En un encuentro sostenido hoy –martes 27 de marzo– en la Corte de Apelaciones de Concepción, la ministra en visita Carola Rivas otorgó acceso total al sumario de la causa a los familiares de Jorge Matute Johns.
En la reunión, la ministra entregó a la madre de joven universitario el informe investigativo –desarrollado junto a un equipo de la Brigada de Homicidios de la PDI–, que hasta ahora se mantenía en reserva y en el que se clarifica que el deceso de Jorge Matute fue producto de la ingesta del fármaco pentobarbital, suministrado por personas que buscaban que perdiera la conciencia para abusar sexualmente del joven.
A través de evidencias científicas y testimoniales, la ministra Rivas descartó las tesis sustentadas en una primera etapa por Carabineros y la PDI –que apuntaban, por diversas razones, que el deceso de Matute Johns se habría producido por una golpiza– y centró la investigación en el suministro del fármaco para inhibir su voluntad y agredirlo sexualmente.
La ministra explicó que el 2 de abril de 2015, tuvo acceso a la tesis desconocida, denominada “Hoja de Parra” –la que no estuvo en conocimiento de los jueces que llevaron la causa–, que fue desechada por la PDI a pocos días de la desaparición del universitario, y que estuvo 15 años guardada en una carpeta en dependencias policiales.
La magistrada detalló que la mayoría de los involucrados actuaba individualmente, no de forma concertada; tenían una doble vida y buscaban tener sexo homosexual de modo casual y anónimo, aprovechando que los jóvenes se encontraban privados de sentido.
“Esta línea incluso nos llevó a cuatro víctimas de situaciones semejantes: perdieron la conciencia por haber aceptado un trago y amanecieron al día siguiente en un departamento, su casa o en diferentes lugares sin saber cómo llegaron ahí, pero con evidencias de haber sido violentados sexualmente”, aseveró Rivas.
En dicho expediente se hacía mención a un total de 19 sospechosos (número que después se redujo a 12), pero que no fueron investigados por el comisario Carlos Stuardo, quien llevó la indagatoria los primeros 10 días, y recopiló antecedentes de personas de orientación homosexual, por lo general mayores y con recursos económicos, que para obtener sexo casual emborrachaban o introducían drogas en los tragos de los jóvenes, principalmente en discotecas alejadas de Concepción, lugares en que luego les ofrecían trasladarlos en sus vehículos.
“Este antecedente lo manejaba el comisario Stuardo desde el día 2 de noviembre de 1999, cuando en un interrogatorio que realizó junto a funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI de Santiago se presenta un testigo de identidad protegida que relata estos hechos como comunes y corrientes y que ocurrían en las noches en fiestas electrónicas en discotecas alejadas de la ciudad. Además, él estimaba que era un antecedente bastante certero de lo que podía haber sucedido a Jorge Matute en La Cucaracha”, especificó la jueza.
La ministra Rivas explicó que a 18 años de ocurridos los hechos –con 7 de los 12 sospechosos muertos y los 5 vivos descartados– y con testigos inubicables o no identificados en 1999, es difícil reconstruir la verdad y las responsabilidades, algo que sería diametralmente opuesto si se hubiera profundizado en la línea de investigación desechada.
“Lo que tenían a 10 días de fallecido Matute calza y enlaza perfectamente con lo que a nosotros, 15 años después, nos entregó un resultado científico: a Jorge le dieron un fármaco en un trago para que perdiera la conciencia. Eso fue relatado por dos testigos a los días de desaparecido Matute y no obstante eso, no se generó línea de investigación, ya que fue desechada por el comisario Arenas”, resaltó.
Sobre la falta de procesamiento, la ministra sostuvo que “cuando nos encontramos con el fallecimiento de la mayoría de los sospechosos nos vemos enfrentados a un túnel sin salida, porque esto significa que no solo no podemos seguir investigando, significa que ni siquiera puedo decir cuáles son los nombres de quiénes yo creo que podría ser o haberlo hecho, porque son personas fallecidas que nunca fueron interrogadas y que, por lo tanto, nunca fueron escuchadas”.
Descoordinación policial
Sobre el porqué no se consideró profundizar en esta hipótesis, la ministra Rivas entiende que se debió a problemas de coordinación, competencia y recelos entre ambas policías, así como entre los funcionarios venidos de Santiago y los que trabajaban en la zona.
“Tengo muy claro que lo que hubo aquí fue una cantidad insuperable de errores que provinieron de una falta de coordinación y de conocimientos. Carabineros con la Policía de Investigaciones se enfrentaron entre ellos para ver quién llegaba primero. Destruyeron sitios del suceso, destruyeron evidencia, porque cuando ellos toman los testigos los presionan y oprimen hasta destruirlos como testigos; generaron líneas de investigación total y absolutamente irracionales; lo que hacían unos era desconocido por los otros, cero coordinación”, acusó.
Rivas añadió que: “A su vez, quienes venían de Santiago tenían cero conocimiento de la realidad de la entretención en Concepción. Creo que los errores vinieron precisamente de no entender cómo se divertían los jóvenes en esta ciudad; qué significaba una fiesta electrónica; qué tipo de asistentes concurrían; qué tipo de drogas se utilizaban como entretención, y a qué fármacos acudían los jóvenes con esa misma finalidad, sin ser ni cocaína ni marihuana”.
Balance
La jueza Rivas –quien tomó la causa el 28 de julio de 2014– manifestó su decepción por no lograr el total esclarecimiento del caso, pese a las múltiples diligencias efectuadas.
“Siento una frustración grande porque precisamente yo esperaba encontrar la verdad completa”, dijo.
“Si bien podía no encontrar la justicia que quería la familia Matute, porque ellos querían procesamientos y eventualmente ahí chocábamos con una eventual prescripción, lo que yo esperaba era encontrar la verdad completa y decirle: a su hijo se lo llevó tal persona y le hizo esto”, confidenció.