La renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dejado a los grupos capitalistas chilenos, sin su principal lobista en el Perú, para quienes el desaforado gobernante, les auspició importantes acciones de penetración de sus capitales, en el marco de la estrategia de estos grupos, que no es un secreto para nadie, de controlar importantes enclaves de la economía peruana.
La primera carta jugada por Kuczynski, a favor de estos grupos, apenas se instaló como mandatario, fue apostar por la entrega del proyecto del aeropuerto internacional de Chinchero al consorcio Kuntur Wasi, del que es accionista la empresa Andino Investment Holding- AIH, mediante la suscripción de una adenda al contrato de concesión que trajo cola.
Esta empresa, a pesar de los desmentidos, tiene como su más prominente accionista, al actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, amigo personal de Kuczsynski, amistad que viene desde los tiempos del litigio peruano en La Haya, por la venta de la empresa pesquera Exalmar, donde PPK era director gerente, a la empresa Bancard, de propiedad de Piñera.
CHINCHERO
La suscripción de la adenda del contrato de concesión con Kuntur Wasi, fue objeto de graves denuncias, al revelarse de que se trataba de una empresa insolvente favorecida con un acuerdo leonino, porque iba a invertir en la construcción del aeropuerto solo el 20% de su costo, el Estado el otro 80% y a pesar de esta desproporción, la empresa asumiría la concesión por 40 años.
El documento entreguista fue anulado por el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, hoy presidente de la República, Martín Vizcarra, sin la consulta ni aprobación de Kuczynski, luego de soportar el 17 de mayo del 2017 una interpelación de nueve horas de duración en el Congreso, lo que dio lugar a que sea castigado con su pase a la congeladora por parte del mandatario, que lo sacó de la circulación y lo mandó de embajador en Canadá.
50 KMS. DE FRONTERA
Lejos de escarmentar con este revés, PPK prosiguió su juego de alfil de los intereses capitalistas chilenos, al promover la emisión de la RM 334- 2017, con fecha 24 de julio del 2017, en la que publicaba un proyecto de decreto supremo, para el debate, por el que autorizaba a capitales chilenos la compra de 100,000 m2 de terrenos dentro de los 50 kms. de frontera en Tacna.
La publicación de la propuesta provocó una marejada de protestas, luego de revelarse que el art. 71 de la Constitución Peruana establece que los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno: tierras, minas, bosques y agua, ni directamente ni en sociedad, dentro de los 5º kms. de frontera.
La indignación creció al conocerse que la Constitución chilena era más drástica porque prohíbe a los inversionistas extranjeros, de manera particular a bolivianos y peruanos, a efectuar adquisiciones de tierras dentro de los 300 kms. de frontera en Arica. Como era de esperarse, el gobierno de PPK reculó y con fecha 19 de agosto dejó sin efecto el dispositivo.
LO TUVO BAJO LA MANGA
El afán de PPK de cumplir el encargo de los capitalistas chilenos, de favorecerles con la venta de tierras dentro de la prohibida franja de 50 kms. de frontera en Tacna, venía desde que era candidato presidencial.
Así lo adelantó 22 de diciembre del 2015: “De ganar las elecciones daré una excepción dentro del art. 71 de la Constitución, a fin de promover las inversiones en la ciudad de Tacna”. Maliciosamente, fiel a su estilo, ocultó que su intención estaba referida a la venta de terrenos en el espacio prohibido de 50 kms. de frontera.
Otro encargo, mucho más ambicioso, de sus socios chilenos, es el proyecto de interconexión eléctrica, que el desaforado mandatario impulsó entre bastidores, en su condición de ministro de economía y primer ministro de su también compinche, el expresidente Alejandro Toledo (2011- 2016).
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
El proyecto aspira trasladar energía eléctrica peruana, generada por el gas de Camisea, desde una central termoeléctrica que se construiría en Ilo (Moquegua), a través de un tendido de cables de alta tensión, a lo largo de 400 kms., con una inversión de US$ 400 millones, desde Tacna hasta la subestación Crucero, en territorio de Mejillones, en la Región Atacama, para alimentar las usinas de las empresas capitalistas mineras chilenas, que la requieren a gritos.
Las cartas fueron puestas sobre la mesa durante la III Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, realizada en Paracas (Ica), el 06 de julio del 2015, (durante el gobierno de Toledo) donde el empresario chileno Jorge Errázuriz, vicepresidente de BTG Pactual-Perú, Jorge Errázuriz, adelantó que: “Perú tiene proyectado hacer centrales termoeléctricas muy grandes en Ilo y no tendrá suficiente demanda dentro del país, por lo deberá generar mercado”.
