En la democracia bancaria la teoría de separación de poderes no tiene ningún sentido: no hay balances ni contra-balances, y sólo se expresa un poder vertical, por ejemplo, en la cumbre de la pirámide del poder se encuentra el Tribunal Constitucional que concentra, en sí mismo, a funciones propias del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial.
El origen y la composición de los miembros que integran este Tribunal surgen del cuoteo del sistema binominal – imperante hasta la implementación de la nueva ley electoral, ahora basada en el proporcional -.
Llamar “tercer parlamento” al Tribunal Constitucional es acertado, pero según mi análisis, tiene más poderes que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial juntos y por separado.
Con tanto “cubileteo”, Michelle Bachelet se perdió la oportunidad de haber pasado a la historia al firmar, después de cuatro décadas, una Constitución democrática, nacida de una Asamblea Constitucional que pusiera fin al ridículo artefacto “candado de candados”, que creara el líder gremialista Jaime Guzmán Errázuriz.
Sebastián Piñera, que se estudia para Dios y, además, con un especial narcisismo crónico, pretende hacer un gobierno de “unidad nacional” sabiendo que tiene minoría en ambas ramas del parlamento, y necesita engañar a sus súbditos de derecha y de izquierda. El concepto de unidad nacional, en la versión de Piñera, consiste en la creencia de que “el rey-Presidente” posee la verdad, por consiguiente, los parlamentarios tiene que decir “amén”. Piñera es auténtico cuando define la educación como “un bien de consumo”. Para la derecha, todas las actividades humanas tienen que, necesariamente, producir lucro, es decir, una ganancia, ojalá ilimitada, y lo que no produce lucro es inútil o bien, está asociado a la mala calidad.
Para la derecha, bienes como la educación, la salud y la vivienda no son de por sí un derecho, por consiguiente, el Estado no está obligado a proporcionarlos, y si pretende hacerlo, por el hecho de ser gratuito y masivo, no se le puede exigir calidad.
En la concepción neoliberal que ha impregnado a la derecha actual, las familias deben contar con “Boucher” para elegir el establecimiento educacional al cual enviar a sus hijos que, lógicamente, debe cumplir con exigencias de calidad, que son determinadas por el mercado y la competencia.
Si “la educación es un negocio”, es lógico que Laureate, como fondo de inversión, cuyo objetivo es proporcionar la mayor rentabilidad posible tanto a los ejecutivos como a sus clientes, se encargue de ella; en Chile esa institución es dueña de varias universidades, las más masivas, y que reciben alumnos de bajo capital cultural – entre ellas la Universidad de Las Américas -.
Para producir mayor rentabilidad y mantener satisfechos a sus clientes, ese fondo de inversión debe atraer al mayor número posible de alumnos, e inventar carreras que demanden los mínimos gastos en infraestructura – laboratorios, centros de experimentación, clínica, etc. -, y poco importa si los alumnos, al final de la carrera, tengan poca salida ocupacional.
Antiguamente, el Consejo Superior de Educación regalaba las calificaciones a las universidades privadas, (conseguirla por dos años no era difícil), por ejemplo, famoso fue el escándalo de algunas universidades, como la del Mar, El Pacífico, Pedro de Valdivia, y más recientemente, la Arcis, que optaron por el lucro y repartir las ganancias entre sus controladores y directivos, burlándose de la ley que prohíbe el lucro.
El martes, 26 de marzo, la mayoría del todopoderoso Tribunal Constitucional declaró, contradictorio con la Carta Magna, el art. 63, que penaba el lucro en las universidades, permitiendo así las mismas faramallas para burlar el espíritu de la ley, por medio de la creación de sociedades inmobiliarias, cuyos controladores eran los mismos que regentaban las universidades.
La “moto-sierra” de Sebastián Piñera es tan destructiva como la retroexcavadora – era tan vieja que, ni siquiera, su motor pudo funcionar – pero esta vez, en pocos días de transcurrido su gobierno, haciéndose el tonto y usando la “mano mora” del Tribunal Constitucional, el Presidente Piñera y la derecha terminan imponiendo una restauración y, sobre todo, la idea de que el lucro es el dios, el alfa y el omega de esta sociedad.
Según la concepción neoliberal, el precio de mercado de un producto determina su calidad, principio válido para toda actividad humana, incluida la educación y la salud.
El Tribunal Supremo del Partido por la Democracia, (PPD), acaba de procesar a la ex rectora de la Universidad de las Américas, Pilar Armanet. A nadie le puede extrañar la conducta de esta personera, pues muchos de los miembros de la Concertación se han transformado en neoliberales de tomo y lomo, (baste recordar a Óscar Guillermo Garretón, Enrique Correa y tantos otros).
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
29/03/2018