Notas para la historia (5): mientras Frei teme un golpe la DC opta por “la vía no capitalista de desarrollo” (por unos meses)

Después de poner en marcha con brío la “revolución en libertad” durante los dos primeros años de su gobierno, Frei detiene las reformas y adopta políticas a la derecha, quizá motivado por un creciente y poco conocido temor a un golpe de Estado. El viraje provoca frustraciones en los sectores comprometidos con las reformas, particularmente en el seno del Partido. Éste se pronuncia por profundizarlas adoptando la “Vía no capitalista de desarrollo”, una orientación que en la actualidad muchos calificarían de estatista. Y elige una directiva de izquierda.

 

 

 

Sexto artículo[1] sobre las relaciones entre la dc y la izquierda.

 

De las reformas impulsadas por Frei la más transcendental es la Reforma Agraria. El reemplazo de los arcaicos y poco productivos latifundios por cooperativas y luego por nuevos propietarios requiere, previamente, una reforma constitucional que autorice expropiaciones en función del interés de la Comunidad. Se aprueba en 1967 con los votos de la dc y la izquierda. Meses después la misma mayoría vota la ley de Reforma Agraria y otra que suprime la prohibición del derecho a asociación de los trabajadores del agro, autorizando sindicatos. La Reforma es impulsada con fervor por un equipo de jóvenes técnicos de la dc, principalmente por Jacques Chonchol. En paralelo, el Gobierno construye miles de escuelas y amplía la educación básica a los niños de 6 a 14 años. De las 360 nuevas viviendas prometidas, se construirán unas 200 mil.

En el plano económico, el ministro de Hacienda Sergio Molina anuncia el fin de la inflación en “tres o cuatro años” gracias a políticas de ahorro, de aumento de la producción y de limitación de las utilidades a 10%. Sin éxito. Impulsa también un impuesto patrimonial a las grandes fortunas, pero lo tranza de tal forma que su efecto es mínimo.

La “chilenización” del cobre es confiada a “técnicos” designados por Frei y no a los equipos de la dc.[2]  Éstos firman los contratos sugeridos por las propias compañías norteamericanas, que les son claramente favorables.[3]

Aunque algunos capitalistas consideran las reformas necesarias, estas suscitan resistencias. La Reforma Agraria es atacada con virulencia a nombre del derecho de propiedad. En 1965 y 1966, El Mercurio publica 245 editoriales sobre la situación del campo (reforma agraria, sindicalismo campesino, expropiaciones, etc.) Y el Diario Ilustrado, del Partido Nacional, publica cada día un editorial sobre los problemas de los terratenientes.[4] Al mismo tiempo, muchos comerciantes se muestran descontentos con los controles del crédito y de los precios de venta.

 

Frei teme un golpe

Frei observa con temor la reorganización de la derecha en el pn y teme las iras de Washington. Lo que explica, en parte, por qué negoció la “chilenización” de forma tan favorable a las compañías. A partir el incidente de Laguna del Desierto, en noviembre de 1965, donde gendarmes argentinos dan muerte a un carabinero chileno, Frei intuye amenazas.  Su mensaje al pdc es: “la situación democrática es frágil”; en claro, hay peligro de golpe de Estado[5]. Posibilidad que se transforma en obsesión en Frei quien repite que no está dispuesto a terminar en el extranjero dando conferencias sobre por qué fracasó –recuerda Luis Badilla. Terminar su mandato democráticamente pasa a ser primordial, aunque el precio sea alto.

Sus temores se agravan cuando se entera, en julio 1967, que circula en la Armada un texto con amenazas de cuartelazo. El ministro del Interior Bernardo Leigthon hace arrestar a la directiva del pn que conspiraba con oficiales navales. Y después del Tacnazo de 1969, Frei afirma que fue organizado por la cia[6].

Este temor es un dato importante. La consecuencia práctica es que a partir de 1966 Frei usa la amenaza de golpe con inteligencia para frenar las reformas y derechizar sus políticas. Tomic lo acusa de temer más el golpe de Estado, que la no aplicación del programa.[7]

Simbólicamente, la matanza de ocho trabajadores en la mina El Salvador, el 11 de marzo de 1966, perpetrada por militares enviados allí por el ministro de Defensa Juan de Dios Carmona, marca un distanciamiento entre el Gobierno y sectores populares.

 

Oficialistas, rebeldes y terceristas

El viraje a la derecha de Frei arrecia el debate entre corrientes en el Partido que en realidad existen desde su nacimiento, lo explica la dificultad de establecer alianzas. Así lo constata Tomic quien identifica dos grandes tendencias entre 1963 y 1973: “la que se compromete frontalmente en la denuncia del sistema capitalista y busca el acuerdo con la izquierda marxista y laica, es una. La que prefiere la ‘modernización’ de la estructura social chilena, trata de expresar principalmente los intereses de la clase media y recoger su confianza, y proclama ‘ser alternativa contra el marxismo’ como ‘misión histórica’, es la segunda”.

El oficialismo, partidario de detener las reformas, está conformado por Frei y sus hombres de confianza: Patricio Aylwin, Jaime Castillo, Edmundo Pérez Zújovic, William Thayer, Sergio Molina, Claudio Orrego, Juan de Dios Carmona y Patrio Rojas.[8] Apoyan el viraje a la derecha, amparando políticas que imponen un ahorro obligatorio a los trabajadores y prácticamente terminan con el derecho de huelga.

