Los distintos gobiernos de la transición han levantado como éxito las políticas públicas propias del modelo neoliberal. Tal como han destacado la disminución de la pobreza, que ha pasado desde en torno al 38 por ciento al inicio de la posdictadura a poco más de un 11 por ciento en la actualidad, la disminución del déficit de vivienda también se relaciona desde el establishment político con el éxito de programas afines.
La política habitacional basada en subsidios a la demanda es caso y paradigma. Por medio de los aportes públicos, los sectores más vulnerables pueden ingresar al mercado y optar por uno de sus productos. Finalmente, son subsidios destinados a las constructoras e inmobiliarias, que tienen entre la población económicamente más debilitada un espacio de negocios. Este modelo, inaugurado hacia finales del los años 70 como una activa herramienta del Estado neoliberal subsidiario, está vigente hasta el día de hoy. Aproximadamente dos de cada tres viviendas que se construyen en Chile están subvencionadas por el Estado.
Mediante estas políticas la reducción del déficit de viviendas ha tenido una tendencia muy similar a la disminución de la pobreza. Cifras oficiales estiman que el déficit habitacional pasó desde más de un treinta por ciento en 1990 a menos del diez por ciento en 2010.
Pese a la primera calificación de exitoso en las grandes cifras, este proceso esconde enormes distorsiones, de las cuales la precariedad y desigualdad son las más visibles. El mercado reproduce en el espacio urbano las mismas contradicciones que en todas las otras áreas.
Una ciudad segregada, con Santiago como principal ejemplo aun cuando no el único, con barrios para el uno por ciento más rico, conectados mediante una red de autopistas, en tanto en las periferias se levantan viviendas para los quintiles más pobres de la población, es la mejor representación como imagen visual de la desigualdad que cruza la sociedad chilena.
LIMITES DE LAS POLITICAS NEOLIBERALES
Sectores como Alto Hospicio, en Iquique, o Los Bajos de Mena, en Santiago, son algunos de los diversos ejemplos de las políticas neoliberales. Hacinamiento, edificaciones uniformes, carencia de infraestructura y equipamiento, conectividad y transporte ineficiente más estigmatización y violencia, son algunas de las consecuencias de los planes impulsados por los diferentes gobiernos de la transición.
Se trata de barrios social y funcionalmente homogéneos, con viviendas de baja calidad, bajos niveles de equipamiento y conectividad, junto a otra diversidad de carencias. La búsqueda por parte del Estado de suelos baratos para dar una solución habitacional a los más pobres genera una realidad circular, que aumenta las desigualdades, la lejanía con el resto de la ciudad y la inclusión social. Es una forma de marginación que limita las oportunidades de desarrollo de los habitantes de estas áreas urbanas.
A este problema, que tiene hoy sus manifestaciones más duras en la creciente violencia, la delincuencia y el narcotráfico, se suma otro fenómeno que parecía erradicado desde hace décadas. Durante los últimos años ha habido un sensible aumento de las personas sin casa, que instalan campamentos generalmente en lugares públicos. Son precarias viviendas que crecen pese a la disminución de las estadísticas oficiales de pobreza.
Un catastro realizado en 2016 por la organización Techo para Chile detectó que el número de campamentos no ha dejado de aumentar desde las primeras mediciones a inicios de la década. Sobre la base de estos estudios, más de cien mil personas viven en esta condición invisible por años, al no aparecer ni en la encuesta Casen. “Los campamentos pueden ser significados como una agrupación de privaciones excluidas del resto de nuestra sociedad. Es un espacio que cumple con una función receptora de quienes no tienen otra alternativa debido a que han sido expulsados por sus carencias. En este sentido, los campamentos son reflejo de las profundas desigualdades que existen en Chile y un claro ejemplo de la vulneración a los derechos básicos”, reseña el informe.
CRECIMIENTO EXPLOSIVO
EN ANTOFAGASTA
En 2016 había 38.770 familias viviendo en campamentos en el país, un aumento del 40 por ciento respecto de la última medición de 2011. Esta mirada general en el detalle ofrece cifras locales dramáticas, como el aumento de los campamentos en Antofagasta en más de un 400 por ciento en apenas cinco años. Un fenómeno que se reproduce en varias otras regiones del norte del país, como en Atacama, con un crecimiento del 130 por ciento, o en Tarapacá, con más de un cien por ciento. En número de personas, los mayores volúmenes están en Valparaíso y Viña del Mar, con más de diez mil familias, Bío Bío, con 7.510 familias, y Santiago, con 4.337 familias en 81 campamentos.
El informe de Techo para Chile considera algunos puntos clave que es necesario destacar. De partida, los campamentos no pueden ser entendidos como un hecho aislado. No pueden ser reducidos meramente a un producto, sino que se debe tomar en cuenta todo el proceso que configura la vida en campamentos.
En segundo lugar, los asentamientos precarios son resultado de un proceso determinado por la vulnerabilidad y la pobreza multidimensional, en el cual las personas y familias antes de llegar a habitar a un asentamiento, se encuentran en un contexto de riesgo. Por último, los campamentos pueden ser significados como una agrupación de personas con privaciones, excluidas de nuestra sociedad. Es un espacio que cumple con una función receptora de quienes no tienen otra alternativa de vida debido a que han sido expulsados por sus carencias.
