Corregido y aumentado: como lo hizo en su primer gobierno, al terminar su mandato, contra viento y marea, aprueba la construcción de la termoeléctrica Campiche, para lo cual hubo de ser cambiado el uso del suelo, ahora, la señora presidente, da el visto bueno para entregar la concesión del litio a SOQUIMICH, hasta el año 2030.
Pero no sólo eso, envía un proyecto de Constitución al Congreso cuyo origen, tal como ella misma se refirió a la Constitución actual, es ilegítimo, pues, aunque ella quiera demostrar lo contrario, fue redactado entre cuatro paredes. Por lo demás, ella o sus asesores debieran saber que, en ninguna parte del mundo el poder constituyente radica en el Congreso, ya que este poder le pertenece al pueblo soberano, vía Asamblea Constituyente. El Congreso tiene la facultad para reformar artículos de la Constitución vigente, pero no para redactar una nueva. No puede ser juez y parte. Nuevamente le mintió a la ciudadanía, ya que había prometido que enviaría un proyecto de ley para cambiar un artículo de la actual Constitución, que permitiera llamar a un plebiscito y que el pueblo (la gente como se usa ahora), eligiera entre tres opciones para redactar un nueva Constitución. Prefirió enviar el texto de una Constitución a última hora, sabiendo que no tiene ninguna viabilidad, ni siquiera de ser discutida. ¡Qué gran legado!
Suma y sigue: envía un proyecto que reemplaza al CAE (Crédito con Aval del Estado), y que según las federaciones de estudiantes es “impresentable”, pues aunque se le haya cambiado el nombre por Nuevo Crédito Estatal para la Educación (Cepes), los estudiantes seguirán endeudándose.
Y sigamos: con la majadería propia del señor ministro de Relaciones Exteriores y, por supuesto, con la anuencia de la señora presidente, como dos auténticos vende patrias, se trabaja denodadamente para revivir el TPP que, especialmente para Chile que no produce prácticamente nada, excepto industria extractiva sin valor agregado, es tremendamente perjudicial, como lo han demostrado diversas organizaciones contrarias a los tratados de libre comercio, especialmente el TPP. Bueno, qué podemos pedir a dos personajes que han sido formados en Estados Unidos y, especialmente en el caso del señor Heraldo Muñoz, que se ha transformado en el recadero del Departamento de Estado. También, es necesario recordar que Michelle Bachelet, antes de entrar en las lides políticas, en 1997 cursó un diplomado en Estrategia Militar en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, cuyo plan de estudios incluye seminarios dictados en el propio Estados Unidos. También participó en un curso sobre defensa en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington. ¿Se podía esperar otra cosa del gobierno que termina?
Sin embargo, esto no nos debe extrañar, en efecto, desde el término “oficial” de la dictadura cívico-militar, hemos sido gobernados bajo los dictados del Departamento de Estado del imperio, empezando por el mismo término, cuyo acuerdo fue visado por el gobierno de Estados Unidos.
Dejando de lado las últimas “travesuras” de la señora presidente, y volviendo al título de esta nota, “Del CAE al PAE”, éste se refiere a que una vez “terminado” el Crédito con Aval del Estado y, analizando la situación del país, habremos de crear una nueva sigla: el PAE, Putrefacción con Aval del Estado.
Y decimos del Estado, porque sin exculpar al gobierno saliente, todos y cada uno de los poderes del Estado, han contribuido desde el término de la dictadura cívico-militar, a crear las condiciones en las que se encuentra el país en estos momentos.
Si bien los casos más bullados corresponden a la corrupción en las fuerzas armadas (milicogate) y en carabineros (pacogate), no debemos olvidar los casos de graves faltas a la probidad, que no han tenido la misma repercusión, fuera de los más emblemáticos, en las que se han visto involucrados una serie de políticos, pues en la mayoría de ellos, los fiscales han ofrecido un acuerdo sin llegar al juicio oral. El Ministerio Público se ha amparado en que el Servicio de Impuestos Internos no se ha querellado contra los infractores por boletas ideológicamente falsas, impidiendo a los fiscales continuar con la querella. Esta situación ha devenido en que la corrupción por el caso del financiamiento ilegal de la política, haya quedado en la más completa impunidad. Sin embargo, como lo ha explicado claramente el abogado de Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, estos hechos se refieren no sólo a delitos tributarios, ya que constituyen delitos de cohecho y soborno, mismos que deben ser encausados penalmente. Como lo hemos expresado en artículos anteriores, aunque sólo se tratara de delitos tributarios, es el Ministerio Público el que tiene la exclusividad de la dirección de las investigaciones penales. Copio un párrafo de una nota de nuestra autoría que se publicó en este medio con fecha 16 de abril de 2017, con el título “Chile y su Estado ilegal e ilegítimo, es cada día más inmoral”:
Lo que sorprende (¿todavía podemos sorprendernos los ciudadanos honestos de este país?), es la celeridad con que la Fiscalía Nacional, es decir, don Jorge Abbot, anunció que el Ministerio Público deberá archivar (dar carpetazo) o no perseverar en causas vinculadas al financiamiento irregular de la política. Esto, luego que el Servicio de Impuestos Internos desistiera de querellarse. La Fiscalía criticó la exclusividad del organismo para perseguir delitos tributarios, toda vez que “los delitos relacionados con la recaudación de recursos públicos son especialmente graves, pues atentan contra el interés de cada uno de los ciudadanos y del país en su conjunto. En esta perspectiva es que la fiscalía no puede dejar de insistir en que el ejercicio de la acción penal en materias de delitos tributarios, electorales y también de colusión, debiera estar en manos del Ministerio Público, pues es el órgano constitucional autónomo que tiene la exclusividad en la dirección de las investigaciones penales, lo que aseguraría la plena igualdad de las personas ante la ley”. (El subrayado es nuestro).
Señalábamos en esa nota, que si el señor Abbot está consciente de que la exclusividad en la dirección de las investigaciones penales radica en el Ministerio Público, ¿por qué no perseveró en las querellas?
Pero los casos descritos anteriormente, no son más que “detalles” comparados con la ignominia, la abyección, la bajeza, la vileza, la infamia, la ruindad en la que ha caído el gobierno con la Operación Huracán y la militarización de la región de la Araucanía con el objeto de criminalizar al pueblo mapuche. Y éste es el verdadero legado que tanto preocupa a la señora presidente. Sin embargo, no ha pronunciado ni media palabra sobre este grave suceso, protagonizado por una institución que depende directamente del gobierno como es Carabineros de Chile, “la reserva moral de la Patria”, ni menos tomado una drástica determinación como la situación lo amerita. Parece que esta vez ni siquiera se ha enterado por la prensa. Y ya que hablamos de la prensa, ¿le habrá contado alguno de sus asesores, que esta misma “prestigiosa” institución está dedicada a realizar burdas tareas de espionaje a periodistas de varios medios nacionales?
Podríamos seguir describiendo cada una de las acciones que han realizado los tres poderes del Estado a partir del término de la dictadura cívico-militar y que nos han llevado a la situación en que nos encontramos en estos días. Chile no es un Estado de Derecho, sino que es un país en un avanzado Estado de Putrefacción.
La solución no se augura nada fácil, pues de lo que se trata es de “extirpar de raíz el cáncer capitalista”. ¿Cómo?
Post scriptum: debido al cambio de gobierno, en la Cancillería sale un caracol (baboso y arrastrado)- y entra un camaleón (felón y trepador).