Los Rebeldes en cambio, consideran la amenaza de golpe un chantaje y pugnan por profundizar las reformas aliándose con la izquierda. Encabezados por Rodrigo Ambrosio, presentan un perfil de “católicos culturales”[9], es decir agnósticos con cultura cristiana. Son mayoritarios en la juventud implicada en reforma universitaria con las juventudes de los partidos de izquierda, y también en los servicios asociados a la Reforma Agraria como la cora y el indap. Utilizan métodos de análisis marxistas y aprecian la Revolución Cubana. Aunque intentan enmendar las políticas del Gobierno, son escépticos sobre el resultado ya que Frei controla férreamente Gobierno y Partido.

Un segundo grupo crítico, llamado Terceristas por ser la tercera corriente, adopta posiciones similares. Liderado por Bosco Parra, lo componen católicos practicantes con actividades en sus parroquias, que mantienen la esperanza de rectificar las políticas del Gobierno y del Partido, al que tienen apego. Creen parcialmente en la amenaza de golpe.

Un indicio de la importancia de cada tendencia es la afiliación de los 83 diputados dc: 48 son oficialistas, 17 rebeldes, 7 terceristas y 11 inclasificables.[10]

La “Vía no capitalista”

En las elecciones municipales de abril 1967 la dc obtiene 35,6%, ocho puntos menos que el 43,6% alcanzado en 1965. La Directiva presidida por Aylwin convoca una Junta Nacional[11] para analizar el retroceso electoral y trazar orientaciones futuras. Esta encomienda a una Comisión político-técnica un informe para reacondicionar la estrategia. La componen los terceristas Luis Maira, Pedro Felipe Ramírez y Jacques Chonchol, que la preside; los rebeldes Julio Silva y Vicente Sota; un oficialista con cierta apertura, Tomás Pablo; y un liberal próximo a Frei, Carlos Massad.

En julio presentan el informe Proposiciones para una acción política en el período 1967-70 de una vía no capitalista de desarrollo. El pdc ­–indica– busca “la construcción de una Nueva Sociedad de Trabajadores: solidaria, democrática y popular”, que se conseguirá impulsando “una segunda expansión industrial para crear una industria de bienes de capital y de grandes complejos industriales”. La Vía no capitalista es definida como un conjunto de tareas como la planificación democrática, el incremento de las formas comunitarias de producción y una Reforma Agraria drástica y masiva, para construir “un sistema económico social comunitario, que sustituya al régimen capitalista”.

Identifica un área económica privada que se justifica donde produzca resultados. Y otra pública, compuesta por empresas estratégicas de dominio público y por sociedades mixtas con participación del Estado. Le corresponde al Estado promover “la construcción de empresas capitalizadas con el esfuerzo de la comunidad, con formas de propiedad y distribución que beneficien a los trabajadores”.

Propone otorgar al Estado una función directora en la economía a través de la creación de un ministerio de la Planificación encargado del presupuesto nacional; de la concentración del poder de compra del Estado en el exterior en un solo organismo; de la extensión de las facultades de la Empresa de Comercio Agrícola transformándola en una Empresa de Comercio del Estado, con funciones de compra, almacenaje, venta de alimentos y de materias primas esenciales y, eventualmente, de artículos manufacturados. Y de la utilización plena de las capacidades productivas para fabricar más bienes de capital (equipos para producir otros bienes) sustituyendo importaciones y prohibiendo la importación de los que puedan ser fabricados en el país.

Pide la nacionalización de la compañía salitrera Anglo-Lautaro, que ha incumplido sus compromisos; de Lota-Schwager acompañada de un plan de aumento de la producción de carbón para disminuir la importación de petróleo; de la Compañía de Acero del Pacífico impulsando la expansión de la producción; de la Compañía Chilena de Electricidad y de las telecomunicaciones. Propone consolidar la participación mayoritaria del Estado en la celulosa y revisar las franquicias tributarias demasiado favorables a la compañía de hierro. No habla de nacionalización del cobre, pero insiste en la aplicación de las cláusulas que obligan a las compañías a invertir en nuevas refinerías.

En el plano social, el informe defiende el derecho de los trabajadores de las empresas privadas a conocer la situación económica de la empresa, y a los de las empresas públicas a participar en la gestión. Plantea también el “Fomento máximo por parte del Estado de las organizaciones comunitarias de compra y distribución como cooperativas” y “la eliminación de monopolios de distribución”. La política de precios y remuneraciones “debe tener como objetivo primordial aumentar la participación de los trabajadores en el ingreso nacional”. Estas deben discutirse en Juntas de remuneraciones y precios integradas por el Gobierno, los trabajadores y los empresarios. Aboga por el derecho a voto a partir de 18 los años y a los analfabetos, por ampliar a todos los trabajadores el derecho a organizarse (salvo a las ffaa), y pide al Gobierno que “reconozca el movimiento sindical existente tal cual es, incluidas las federaciones y la cut”.

Aunque el informe no propone alianzas políticas, llama a la dc a “mantener un diálogo democrático y constructivo con las diversas fuerzas políticas y en especial con aquellas respecto a las cuales podemos reclamar apoyo”. Más precisamente: “debemos consolidar un apoyo social y electoral estable a través de la creación de una alianza pueblo-clase media progresista”.

La Junta Nacional de junio 1967 aprueba por unanimidad la Vía no capitalista y elije una Directiva donde Rebeldes y Terceristas están en mayoría. Durante un semestre la dc será dirigida por su ala izquierda. Por única vez.