Noviembre 15, 2024

Ministra Cifuentes condena a carabineros por asesinatos en población La Bandera en 1977

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, condenó a cuatro miembros de carabineros en retiro, por su responsabilidad en el delito de homicidio simple de Humberto Fernando Fernández Trujillo. Ilícito perpetrado en la población La Bandera, en septiembre de 1977.

 

 

En el fallo (causa rol 129-2011), la ministra Cifuentes condenó a Luis Hernán Correa Soto a la pena efectiva de 6 años de presidio, en calidad de autor del delito. En tanto, Fernando Elías Arancibia Sarmiento, Osvaldo René González García y Luis Gilberto Soto Zamorano fueron sentenciados a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, como encubridores.

En la etapa de investigación, la ministra en visita logreó establecer los siguientes hechos:
Que el día 7 de septiembre de 1977, alrededor de las 01:30 horas, en circunstancias que Humberto Fernando Fernández Trujillo dormía en una mediagua de la población La Bandera, comuna de la Granja, en compañía de su mujer Marta Gricel Irarrázabal Pérez, sus dos pequeñas hijas y Marco Antonio Irarrázabal Pérez, el inmueble fue allanado de manera irregular por los Tenientes Luis Hernán Correa Soto y Osvaldo René González García, el Sargento 2° José Manuel Olave Saavedra -actualmente fallecido- y los Cabos 1° Fernando Elías Arancibia Sarmiento y Luis Gilberto Soto Zamorano, todos funcionarios policiales de dotación del Departamento de Control de Drogas y Prevención Delictual O.S.7 de Carabineros de Chile, quienes derribaron la puerta de acceso y, acto seguido, ingresaron al lugar.
Que, acto seguido, sin mediar ataque alguno de parte de Fernández Trujillo, Luis Hernán Correa Soto y José Manuel Olave Saavedra dispararon en su contra, causándole, entre otras, una herida en la zona torácica que comprometió ambos pulmones y la arteria aorta torácica, provocándole anemia aguda y, luego, la muerte.
Que, posteriormente, en lugar de denunciar las circunstancias de comisión del mencionado delito, los referidos funcionarios policiales efectuaron una serie de maniobras para ocultarlas, tanto de la autoridad policial como de la judicial, entre ellas, alterar el sitio del suceso”.

En el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar la suma total de $240.000.000 (doscientos cuarenta millones de pesos) a la conviviente e hijas de la víctima.

Ver fallo (PDF)

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