Miembros de organizaciones por el derecho a la vivienda digna y migrantes entregaron este lunes en La Moneda una carta dirigida a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en la cual las directivas de los comités 12 de Marzo, 7 de Abril, Ecuachilepe y Unión Progreso del Macrocampamento Balmaceda de Antofagasta, solicitan la intervención de la mandataria en representación de 60 familias amenazadas por una orden arbitraria e ilegal de desalojo de la Gobernación Provincial de Antofagasta.
En efecto, el 11 de enero de 2016 dicha Gobernación dictó la Resolución Exenta N° 50, ordenando el traslado de pobladores que desde el año 2008 han ido ocupando la zona alta de la ciudad de Antofagasta en busca de una solución habitacional ante la ausencia de recursos para acceder a otras alternativas. En dichos terrenos, de propiedad fiscal, reparticiones públicas y privados han apoyado la regularización sanitaria e instalación de medidores.
Por lo mismo, fue toda una sorpresa cuando de forma totalmente intempestiva los pobladores del macrocampamento tomaron conocimiento el pasado 12 de enero, mediante una carta informativa firmada por el Intendente Regional y la Gobernadora Provincial (S), que serían trasladados a un “barrio transitorio”, sin considerarse su parecer ni participación en la decisión adoptada y altamente gravitante para sus vidas, no obstante la existencia de comités vecinales y un importante nivel de organización que permite diálogos frente a diversos temas.
Más aún, fue recién con la carta de enero pasado que los pobladores supieron de la existencia de la referida resolución dictada dos años atrás, la que acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos debió ser objeto de una publicación en el Diario Oficial, lo que no ha ocurrido hasta la fecha. Lo anterior, además, no obstante no estar entre las atribuciones que la ley otorga a la Gobernación Provincial el deducir acciones de desalojo respecto de persona alguna, por lo cual la disposición no solo debería ser nula de acuerdo a la Constitución Política, sino también es arbitraria e ilegal.
Por ello, un grupo de 86 pobladores interpusieron un recurso en contra de la Resolución, en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la cual fue declarada admisible, siendo ahora la justicia la que tiene en sus manos el deber de pronunciarse sobre estos hechos.
