¿Por qué los familiares de las víctimas de las violaciones contra los derechos humanos, cuyo reguero de sangre y horror llega hasta nuestros días, insisten en solicitar la renuncia del Ministro de Justica por sus destemplados y ofensivos dichos acerca del cierre de Punta Peuco y no se dirigen directamente a quien es la superior directa e inmediata, la presidenta Michelle Bachelet?
Si bien las declaraciones fueron dichas por ese ministro que defiende a criminales de lesa humanidad, más cierto aún es que en ese puesto no está porque se le da la gana sino porque fue ungido en esa responsabilidad por la presidenta Bachelet.
Más aún, el Ministro ha contradicho directamente lo aseverado por la presidenta a una víctima sobreviviente de la cobardía de los militares que intentaron quemarla viva, a la que Michelle Bachelet aseguró que cerraría Punta Peuco.
La extrema y equivoca intención de blindar a la presidenta Bachelet, uno tendría que especular que por razones políticas, le resta fuerza a la gestión de los familiares, cada una de las cuales y todas en conjunto, han registrado notable valor y moral en la historia de Chile, y ameritan el respeto más extendido por su valer y heroísmo.
Entonces no resulta válido que se intente apartar a la presidenta de sus responsabilidades, escudada en un perfecto silencio ante el desaguisado y real descalificación de que es objeto, en su compromiso con Carmen Gloria Quintana, “esa señora” al decir del Ministro de Justicia, con el cierre de ese penal en el que cumplen sus condenas una porción mínima de asesinos y torturadores.
Este gobierno y todos sus antecesores a partir del retiro programado de los militares, lucen una vergonzosa deuda con las víctimas de diecisiete años de la más cruenta represión y con sus familiares, amigos y compañeros.
Por extensión, luce intacta la deuda que los gobierno pos dictatoriales tiene con el país, con el alma herida de una nación que no ha visto aún las condiciones necesarias para el necesario nunca más.
Al contrario, la impunidad en la que transcurre la vida de la mayor parte de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de todos los civiles autores, cómplices y encubridores de crímenes espeluznantes, permite que la historia esté en condiciones de ser repetida nuevamente, según lo aconsejen sus intereses.
No es otra cosa lo que ha sucedido con las numerosas oportunidades en la historia en que los militares chilenos han fungido como el brazo armado de los poderosos que los han utilizado para castigar las luchas del pueblo, tanto como para defender sus riquezas.
Luego del recuento de muertos y desaparecidos en las innumerables matanzas que ha realizado para su vergüenza el Ejército, los medios de comunicación instalan la verdad oficial de los poderosos, la policía mantiene a raya a los rebeldes y la escuela termina por confundir a los memoriosos.
Y todo comienza de nuevo. De justicia, ni hablar.
Vamos derecho a la amnesia.
En un tiempo más, no será extraño encontrar personas que juren que jamás hubo en este país una dictadura que duró diecisiete años, y será transformado en un mito eso de detenidos desaparecidos, fosas clandestinas, lanzamiento de cadáveres desde helicópteros, degollados y quemados.
Y quienes lucharon por eso que ya no existirá, tendrán que pedir perdón o sumirse en el silencio que los libere del escarnio y la ofensa.
Michelle Bachelet y sus adláteres, tanto como el resto de prohombres de la post dictadura, son los culpables de haber dejado impune la mayor y más terrible fracción de crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas con el entusiasta apoyo de los civiles que hoy conforman lo que eufemística, canalla y burlescamente se nombra como Centro Derecha.
Negar que hubo, hay, un pacto que permitió esta cruda realidad, es negar la realidad que se vive a cada paso.
Desde el año 1990 hasta la fecha, no ha habido sino un continuo de operaciones para evitar la verdad, la justicia y la reparación. Y una vergonzosa connivencia con altos oficiales probadamente culpables en grados variables de crímenes atroces.
Lo que ha habido en este lapso de vergüenza, ha sido una traición sostenida, consciente y despreciable a quienes dieron sus vidas y a los que sufrieron terribles torturas y castigos.
Desde el punto de vista de los Derechos Humanos, los últimos gobiernos han sido de artesanía.
Los familiares, digna gente, bella gente, heroica gente, que exigen la renuncia del Ministro Campos y quienes les dan apoyo, deben corregir hacia donde deben dirigir su rabia y desconsuelo, que deben ser el de todos las personas bien nacidas.
El Ministro de Justicia dice lo que piensa y actúa en consecuencia. Y la presidenta hace lo mismo.
Como alguien escribió por ahí: Nunca la culpa ha sido del chancho, sino de quien le da el afrecho.