El abogado de Chile, Ben Juratowitch, alegó el viernes en La Haya que los gobiernos chilenos después de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-89) usaron mero lenguaje diplomático para entenderse con Bolivia, con lo que descalificó el encuentro de Algarve, Portugal, en 2000 y, más aún, la Agenda de los 13 puntos que acordada por los presidentes Michelle Bachelet y Evo Morales en 2006.
“Chile recuperó su democracia en 1889” y los gobiernos democráticos que le sucedieron desde entonces, 29 años a la fecha, 7 incluidos los dobletes de Bachelet (2006 y 2010 y 2014-18) y Sebastián Piñera (2010-2014 y el que corre curso), fundaron otra época, principalmente en lo que refiere el relacionamiento con la cuestión marítima de Bolivia, dijo el letrado en un intento por separar las aguas en entre la dictadura y la democracia chilenas desde principios de los “70 a la fech.
Desde Patricio Aylwin, Eduardo Frey Ruiz Tagle, Ricardo Lagos, Bachelet y Piñera, los gobiernos de Chile “resolvieron no insistir en su pasado y privilegiar las relaciones de futuro para su país”, subrayó.
Juratowitch intentó convencer a los 15 magistrados de la CIJ que los actos de Estado del dictador Augusto Pinochet, que gobernó el país trasandino durante 18 años de manera absoluta, no entrañan legalidad y que la historia diplomática válida es aquella que sucede a la restauración de la democracia.
El jurista intentó plantar el concepto de que, por lo tanto, no vale, como argumento invocado por Bolivia en la CIJ, el planteamiento del chileno Pinochet de “canje territorial”, en las gestiones que coronaron con el abrazo de Charaña, con su par boliviano Hugo Banzer en junio de 1975.
La tesis de canje de territorios por mar recobró vigencia estos días aquí, en La Haya, y el excandidato presidencial chileno, Alejandro Guillier, la emplazó públicamente en declaraciones a la televisión chilena.
El jurista dijo, de refilón que el enfoque fresco de Montevideo, acuñado por los cancilleres de Bolivoia, Guillermo Bedregal, y de Chile, Jaime del Valle, no tiene el valor de compromiso como la parte boliviana le asignó en los alegatos de La Haya.
“Título grandilocuente respecto de una reunión de los dos ministros en Algarve”, apostrofó.
“Los ministros de exteriores decidieron elaborar una agenda que formalizaría en fases subsiguientes del diálogo el espíritu de contribuir al restablecimiento del clima de confianza que debe presidir ese diálogo” y nada más que eso, enfatizó.
Juratowitch subrayó que Chile empleó, ya restaurada la democracia chilena, en 1989, suerte de lenguaje formal diplomático, de uso extendido para escucharse con Bolivia, lo que no significa compromisos de Estado y menos entraña una obligación de sentarse a negociar, de buena fe, pronta y formalmente, una salida soberana boliviana al mar.
Entre Algarve (2000) y la Agenda de los 13 Puntos de 2006 y que gobernó el entendimiento boliviano chileno hasta 2011, cuando Piñera advierte que su país nada pendiente tenía con su contraparte, y menos una obligación a negociar, “Chile indicó que rechazaba una transferencia de su territorio con el fin de no dar falsas expectativas a Bolivia”, argumentó el letrado australiano.
En su alegato, Juratowitch dijo que de Aylwin en adelante “Chile se negaba a entablar negociación alguna que tuviera como objetivo el restablecimiento” de la calidad marítima que Bolivia perdió a manos de Chile tras la invasión de su territorio en 1879 por el ejército chileno.