José Manuel Maza (Madrid 23 de octubre de 1951-Buenos Aires 18 de noviembre de 2017), fiscal General del Estado, falleció ayer en un hospital de Buenos Aires como resultado de una infección renal grave.
Maza fue ingresado el pasado viernes, día 17 de noviembre, por la noche, en la UCi de un hospital de la capital argentina, donde se encontraba para participar en la XXV asamblea general ordinaria de la Asociación Latinoamericana de Ministerios Públicos, integrada por procuradores y fiscales generales de 21 países de lenguas española y portuguesa.
Nada más llegar a la capital argentina, adónde había acudido en compañía de su mujer y de la fiscal de Cooperación Internacional Rosana Morán, el pasado martes, día 14 de noviembre, la víspera de las jornadas fiscales de los días 15 y 16, el fiscal General del Estado comenzó experimentar una fiebre muy elevada. Los médicos que le examinaron en el hotel recomendaron su ingreso en la UCI la tarde del pasado viernes.
Su esposa, en un mensaje verbal grabado la tarde de este sábado para sus colegas de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal, les señaló que se preparasen para lo peor. Fuentes consultadas en Buenos Aires y en Madrid apuntaron que Maza estaba en coma desde el viernes por la noche y que su riñón ya no funcionaba.
El pasado año Maza había tenido que pedir la baja por enfermedad en la Sala Segunda a raíz de un desprendimiento de retina. Pero fuera de este incidente no se le conocían otros achaques.
Maza, por otra parte, no era un hombre que experimentara tensión o situación de estrés. “Al contrario, siempre conservaba la tranquilidad y el equilibrio, con gran capacidad para mantener la tensión a raya. Aun cuando pasara por situaciones difíciles, no le veías nunca nervioso”, dijo una fuente que le trató durante muchos años.
Maza ejerció la abogacía antes de ingresar en la carrera judicial en 1975. Trabajó para Renfe algún tiempo en la presentación de demandas contra pasajeros que burlaban la ley al viajar sin billete.
En la carrera judicial empezó como juez de distrito, lo que le permitió superar una oposición con menores exigencias que las de otras categorías.
Era segoviano “militante”, y en esa ciudad seguía viviendo con su mujer, Marta, después de ser nombrado fiscal general del Estado y abandonar su puesto de magistrado de la Sala Segunda del Supremo. Veinte minutos en tren AVE le permitieron seguir disfrutando de Segovia.
Maza obtuvo la licenciatura de Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1973. Le quedó un sueño pendiente: el doctorado. Con 33 años de juez y 15 en la Sala Segunda del Tribunal Supremo -la cúspide del derecho penal-, Maza presentó el pasado mes de julio su tesis doctoral en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma.
Los cinco examinadores tenían ante sí no solo al juez sino, ahora, en julio, a un aspirante que llevaba solo algunos meses en el cargo de fiscal General del Estado. Le dieron al hombre del sombrero Panamá primero el sobresaliente y enseguida, por unanimidad, la calificación de cum laude.
Llegó Maza al Tribunal Supremo en 2002 para cubrir la vacante de un magistrado, gran amigo e influyente, Adolfo Prego, que había sido nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del Partido Popular. Ambos coincidían también en otro oficio: el de segovianos.
Fue así que, desde el CGPJ, Prego apoyó el nombramiento de Maza en el Supremo. No solo éso, sinó que la amistad perdurable con Prego le depararía, mientras concebía un próximo retiro, la sorpresa de su vida, el broche de oro a su carrera: la fiscalía General del Estado.
Prego, ahora abogado de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, en sus litigios con el extesorero del partido, Luis Bárcenas, vio con ojo clínico que Consuelo Madrigal podía ser apartada de la mirada benevolente del ministro Rafael Catalá, en noviembre de 2016, cuando todo estaba dispuesto para que volviera a ser la fiscal general del Estado de la nueva legislatura de Mariano Rajoy.
Catalá se lo había prometido, pero en veinticuatro horas, un día de noviembre de 2016, el ministro cambió de criterio. Fue Prego, según fuentes fidedignas, quien le sugirió la visión: “No vuelvas a repetir, Rafa, el error de Alberto Ruiz-Gallardón. No nombres a nadie de la carrera fiscal. Haz lo que el PSOE, que nombró a Cándido Conde-Pumpido, elige a alguien del Supremo”.
Pero, ¿quién? Porque Manuel Marchena, el actual presidente de la Sala Segunda del Supremo, había rechazado la oferta. Los otros candidatos -Fernando Grande-Marlaska, ex presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y ahora miembro de la Comisión Permanente del CGPJ- no logró, pese a sus esfuerzos, campaña con libro mediante, seducir a Catalá.
