El 25 de enero pasado en un diario de circulación nacional se publicó la noticia titulada “Sofofa presenta agenda a la Corte Suprema para agilizar inversión” (?), en la cual se dio cuenta de la reunión sostenida por Bernardo Larraín, presidente de esa asociación gremial empresarial, con Haroldo Brito, presidente del máximo tribunal en las oficinas de este último.
Según ese medio de prensa, ambos personeros abordaron la situación de las evaluaciones ambientales pues, en palabras del actor privado, era muy preocupante que muchos proyectos de inversión, por diversos tipos de objeciones, llegaban hasta la Corte Suprema y que para evitar esa indeseable situación era necesario modificar la normativa para que exista una etapa temprana de análisis en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Aunque en esa nota periodística no se reprodujeron las opiniones del magistrado Brito, sino tan solo las interesadas vertidas por el influyente empresario, queda claro que el mandamás de la Sofofa se equivocó de interlocutor ya que la Justicia, un Poder independiente del Estado, solo aplica la ley vigente la que es aprobada por los parlamentarios a instancias de los gobiernos y grupos de poder.
Si Larraín desea que las tramitaciones ambientales en Chile sean más apresuradas, debe relacionarse con quienes ejercen cargos de ministros, algunos de los cuales ocupan oficinas en el Palacio de La Moneda o con los diputados y senadores que manejan a sus pares, pero en ningún caso con la máxima autoridad del Poder Judicial y en tal sentido debemos entender que ante la solicitud de entrevista formulada, conforme a la Ley de Transparencia, por el empresario de marras al presidente de la Corte Suprema, éste accedió a recibirlo solo por cortesía y buena educación.
Ya que por parte del sector empresarial, ven con malos ojos que los conflictos se resuelvan en la Corte Suprema, acorde a lo señalado anteriormente, llama profundamente la atención que los grandes comerciantes, básicamente los del retail, estén tan contentos con el fallo del Tribunal Constitucional que impidió entregarle herramientas al Sernac para que ejerciera su labor en defensa de los consumidores, argumentado que ese servicio del Estado no podía ser juez y parte, señalando que solo los tribunales de justicia están habilitados para resolver las controversias derivadas de las transacciones comerciales.
En esta línea los inversionistas inmobiliarios también se quejan cuando las comunidades, al detectar ilegalidades en proyectos de edificación, interponen recursos ante los tribunales, los que siempre llegan a la Corte Suprema, instancia que emite fallos conforme a derecho, es decir, anulando los actos administrativos viciados otorgados por los obsecuentes Directores de Obras Municipales de turno.
Para tergiversar la situación en comento, según una publicación del 12 de enero pasado de ese mismo medio de prensa, un gremio de la construcción, exactamente la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), en un seminario organizado por una consultora tributaria, instauró la palabra “Banana” que en inglés significa “Build absolutely nothing anywhere near anything”, traducido al castellano “Construir absolutamente nada en cualquier lugar cerca de cualquier cosa”, solamente con el propósito de desperfilar a los movimientos ciudadanos que luchan contra la corrupción en el sector en donde ellos de desenvuelven.
Estos empresarios también están en contra de que los permisos de edificación mal otorgados lleguen a conocimiento de los tribunales de justicia con el argumento embaucador de que, por el simple y solo hecho de que exista un permiso municipal, se da por entendido de que ese acto otorga un derecho adquirido, aunque sea contrario a las leyes y reglamentaciones sectoriales.
Pero afortunadamente ese falaz intento tramposo ha sido desautorizado en días recientes por el propio presidente de la Cámara Chilena de la Constricción (CCHC) quien, suponemos por la existencia de los obscenos guetos verticales ilegales en la comuna de Estación Central, ha expresado sin lugar a interpretaciones que “las empresas inmobiliarias -parte central de nuestro gremio- tienen que preocuparse de dar plenas garantías de que todas sus acciones se apegan estrictamente a la legalidad vigente”. Aunque tarde, felicitamos a este dirigente gremial empresarial quien está rayando la cancha para que sus asociados terminen con los acomodos y errores involuntarios dirigidos a obtener ventajas indebidas en el mercado.
Terminamos relatando un chiste propalado en el Diario Financiero del 25/01/18 por el arquitecto Fernando Marín, quien es entrevistado como vice presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, solo para que dijera lo que ese medio de prensa quería escuchar ello con el propósito de divulgar sus expresiones a sus cándidos lectores.
Esta persona que se presenta como experto en la materia, cuando la periodista le pregunta sobre los guetos verticales en Estación Central, contesta sin pudor alguno algo así como “No creo posible el desalojo de los edificios de Estación Central. Ni siquiera me pondría en ese escenario ya que no tiene lógica legal ni nada. Esos son edificios que se construyeron dentro del marco regulatorio válido y vigente en su minuto. Aquí no hay ninguna ilegalidad”. (sic). Parece entonces que esta persona desconoce los 2 dictámenes de diciembre de 2017 de la Contraloría en los cuales estableció la ilegalidad de 71 permisos de edificación de estos guetos verticales.
El otro chiste es lo que desea hacer el gobierno, coludido con el Congreso Nacional, vía una ley que curiosamente llaman de transparencia en el suelo. En efecto, a través de la incorporación de una indicación de última hora se desea blanquear, vulgar perdonazo, a una seguidilla de permisos de edificación ilegales en diferentes comunas, materia que ya hemos dado a conocer en este medio y en otros digitales.
En resumen : 1.- estamos seguros que el próximo gobierno, bajo la conducción del nuevo ministro de Economía, simplificará la tramitación ambiental de los proyectos que deben someterse al SEIA, lo que dejará muy tranquilo no solo al presidente de la Sofofa sino también a todos los titulares de proyectos de alto impacto. 2.- no podemos perder de vista que los proyectos inmobiliarios ilegales en Estación Central, si se llega a aplicar la ley sectorial, deberían demolerse, lo que en la práctica será difícil por variadas razones y 3.- como el blanqueo de permisos de edificación contrarios a derecho está radicado en el Tribunal Constitucional, con motivo de un “téngase presente” interpuesto el 24/01/18 por la fundación Defendamos la Ciudad, debemos suponer que esta instancia de superior jerarquía ordenará la casa.