En entrevista con el programa “Domingo a domingo, sin restricción” de Radio Nuevo Mundo, la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, se refirió a su nuevo nombramiento como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, donde detalló algunos de los principales desafíos de la instancia.
Entre ellos destacó como el más importante el insistir por el cambio de Carta Fundamental aunque reconoció que “no hay viabilidad legislativa”. Aseguró que son los movimientos sociales los que deben alzar la voz, ya que afirmó que de lo contrario “los abusos cotidianos hacia la gente seguirán”.
Además, habló del no cierre del penal Punta Peuco y tildó como “nefasto” e “inepto” al ex ministro de Justicia y Derechos Humanos Jaime Campos.
¿Cómo visualiza su presidencia en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento?
La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios es una de las más importantes, donde yo diría que el marco referente del quehacer en materia de derechos humanos es instalar en la columna vertebral del pacto de sociedad la garantía y la promoción de todos los derechos humanos (sociales, civiles, económicos, medioambientales, etc.), porque hoy con el marco constitucional que tenemos -la Constitución de Pinochet- muchos de los derechos sociales, económicos y culturales no están garantizados por el Estado, no obstante que hemos suscritos los principales pactos internacionales y tenemos la obligación.
Por lo tanto si no están garantizados y nosotros no avanzamos los abusos cotidianos hacia la gente seguirán.
Mucho se dice que la gente no le importa tener una nueva Constitución, y claro, si le preguntan a la gente en la calle si desean terminar con el control preventivo del Tribunal Constitucional, por supuesto que dirán que no les interesa, pero por ejemplo si le preguntas si es necesario terminar con los abusos de los cuales son víctimas desde que se levantan hasta que se acuestan, por supuesto que te dirán que sí y precisamente la actual Constitución es la que garantiza el abuso.
Por lo tanto, en materia de derechos humanos necesitamos recuperar la soberanía política, que ha sido en parte importante arrebatada, y la soberanía económica, porque precisamente por este marco constitucional, por ejemplo, no podemos recuperar los recursos naturales, lo que hace que vivamos sujetos a la exportación del cobre, que nos supeditemos a una elite rentista que está sentada sobre todos los recursos naturales que se privatizaron y en definitiva ser una economía atrasada.
La tarea en derechos humanos es enorme. Nos falta hablar del tema de los niños, de los recintos carcelarios, los derechos de la mujer, los derechos del adulto mayor; por señalar algunos.
¿Cómo transformamos la lucha por una nueva Constitución en una demanda más masiva?
Sabemos que hoy no hay viabilidad legislativa para un proyecto de esas características, pero es una demanda que tiene que instalarse en el espacio de los movimientos sociales, ellos son conscientes y tienen que estar, porque saben que, por ejemplo, aquí no se pueden terminar las Afp’s si no se cambia la Constitución, no es posible que el acceso a la salud sea de calidad para todos, tampoco es posible la gratuidad universal, es decir, no se pueden cambiar muchas cosas con la actual Carta Magna.
El espacio legislativo es un espacio de lucha, pero el más importante se da con los movimientos sociales, en el espacio donde el progresismo debe entender lo que ocurre y tenemos que abocarnos a fortalecerlo y a movilizarlo, pero para eso debemos entender qué ocurre en ese espacio que ha sido sujeto a una especie de ingeniería social por el modelo de desarrollo que se impuso en este país desde Pinochet y que fue administrado alegremente por la Concertación.
¿Qué le parece que este nuevo Gobierno ya haya anunciado que no le gusta el proyecto de nueva Constitución?
Esa fue una pachotada muy lamentable del ministro del Interior -Andrés Chadwick- de descartar el cambio constitucional, porque el debate constitucional inevitablemente se va a instalar. Lamento que el proceso constituyente con participación ciudadana no haya continuado en la agenda y no se haya profundizado.
Pero es inevitable que se instale el tema porque en cualquier comunidad la unidad política tiene que ser democrática y la unidad política la refleja la Constitución, es decir, es intolerable que se pretenda dar unidad política a un colectivo como se hizo, de forma autoritaria.
No se cerrará Punta Peuco y se persiste con los beneficios carcelarios para los represores ¿Cuál es su opinión al respecto?
Han pasado 40 años de impunidad, entonces, ahora recién después de 40 años que cometieron los crímenes tenemos una justicia relativa con los represores que obviamente ahora están viejos. Pero los crímenes de lesa humanidad son tan repugnantes para la conciencia de la humanidad que no son indultables, por lo tanto cuando el ministro de Justicia dice voy a ver caso a caso, la verdad es que no hay que ver caso a caso, porque estos crímenes no son objeto de indulto porque si no te pones al margen de las obligaciones internacionales que el Estado de Chile tiene.
Durante los últimos dos o tres años hemos estado viendo una campaña mediática y política para tratar de transformar a los genocidas (la mayor parte recién ingresada a Punta Peuco) en víctimas, donde ha participado mucha gente. A esa campaña se debió responder con el cierre de Punta Peuco durante el Gobierno de la Nueva Mayoría, cuestión que no se hizo, entonces no tiene nada de sorpresivo que este Gobierno de derecha no quiera cerrar el penal, lo sorpresivo y lamentable fue que no se haya hecho en el Gobierno anterior, que no haya existido voluntad política.
En relación a la actuación del ex ministro Campos por el no cierre de Punta Peuco no se descartó el realizar una acusación constitucional en su contra.
Jaime Campos fue un ministro nefasto, en materia de derechos humanos absolutamente inepto, un ministro capaz de decir o creer que era ministro de Justicia hasta el viernes a las cinco de la tarde.
Una acusación constitucional se tiene que basar en evidencias así que aparte del anuncio no estoy muy segura que se haga, porque el famoso decreto se evaporó en el aire y nunca nadie lo mostró, por tanto no estoy segura que haya méritos porque todo quedó en dimes y diretes.
¿Cómo ves la gestión de la Comisión de DDHH en la problemática de los de pueblos originarios donde hasta ahora el Estado ha tenido políticas deficientes?
Una vez más en este tema el Estado de Chile no cumple sus compromisos, aquí se trata del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, se trata de calificar al Estado de Chile como plurinacional y darle autodeterminación a los pueblos originarios; eso nunca se pone en el centro y esa es la discusión central. Aquí los parlamentarios deberán impulsar y poner en el centro la realidad de los problemas porque aquí todo se disfraza, se habla en un lenguaje que no corresponde a lo que ocurre.