“Yo tengo la persona”, aseguró Prego: José Manuel Maza.
Catalá, pues, canceló su promesa a Madrigal. Y Maza fue fiscal general del Estado.
Esa característica de control y mantenimiento de la tranquilidad la ejerció Maza con el nombramiento de Manuel Moix como fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción.
En el Consejo Fiscal, órgano asesor del fiscal general del Estado, los fiscales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) le advirtieron que Moix sería una mala apuesta. Porque su nombre aparecía en boca del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, investigado por corrupción en la llamada Operación Lezo. González explicaba a su amigo el ex ministro Eduardo Zaplana, en noviembre de 2016, que esperaba el nombramiento de Moix para ocupar la vacante abierta con la jubilación, tras doce años de ejercicio de la función, de Antonio Salinas como fiscal jefe Anticorrupción. La conversación había sido interceptada por la Guardia Civil con autorización del juez a cargo de la investigación en aquellos días, Alejandro Abascal, juez de apoyo en el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirigía entonces el juez Eloy Velasco.
Maza explicó a sus colegas de la UPF que esa grabación no suponía ningún menoscabo para Moix y que seguiría adelante con el nombramiento. Lo hizo a consciencia. Sin perder la calma. El fiscal general del Estado ya conocía la transcripción de las grabaciones de las que le hablaban. No le habían desvelado nada que no supiera.
Y cuando Moix -después de entrar como elefante en cacharrería para controlar y poner orden en la Fiscalía Anticorrupción intentando apartar, sin éxito, a uno de los dos fiscales, Carlos Yañez, a cargo de la Operación Lezo- cayó al abismo por su participación en una empresa registrada en Panamá, el fiscal general del Estado puso la guinda. Explicó Maza que había intentado persuadir a Moix de que siguiera en su puesto, pero que el fiscal jefe Anticorrupción dimitía a pesar de esos esfuerzos.
Cataluña, pues, podía convertirse en las aguas del Jordán del error de nombrar a Moix y haberlo defendido hasta el último minuto.
Maza hizo elaborar en su secretaría técnica las querellas contra el Govern y contra la Mesa del Parlament y con una mano se las extendió al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Romero de Tejada, para que hiciera lo mínimo: elevarlas.
Y con la otra mano, dio orden a Romero de Tejada para que citara a más de 700 alcaldes bajo amenaza de conducirles por la fuerza si se negaban a acudir al TSJC.
Maza comenzó a exponer en público, para preocupación incluso del ministro de Justicia que le había nombrado, que Puigdemont podría ingresar en prisión por el delito de malversación. Y, finalmente, cuando el 155 y la declaración de independencia se abrían paso, solicitó a su secretaría técnica la elaboración de una querella por el delito de rebelión contra los 14 miembros del Govern a la espera del momento. Fue la querella más publicitada de la historia de la Fiscalía General del Estado.
Esa querella, tras la aplicación del articulo 155, se convirtieron en dos, una contra los aforados de la Mesa del Parlament, con Carme Forcadell a la cabeza, y otra contra Puigdemont y los 13 miembros del Govern.
Maza no pudo con Puigdemont. El president de la Generalitat se fugó con otros cuatro ex consejeros a Bruselas para pleitear contra la prisión que consideraba inminente y cuya profecía se cumplió cuando a petición de Maza y sus hombres de la Fiscalía de la Audiencia Nacional –Jesús Alonso y Miguel Ángel Carballo- solicitaron a la jueza Carmen Lamela prisión incondicional para 8 consejeros. Antes los fiscales habían conseguido enviar a prisión a los presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Aunque ahora los discursos y elegías lloverán, la conducta de Maza en relación a Cataluña había provocado cierta desconexión entre el fiscal general del Estado y el ministro Catalá, quien le reprochó, ‘sotto voce’, su exceso de independencia y criterio personalista en la gestión de las querellas y las solicitudes de prisión.
Catalá tendrá que proceder ahora a nombrar a un nuevo fiscal general del Estado en un momento clave. El magistrado Pablo Llarena se apresta, a finales de noviembre, a hacerse cargo de la causa sobre rebelión y sedición que instruye la jueza Lamela en la Audiencia Nacional, una decisión que llevará a revisar si mantiene o no, en función de las declaraciones que realicen los ocho ex consejeros y los Jordis, la prisión incondicional en el umbral de la campaña electoral del 21-D.