¡Nada más fatal para la democracia que la democracia que la judicialización de la política: los magistrados se entrometen en campos que no le corresponden y, generalmente, cometen muchos errores. Los políticos, por su parte, cuando se ven amenazados por la justicia se sienten maniatados en la función política.
El problema de Cataluña no tiene una solución inmediata: por una parte, la sociedad catalana, electoral y políticamente, está dividida en dos mitades irreconciliables, pues un 47% vota por diversos partidos independentistas, y la otra mitad sufraga por la aplicación del art. 155 de la Constitución, y se autoproclama como constitucionalista. Por otra parte, las elecciones últimas, del 21 de diciembre, no resolvieron el problema: el Partido Ciudadanos, liderado por Inés Arrimada, obtuvo el mayor número de votos, pero los independentistas lograron la mayoría absoluta, con 70 diputados, 2 más de los 68 necesarios para elegir presidente de la Generalitat.
En el sistema parlamentario, a quien le corresponde asumir la investidura es al líder del Partido de la mayoría, en este caso, a Carles Puigdemont, quien no puede ingresar a España sin ser apresado.
Mariano Rajoy, muy incapaz políticamente, ha entregado el problema de la escisión catalana a los tribunales de Justicia, que han aplicado penas de presidio a los principales líderes de los partidos independentistas, entre ellos, Uriol Junqueras, el más alto dirigente de la izquierda republicana catalana. A su vez, el juez del tribunal supremo Pablo LLarenas amenaza con prisión a Puigdemont y a los cuatro consejeros que se encuentran con él, en Bruselas.
El Parlamento de Cataluña eligió como su presidente al militante de la Izquierda Republicana Catalana (IRC) a Roger Torrent, quien se entrevistó, en Bruselas, con Carles Puigdemont. Torrent debía convocar, el martes 30 de enero reciente, a una sesión de investidura, en que el único candidato presentado por el presidente era el ex presidente Puigdement – como se sabe, actualmente en el exilio -. Al no haber condiciones para la investidura, Torrent suspendió la sesión, que se realizaría en fecha próxima.
Consultado el Tribunal Constitucional sobre el tema de la investidura declaró que no podía ser llevada a cabo telemáticamente desde Bélgica, y que Puigdemont debería ser autorizado por el juez de la causa para comparecer ante el parlamento.
Ese mismo martes 30 de enero, día de la investidura, el parlamento catalán estaba rodeado de guardias civiles ante el terror, según Rajoy, de que Puigdement pudiese ingresar a la sala disfrazado, según conjeturas, hasta de monja o fraile; a tanto llegó la paranoia que la policía revisó hasta los maletines de los autos de los diputados.
Hay que reconocer la habilidad de Puigdement para burlarse de los jueces, de Rajoy y de la Izquierda Republicana Catalana: durante las elecciones del 21 de diciembre supo vencer a Junqueras y, Así, dar mayoría a su Partido, Juntos por Cataluña; a su vez, ha logrado eliminar a sus rivales dentro su Partido, especialmente a su ex presidente, Artur Mas.
Los llamados constitucionalistas –adictos a la aplicación del art. 155 -, han presionado a Inés Arrimada para que se presente como candidata en reemplazo de Puigdemont, así no le den los números necesarios. Con razón, Arrimada se niega a la aventura.
El ambiente en Cataluña está tan tóxico que quien manda es el “general rumor” y el “santo temor” a veinte años de cárcel que podrían pesar contra cualquier diputado o dirigente político que se atreva a rebelarse contra los dictámenes de los jueces o de los tribunales “políticos judiciales”, como el TC.
Algunos Diarios y comentaristas han reproducido mensajes electrónicos entre Puigdemont y el consejero del ERC, Toni Comín, en los cuales Puigdemont acusa de haber sido traicionado por sus aliados y decide – por ahora – “tirar la toalla” de su nominación como presidente de la Generalitat. Otros, malévolamente, dicen que ya arrendó una lujosa residencia, de 4.500 Euros, en Waterloo. En definitiva, como la canción “…son rumores…”.
Los medios de comunicación pro aplicación del art. 155 se regocijan al describir el quiebre de los soberanistas. El diputado de la ERC, Joan Tardá, manifestó que, no resultar la investidura de Puigdement habría que buscar otro candidato que lo reemplazara; algo similar ha dicho, desde su reclusión, Oriol Junqueras. La líder de reemplazo es la ERC, Marta Rovira, no ha hecho ninguna declaración al respecto.
El presidente del parlamento catalán, por su parte, se niega a presentar cualquier candidato que no sea Puigdemont.
La situación está completamente bloqueada, y Rajoy amenaza con continuar con la aplicación del art. 155, disolver el parlamento recién electo y convocar a nuevas elecciones, que esta vez se realizarían en un plazo varios meses mayor que las anteriores.
Con un gobierno ocupado por la “virreina” Soraya, un parlamento disuelto y los dirigentes independentistas condenados a penas de 20 años de prisión, sumado al exilio de su presidente, el panorama futuro se presenta catastrófico para Cataluña, y España se seguirá convirtiendo en un hazmerreír de Europa.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
02/02/2018