MENTIRA A LA VISTA
Errázuriz no dijo la verdad. El proyecto de interconexión Tacna Arica es un encargo ciento por ciento de los capitalistas mineros chilenos, los que han conseguido que sus encomenderos peruanos lo hagan suyo como proyecto peruano, bajo el supuesto de que el Perú posee excedente de energía eléctrica.
Lo que no es cierto, como lo prueba el hecho de la existencia de decenas de miles de pobladores, en las provincias altoandinas de Tacna, Moquegua y Arequipa, que carecen de energía y padecen cada año mortandades por las gélidas temperaturas de los inviernos andinos.
Para los neoliberales chilenos y peruanos como PPK, estos pueblos no son mercado y los ignoran de un plumazo.
GABINETE BINACIONAL
PPK, apenas estuvo al frente del gobierno, impulsó el acariciado proyecto de interconexión de las empresas capitalistas mineras chilenas y no dudó en suscribir una declaración conjunta con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en el marco del I Gabinete Binacional Perú- Chile, realizado en la capital peruana, el 08 de julio del 2017.
En la jornada, los presidentes “saludaron los avances realizados por ambos países en el fomento de la interconexión eléctrica, y “expresaron su agradecimiento al BID por el invalorable apoyo que dicha entidad brinda a la interconexión energética en la región”, según se lee en el Acuerdo de Lima, documento suscrito por ambos presidentes.
Hay otros hechos de favoritismo a los grupos capitalistas chilenos registrados durante los 967 días que duró el gobierno de PPK, que deberían ser investigadas por la sospecha de haber sido concretados al amparo de prácticas lobbystas corruptas.
Entre estas se cuentan la compra del gobierno peruano a 5 empresas chilenas de 25 mil casas de madera, de una sola pieza, sin baño y servicios de luz y agua, con una vida útil de tres años, por el valor de 375 millones de soles, destinadas a los damnificados del Niño Costero del norte del país.
MÁS LOBBYSMOS
Los competidores peruanos denunciaron haber sido ignorados a pesar de tener ofertas competitivas más ventajosas.
También deberían ser investigados por el nuevo gobierno de Martín Vizcarra, cómo ha conseguido la empresa chilena Conelser insertarse en el mercado de distribución eléctrica de Lima.
E igualmente cómo ha hecho la empresa Terpel, cuya matriz es el consorcio chileno Copec para concretar la compra de las operaciones del negocio de lubricantes de Exxon Mobil en el Perú, que le ha permitido asumir la operación y comercialización de combustible para el aeropuerto internacional “Jorge Chávez” de Lima.
Todo indica que el control de “la operación y comercialización” de combustibles (sic, así lo menciona un comunicado de Terpel) para el aeropuerto “Jorge Chávez” es solo la punta del iceberg de un plan mayor, consistente en proyectos de desarrollo de infraestructura y servicios para la industria aeroportuaria peruana a cargo de Andino Investment Holding (AIH).
Entre estos se encuentra el llamado proyecto “Limahub” que se levantará sobre un terreno de 140,000 m2, adyacente al aeropuerto “Jorge Chávez”, con acceso directo a la zona aerocomercial, que nadie, excepto el lobbysta Kuczynski, sabe de sus dimensiones, envergadura y funciones.
SU ÚLTIMO LOBBYSMO:
Adjudicación de lotes petroleros en el zócalo con regalías baratas
El presidente Kuczynski, hasta el último minuto que estuvo en el gobierno, se empeñó en sus gestiones de lobbysta para favorecer a los consorcios mineros e hidrocarburíferos extranjeros y a él se le debería la adjudicación de cinco lotes petroleros, en un área total de 28,000 km2., en el zócalo continental del norte del país, al consorcio irlandés Tullow Perú, sin estudios de impacto ambiental, lo que es muy grave, y a cambio de regalías del 5%, una tasa promocional inferior al 20% que se cobraba en el pasado.
Los términos desventajosos para el Perú de estas regalías recuerdan una similar gestión de PPK que impulsó durante el gobierno de Toledo, para favorecer al consorcio Hunt Oil, asociado con otras empresas, en la concesión de la explotación y comercialización del gas de Camisea, igualmente desventajosos para el Perú, porque ha significado que los peruanos paguen por un balón de gas hasta cinco veces más de los que cuesta en los países vecinos que no tienen producción de gas