El 15 de marzo del presente año el Congreso peruano aprobó, con 87 votos, a favor de la discusión, 15 votos en contra y 15 abstenciones, de un total de 117 congresales presentes, la posibilidad de tramitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczinski.
En el mes de diciembre último, en que se discutió sobre el tema, se habían obtenido 97 votos para tratar sobre este asunto. A diferencia de diciembre, esta vez el auto de acusación por incapacidad moral del gobernante fue presentado por un arco transversal de partidos políticos, pues el año anterior sólo lo hizo la izquierda, incluso, en la sesión de ayer el fujimorismo se presentó dividido a causa de un conflicto familiar entre los hermanos y el padre y la hija de la familia Fujimori – la mayoría de las abstenciones corresponden a los seguidores de Alberto Fujimori y de su hijo Kinji, y una de las abstenciones fue de un militante del Partido de Keiko Fujimori.
De mantenerse los 87 votos en la sesión decisiva de la vacancia se lograría el quórum exigido para la destitución del mandatario – bastaría que el gobierno se “comprara” a un congresal para que no prosperara -.
Es cierto que PPK que ahora el Presidente no puede recurrir a un arma poderosa, como antes el indulto de Fujimori, sin embargo, en un régimen presidencial el primer mandatario cuenta con muchos poderes que bien podría utilizar.
Desde el mes de diciembre pasado la situación política del Perú ha cambiado substancialmente: el indulto a Fujimori enfureció a la izquierda, por consiguiente, esta vez PPK no contará con el ridículo retiro de diez congresales que sé retiraron consiguiendo su salvación.
Las confesiones del representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, han logrado implicar a toda la casta política: el ex Presidente Alán García aparece recibiendo 200 mil dólares por vía del dirigente del APRA, Luis Alba; Keiko Fujimori fue cohechada por un millón 300 mil dólares, de manos de su jefe de campaña, Jaime Yohiyama y el abogado Jaime Bedoya; el ex Presidente Alejandro Celestino Toledo se llevó la suma de 25 millones de dólares; la pareja Ollanta Humala-Heredia, 3 millones de dólares; los más grave, el actual Presidente recibió de la embajadora de Perú en Londres, la suma de 300 mil dólares.
La situación del primer mandatario se ha complicado a causa de las declaraciones del asesor chileno, Gerardo Sepúlveda, quien sostiene que las dos empresas First Capital y West Capital pertenecían a Pedro Pablo Kuczinski, y que él, como funcionario, le enviaba las legítimas ganancias. Además, se descubrió, por parte de la Fiscalía, una serie de transferencias bancarias por pagos de servicios prestados por PPK a Odebrecht y a otras empresas cuando era ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo.
El Presidente aparece implicado, junto a Toledo, en los negociados de exportación del gas natural, llevado a cabo por la empresa estatal Transporte de Gas del Perú (TGP), que vendía a otros países el gas natural tres o cuatro veces más barato que para el consumo interno – constituía un regalo si comparamos su precio con el que Bolivia vende a Chile -.
En Presidente rindió declaración ante el Fiscal, pero se desconoce el tenor de su contenido debido al secreto del sumario. Próximamente se presentará ante los miembros de la Comisión Lava Jato, que se llevará e efecto en el Palacio presidencial. A este acto pueden acudir sólo los parlamentarios, pero con prohibición de portar celulares. Lo justo sería que esta sesión fuera filmada por el canal estatal de televisión con miras a la transparencia.
PPK no puede argüir – como lo hizo Louis XV, “después de mí, el diluvio”- ´yo o el caos´, pues el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, esta vez, no ha amenazado con la renuncia, por consiguiente, de aprobarse la vacancia, se cumpliría lo consignado en la Constitución, sin necesidad de convocar a elecciones generales; Vizcarra, luego de “su helado exilio en Canadá” pasaría a Presidente de de La República hasta completar el mandato. Se le acusa, quizás falsamente, de haber tenido conversaciones con Keiko Fujimori para asegurar su apoyo.
Es posible que, esta segunda vez, el lobista PPK logre zafar de la vacancia, lo que sería tan malo para la clase política peruana como si fuera vacado. En todo caso, el país vecino está paralizado por la corrupción de casi toda su casta política, y sólo falta que las confesiones de Barata se extienden a las candidaturas de los congresales que, que no verse enjuiciados, ataquen al poder judicial y terminen como los pobladores de “Fuente Ovejuna”: “¿Quién mató al Comendador? Fuente Ovejuna, Señor”.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
16/03/2018