Ser pobre en Chile es equivalente a convertirse en un “desechable”: si no se cuenta con el dinero básico al menos, es más posible que la muerte – esa asquerosa vieja – llegue, incluso, en la víspera.
Ser pobre equivale a ser condenado a la cárcel, a andar pateando piedras en las calles o, como último recurso de procurarse el sustento diario, recurrir al robo, es decir, que el pobre podría estar condenado a la adicción, por ejemplo, de la pasta base, a la marginación permanente o, cuando ya las fuerzas se terminen, caer en un “tanatorio” o especie de hospital para indigentes.
El Chile, que adora el dinero por sobre todas las personas y cosas, el país de la miserable y arribista clase media emergente, cuyo único norte es repletar los malls – verdadero culto al dios Mamón que, seguramente, votará por el candidato millonario y metalizado en extremo, Sebastián Piñera – no puede soportar la convivencia con los pobres, con los inmigrantes – sobre todo si son haitianos – con los mapuches, los niños marginados y, muchas veces, abandonados, por consiguiente, hay que condenarlos a la cárcel, a instituciones de violación y muerte – como el SENAME – y como lo dice la Cantata Santa María de Iquique, “no hay que ser pobre, amigo, es peligroso ser pobre, amigo…”
El caso de la niña Daniela Vargas, muerta al negársele ser incluida en la lista de espera para un trasplante de corazón – antes el de la pequeña Lissette recluida en el SENAME, que murió por una arritmia cardíaca provocada por uno de los medicamentos suministrados a los niños muy inquietos de institución – muestra el trato inhumano y brutal que da el Estado y la sociedad en su conjunto a los niños y adolescentes que han tenido la desgracia de nacer en hogares disfuncionales – los siúticos llaman vulnerables -, pero que simplemente venido al mundo en medio de la miseria, de la marginalidad y del abandono.
Daniela Vargas fue rechazada por la Fundación Christus, red social del Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile, por el solo hecho – según aduce el informe – por ser vulnerable social y económicamente, lo cual, según la Comisión de Ética de esa institución, su situación personal y familiar no podía asegurar el cuidado debido en la etapa pos-operatoria – es extraño para un Ministerio de Salud, que también haya informado en el mismo sentido que la Fundación Christus – incluso, el SEMAME esta vez pretendía garantizar el cuidado pos-operatorio de Daniela Vargas -.
El hecho de ser pobre y no contar con una familia, no sólo condenó a la muerte a la niña en cuestión, sino que también fue enviada, como una pelota en un partido de futbol, en varias direcciones. La Universidad Católica optó por darle el alta médica enviándola de vuelta, en un bus, a Puerto Montt a otra institución.
Esta niña, como la mayor parte de los niños del SENAME, no tiene cabida en el sistema de salud. Hay varios testimonios, transmitidos por distintos medios de comunicación, especialmente por la televisión, en que niños cuentan desgarradoras historias de rechazo en el sistema de salud por no estar incluidos entre los violadores de layes, es decir, un niño que quiere dejar las adicciones tendría que cometer un delito – por ejemplo, robar a la entrada del hospital – para acceder a los servicios médicos.
El tratamiento que el SENAME da a niños y adolescentes constituye un grave atropello a los derechos humanos, como bien lo ha expresado, en varias ocasiones, el valiente diputado René Saffirio. Este crimen, no sólo perpetrado por el Estado, sino también por la red de Fundaciones y ONGs dedicadas al apoyo de la infancia vulnerable. Según el mismo diputado, el 97% de los hogares pertenecen a fundaciones privadas y reciben una subvención de $200.000 por niño, proporcionada por el Estado – menos que los $700.000 que Estado gasta en cada reo -.
Esta red de “protectores” de la infancia marginal es una caja pagadora, según el diputado antes citado. La atención bajo la tutela del SENAME, que son enviados por los jueces de menores, se divide en dos categorías: los infractores de ley y los que han sido abandonados por su familia o bien, el juez considera que corren riesgo en su entorno más cercano.
Por lo general la mayoría de estas “instituciones de apoyo” a la infancia desvalida pertenecen a partidos políticos: el Partido Socialista, para los niños infractores de ley; la Democracia Cristiana, para aquellos infantes que no han delinquido, pero están bajo la custodia del SENAME.
En nuestra democracia clientelista y de “pitutos”, los favores políticos deben pagarse: nada mejor que enviar a un militante o a un operador a Gendarmería, al SENAME o a alguna otra Fundación de apoyo a la infancia desvalida.
El diputado Saffirio, gracias a su porfía y consagración a la buena causa de apoyo a los niños logró, al final, que la directora del SENAME, la ex fiscal Solange Huerta, entregara la lista de niños fallecidos, determinando en algunos casos, la causa de muerte. En diez años (2005-2015), murieron 1313 niños y adolescentes que estaban bajo la tutela del SENAME en fundaciones colaboradoras.
Según el psiquiatra Rodrigo Paz, muchos de los niños, en su mayoría adictos, podrían haber sido salvados con un buen tratamiento continuo, pues muchas de las muertes se han producido por descuidos médicos o a la negativa del sistema de salud para tratarlos convenientemente.
Cuando hay uno o más casos de impacto y escándalo público se produce el consabido sumario administrativo que, muchas veces, no llega a ningún resultado útil para determinar responsabilidades. En la muerte de Daniela Vargas, la institución Christus, y el mismo rector de la Universidad Católica, declinan toda responsabilidad y sostienen, más bien, que ellos no discriminan a ningún paciente, y que el trasplante, de haberse llevado a cabo, habría constituido un mal para la paciente, por el contrario, culpan al ministerio de Salud, pues tiene un representante en el Comité de Ética y, además, emitió un memorándum en los mismos términos en que lo hiciera la Universidad Católica.
La Universidad Católica a pesar de recibir siempre, a través del tiempo, dineros del erario público, ha sido clasista y sectaria, además, pertenece al Vaticano y sigue la línea de la iglesia católica, por consiguiente, discrimina en favor de los católicos; por otra parte, pretende impregnar de fe cristiana a la ciencia, razón por la cual la facultad de teología es la primus entre pares.
Si a Jesucristo hubiera decidido tratarse en el Hospital de la Universidad Católica es muy posible, igual que niña Vargas, no hubiera sido incluido en la lista para su tratamiento médico; a lo mejor, le hubieran “cantado” la frase del evangelio que, “el que quiera ser mi discípulo, renuncie a su familia y síganme” o la que le dice al joven rico que “venda todo, reparta el dinero entre llos pobres y lo siga”.
Las noticias de impacto público pasan con el tiempo; es seguro que los distintos escándalos, como el de la niña Daniela Vargas y, anteriormente, los escandalosos casos del SENAME, pasen de moda por el aparecimiento de otros temas. En nuestro país nadie responde por nada, salvo que se encuentre un chivo expiatorio que, generalmente, es un pobre y marginal. Los siete ministros de Justicia, bajo tras gobiernos sucesivos en que murieron 1313 niños bajo la custodia del SENAME, mirarán para el lado y se frotarán las manos porque se salvaron.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
13/11/2017