Los niveles de pobreza y pobreza extrema aumentaron en América Latina como promedio regional en 2015 y 2016, después de más de una década de reducción en la mayoría de los países, mientras que en 2017 se mantendrían estables.
Así lo informó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) al presentar en ciudad de México el Panorama Social de América Latina 2017 por la Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena.
El Informe sostiene que en 2014, 28,5% de la población de la región se encontraba en situación de pobreza (168 millones de personas), porcentaje que aumentó a 29,8% en 2015 (178 millones) y a 30,7% en 2016 (186 millones de personas). La pobreza extrema, en tanto, pasó del 8,2% en 2014 (48 millones de personas) al 10% en 2016 (61 millones de personas).
Pese a estas cifras, una perspectiva de mediano plazo arroja un balance positivo en materia de reducción de la pobreza, ya que esta se redujo 15,2 puntos porcentuales entre 2002 y 2016, plantea el informe
La desigualdad de ingresos también se redujo entre 2002 y 2016, aunque el ritmo de caída ha disminuido en los últimos años. El coeficiente de Gini (donde 0 representa ausencia de desigualdad y 1 desigualdad máxima) pasó de 0,538 en 2002 a 0,467 en 2016.
Alicia Bácena sostuvo que “la experiencia reciente nos indica que el aumento de los ingresos en los hogares de menores recursos ha sido imprescindible para la reducción tanto de la pobreza como de la desigualdad de ingresos. Y a ese crecimiento han contribuido decisivamente las políticas distributivas y redistributivas de los países, como reformas tributarias, salarios mínimos, pensiones y transferencias vinculadas a las estrategias de reducción de la pobreza y a la expansión de los sistemas de protección social”.
Por ello, “el llamado es a fortalecer las políticas laborales y de protección social, más aún en períodos de bajo crecimiento económico, y a implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a partir de un cambio estructural progresivo”, añadió la alta funcionaria de las Naciones Unidas, quien aclaró que, debido a la actualización de la metodología para estimar la pobreza por ingresos en la región, los valores incluidos en el informe actualizan los presentados en ediciones anteriores desde 2002 a la fecha para contar, como es tradición de la CEPAL, con un examen comparable del fenómeno en el largo plazo, añadió la Secretaria Ejecutiva.
El próximo año, se publicará un informe detallado de dicha metodología y las cifras por país una vez concluidas las consultas técnicas con ellos.
El Panorama Social 2017 muestra que la incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema es más elevada entre niños y niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y la población que reside en áreas rurales.
En 2016, la pobreza afectaba al 46,7% de los niños y adolescentes entre 0 y 14 años y la extrema pobreza al 17%. En el caso de los jóvenes de 15 a 29 años esas cifras eran de 31,1% y 9,5%, respectivamente.
El informe publicado por la CEPAL también analiza la evolución y los desafíos de los sistemas de pensiones, que son fundamentales para la garantía de los derechos a la seguridad social y a la protección social de la región en un contexto de cambios demográficos acelerados.
Se estima que en 2040 las personas de 60 años y más superarán a las de 0 a 14, y que la población de 80 años y más aumentará casi 20 millones para esa fecha. También se observa una tendencia a la feminización de la población adulta mayor.
Según el documento, entre 2000 y 2014 se amplió la base contributiva de los sistemas de pensiones en América Latina: el porcentaje de la población económicamente activa que cotiza en un sistema de pensiones pasó de 36,9% a 47,8%.
Esto equivale a la incorporación de casi 60 millones de personas a los sistemas contributivos y está asociado a la evolución positiva de los mercados laborales en el período (especialmente a la disminución del desempleo y el aumento de los niveles de ocupación, formalización e ingresos laborales), así como a la implementación de estrategias para ampliar la cobertura de los sistemas de previsión social en algunos países.
Pese a ello, se estima que 142 millones de personas económicamente activas aún no están cubiertas. La proporción de trabajadores que continúa desprotegida es más elevada en las zonas rurales, entre las personas con menos escolaridad y en los sectores de menor productividad.
Entre 2002 y 2015 el porcentaje de la población de América Latina de 65 años y más que recibía algún tipo de pensión (tanto contributiva como no contributiva) también aumentó, pasando del 53,6% al 70,8%.
La cobertura creció considerablemente en el grupo de menores ingresos (30 puntos porcentuales) y en las áreas rurales (33 puntos porcentuales), lo que se explica principalmente por la expansión de las pensiones no contributivas, cuya cobertura entre el 2000 y 2015 aumentó en 20 puntos porcentuales.
Pese a ese avance, 29% de la población de 65 años y más no recibía ningún tipo de pensión en 2015.
Además, persisten grandes desafíos relacionados a la suficiencia de las prestaciones recibidas. Aunque el monto promedio de las pensiones aumentó a una tasa promedio anual de 2,1% entre 2002 y 2015, en este último año el 36% de los perceptores de pensiones recibía montos iguales o inferiores a dos líneas de pobreza, alerta el organismo.
En casi todos los países, las mujeres en edad de retiro tienen menores niveles de cobertura en los sistemas de pensiones, y las brechas de montos en las prestaciones que reciben superan los 20 puntos porcentuales en 10 de 17 países analizados, pudiendo alcanzar los 40 puntos porcentuales.
“El diseño de los sistemas de pensiones es clave para la igualdad de género”, plantea el organismo regional, considerando que actualmente más de la mitad de las mujeres latinoamericanas ocupadas está en sectores de baja productividad y de ellas solamente 1 de cada 5 están afiliadas o cotizan.
De acuerdo con el estudio, 11 países de América Latina realizaron reformas estructurales a los sistemas de pensiones entre 1981 y 2008. El resultado fue la creación de cuatro modelos, que sustituyeron o complementaron el tradicional sistema de reparto a través de la capitalización individual.
En tanto, las 14 reformas paramétricas y 3 reformas estructurales implementadas entre 2008 y 2017 evidencian una nueva tendencia, con un denominador común: avanzan en el desarrollo de mecanismos de solidaridad y, en la mayoría de ellas, aumenta la participación del Estado, tanto en la administración como en el financiamiento de los sistemas. El mayor desafío, indica la CEPAL, es equilibrar una cobertura adecuada, la suficiencia en las prestaciones y la sostenibilidad financiera.
El estudio concluye afirmando que la consolidación de sistemas de pensiones universales, solidarios y sostenibles es un objetivo posible y necesario en un pacto social para el desarrollo con igualdad.