Aunque Chile tiene una de las políticas de vivienda social “más eficaces de América y, probablemente, del mundo”, afirma el informe, “el ritmo de solución al déficit habitacional no está siendo suficiente. Si no ingresara ninguna familia nueva a los campamentos, demoraríamos más de 38 años en suprimir esta realidad. Creemos que es importante innovar en soluciones que se hagan cargo de las demandas por mejor acceso a la ciudad y se asuman fenómenos nuevos, tales como la migración, no sólo de los extranjeros, sino que también la migración interna por motivos laborales”.
Respecto a los migrantes mencionados en el informe, un estudio de la Fundación para la Superación de la Pobreza reveló que más de la mitad de las personas que viven en los campamentos de Antofagasta son inmigrantes.
Aun cuando los grandes números son base argumental para afirmar que la tendencia a la reducción histórica del déficit habitacional ha avanzado de forma paralela a la disminución de la pobreza en Chile, los campamentos pondrían en duda esta conclusión. La reducción de la pobreza y la política de vivienda aparentemente no explican el aumento sostenido de los campamentos durante la última década y su explosivo incremento durante los últimos años.
SALARIOS Y POBREZA
Otros estudios independientes escudriñan de forma más aguda el problema de la pobreza y su relación con los bajos salarios. El informe de la Fundación Sol, Los verdaderos sueldos en Chile, de agosto pasado, no sólo confirma las brechas de desigualdad de ingresos, sino también los bajos salarios promedio: el 50 por ciento de los trabajadores chilenos gana menos de 350 mil pesos y siete de cada diez trabajadores menos de 500 mil líquidos.
En noviembre del año pasado, constata el informe, la línea de la pobreza por ingresos en Chile para un hogar promedio de cuatro personas, era de 410.684 pesos. “Si consideramos sólo a los asalariados del sector privado que trabajan jornada completa, el 50 por ciento gana menos de 399.790 pesos, esto quiere decir que ni siquiera podrían sacar a su grupo familiar de la pobreza”. Otros registros apuntan aún a peores condiciones laborales: de los 700 mil subempleados que existen en el país, la mitad gana menos de 120.200 pesos, en tanto del millón de asalariados sin contrato de trabajo el 70 por ciento percibe menos de 300 mil.
Otro informe de la misma Fundación Sol sobre la calidad del empleo ofrece cifras complementarias. Los bajos salarios están acompañados de una extrema fragilidad y precariedad laboral. Desde 2010 en adelante los empleos han aumentado en 1.332.040 personas, de las cuales solo el 27 por ciento corresponde a asalariados contratados directamente, un 36 por ciento a trabajadores por cuenta propia y un 32,8 por ciento de asalariados externos. Sobre estas cifras, afirma el documento, se puede plantear que el 69,3 por ciento de la variación del empleo del periodo medido corresponde a empleos con alta probabilidad de ser precarios y desprotegidos.
La tendencia se ha acentuado con el paso de los años. Desde el año pasado a la fecha, aun cuando las estadísticas de desempleo se mantengan más o menos estables en torno al seis por ciento, es posible observar un deterioro. La creación de trabajos asalariados disminuye y aumentan las labores por cuenta propia, muchas de ellas como ventas en las calles o en el transporte colectivo. Según el INE, durante el trimestre julio, agosto y septiembre, aunque la tasa de ocupación creció poco más del dos por ciento, el empleo asalariado aumentó sólo 0,7 por ciento, en tanto los trabajadores por cuenta propia un 6,6 por ciento.
La encuesta Micro Emprendimiento, realizada en 2015 por el Ministerio de Economía, revela que de cada diez trabajadores por cuenta propia seis laboran en la informalidad. Al segmentar estos datos nos acercamos al Chile real de la subsistencia, expresado en las estadísticas salariales. Casi la mitad de los trabajos por cuenta propia se realizan en los hogares sin una instalación especial, muchos de ellos (23 por ciento) trabaja en el hogar del cliente y un 20 por ciento lo hace en la calle.
Esta precariedad, expresada en campamentos en alza y en las menguadas estadísticas laborales, tendría también su correlato en cifras de pobreza complementarias a las oficiales que marcan una permanente reducción desde 1990 a la fecha. Otro estudio de la Fundación Sol, titulado Pobreza y fragilidad del modelo, establece que al no considerar los subsidios del Estado, la pobreza pasa del 11,7 por ciento al 15,8. Si en este ejercicio estadístico no se consideran ni los subsidios ni el alquiler imputado, el nivel de pobreza sube a casi un 27 por ciento. Tres de cada diez chilenos en situación de pobreza.
El trabajo estadístico permite ahondar más este análisis. El informe de la Fundación Sol reemplaza la Canasta Básica de Alimentos por la Canasta Alimentaria de Calidad (CAC) del Ministerio de Salud y el resultado es sorprendente: al considerar los ingresos autónomos de las personas más la CAC, la población bajo la línea de pobreza asciende al 41,6 por ciento, o a 7,3 millones de personas.
PAUL WALDER