, con montos diferenciados según la edad de las personas, según tuviesen 70 años o más cumplidos; entre 65 y 69 años cumplidos; y 64 o menos años cumplidos.
Para los dirigentes de los expresos políticos, si bien el monto de la indemnización es muy bajo, teniendo en cuenta que en un primer momento el Gobierno anterior les ofreció un total de 10 millones de pesos, lo importante es que se legisle con premura pues los beneficiarios producto de su edad y condiciones económicas están falleciendo.
Así lo explicó Miguel Retamal, presidente del organismo, quien sostuvo que “la última propuesta del Ministro (Mario) Fernández entregaba este dinero en una sola cuota para todos los mayores de 73 años pero hoy la entrega en dos años… estamos todos conscientes de que el 2017 murieron más de 950 expresos políticos calificados, aquellos que están en la nómina del Valech 1 y Valech 2, por lo tanto, la urgencia en la entrega de este bono es de capital importancia”, precisó.
Lo propio planteó Ramón Núñez, también vocero de la Asociación Nacional de Expresos Políticos. “Quisiéramos que esto fuera rápido, porque hemos esperado dos comisiones por años; hasta el año 2000, los presos políticos estuvieron invisibilizados en este país, hasta que a algún presidente se le ocurrió que debíamos tener una reparación austera y simbólica… y, como ustedes saben, nunca nuestra prisión y tortura fue simbólica, por lo que se trata de un beneficio mezquino”, acotó.
Cabe agregar que la normativa establece, además, que el 60% del valor de este aporte único también será entregado a las cónyuges sobrevivientes de las víctimas de prisión política y tortura, calificadas por los organismos anteriormente citados.
La suma establecida no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.