“¿Alguien ha escuchado a la Presidenta de la República, lo digo bien directamente, decir voy a cerrar Punta Peuco?”, fue la pregunta con la que el ministro de Justicia y Derechos Humanos respondió una inquietud periodística en ese sentido, planteada a poco más de cuatro meses del término del gobierno de Michelle Bachelet.
A continuación, en un claro gesto de desconocimiento de un compromiso suscrito en julio de 2015 por la Mandataria, tras reunirse en La Moneda con Carmen Gloria Quintana, el ministro Jaime Campos sostuvo que no existe información de un decreto de cierre del penal, ni menos de eventuales instalaciones en la cárcel de Colina para el traslado de los presos que cumplen condena por violaciones a los derechos humanos.
El titular de Justicia explicó en un punto de prensa en el Congreso que él solo ha escuchado hablar del asunto a través de los medios. “Lo único que sé –aseguró– es que una señora dijo que había hablado con la Presidenta de la República y que la Presidenta le había dicho” que iba a cerrar Punta Peuco.
Que un ministro no esté informado de los compromisos que suscribe su jefa es posible. ¿Por qué el ministro de Justicia y Derechos Humanos tendría que estar al tanto de un decreto de cierre de un penal y de las consiguientes medidas para concretar un traslado de reos desde una cárcel especial a una común? Con toda certeza eso sería exigible a un secretario de Estado que tuviera clara y absoluta conciencia de su cargo.
Pero cuando un alto personero gubernamental, como es el caso del abogado Jaime Campos, se da licencia para ningunear a la única víctima sobreviviente de uno de los crímenes más deleznables de la dictadura cívico-militar, su impronta como ministro de Justicia y Derechos Humanos queda delimitada por la insensibilidad frente al dolor físico y al consecuente daño psicológico sufrido por ella, en un callejón de la población Los Nogales, un horroroso día 2 de julio de 1986; su sello como colaborador directo de la actual administración parece servir la predetermina y anhelada impunidad con la que muchos quisieran olvidar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile; más aún, el tono utilizado por el señor Campos para referirse a la víctima que sobrevivió a las gravísimas quemaduras provocadas por una patrulla militar durante una protesta contra el régimen, es vergonzoso y aberrante; despreciable e inesperado.
Referirse a la psicóloga y actual funcionaria internacional del mismo Gobierno que representa el señor Campos como “una señora”, es un agravio horrible. ¿Sabrá el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos que esa señora se llama Carmen Gloria Quintana? Con toda seguridad tendrán que explicarle en Palacio que esa señora fue rociada con bencina y quemada viva junto al fotógrafo Rodrigo Rojas De Negri –quien falleció en las horas siguientes al ataque– por una patrulla militar a cargo del entonces teniente de Ejército Pedro Fernández Dittus; al señor Campos también tendrán que informarle que los dos jóvenes fueron abandonados moribundos en un sitio eriazo en Quilicura.
Qué vergüenza que luego de más de tres décadas de escuchar hablar del “Caso Quemados” Chile aún se dé el lujo de tener un ministro de Estado que no se haya enterado de ese horror.
Perdón Carmen Gloria por un nuevo intento de desbaratar la memoria y alimentar la amnesia. Perdón Rodrigo porque ya nadie te menciona. ¿Hasta cuándo los chilenos tendremos que convivir con este hedor?