La decisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de disolver el Parlament y convocar elecciones el 21 de diciembre ha llevado al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a la decisión de presentar dos querellas, una en la Audiencia Nacional y otra en el Tribunal Supremo. Ambas contienen la imputación por los delitos de sedición y rebelión.
La pérdida de fuero de los cinco aforados del Govern (Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa) conduce, según fuentes consultadas por ARA, a una querella contra los 14 miembros del Govern en la Audiencia Nacional, y otra contra Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament (Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó) ante la Sala Segunda del Supremo.
Maza ya tenía preparada una querella contra Puigdemont y el Govern –quizá la más publicitada de la historia penal española- para ser presentada en el Supremo, habida cuenta de que partía de la presunción de que el Parlament seguiría abierto.
Al retener el fuero de diputados después del cese en sus cargos, razonaba Maza, los delitos de sedición/rebelión, orientados a romper la integridad de España, excedían el ámbito de Cataluña para proyectarse a todo el territorio nacional.
Y, apoyándose en el fuero de Puigdemont, el fiscal general del Estado se aprestaba a llevar a todo el Govern ante el Supremo. Porque los 5 aforados atraían a los 9 consejeros que no lo eran.
Pero el fuero, en el caso del Govern, ha quedado sin efecto a raíz de la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones. Por tanto, el fuero, se considera en la construcción jurídica realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE), de acuerdo con fuentes consultadas por ARA, no justifica ahora la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en una querella contra el Govern. Y tampoco la del Tribunal Supremo.
Por ello, la Audiencia Nacional, una alternativa contemplada en su día por Maza es ahora el tribunal al que se dirigirá la querella tras la pérdida del aforamiento.
El delito de sedición atribuido a la manifestación del 20 de septiembre ante el edificio de la consejería de Economía, Rambla de Cataluña, cuando una comisión judicial registraba las instalaciones, ya es objeto de un procedimiento en el juzgado central de instrucción número 3, a cargo de la jueza Carmen Lamela.
Fue Lamela quien envió el pasado 16 de octubre a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y Omnium Cultural, respectivamente, a prisión y ha impuesto medidas cautelares ahora destituido mayor Josep Lluís Trapero y a la intendente de Mossos, Teresa Laplana.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, precisamente, está por ampliar esa denuncia para incluir los hechos ocurridos durante la jornada del referéndum del 1 de octubre para volver a tomar declaración a Trapero y Laplana.
Por tanto, se estudia incluir en esa ampliación a Puigdemont y todos los miembros del Govern. En este caso, sería la jueza Lamela la encargada de pronunciarse. La otra posibilidad es elevar una querella por sedición/rebelión a reparto en la Audiencia Nacional, que podría ser adjudicada por antecedentes y conexidad al juzgado de Lamela o a otro de los juzgados que haya tratado temas relacionados con la independencia (los jueces José de la Mata, Fernando Andreu e Ismael Moreno ya han tramitado en 2015 denuncias contra ayundamientos).
Maza, en cambio, sí se apoyará en el fuero parlamentario, sostienen fuentes judiciales consultadas por ARA, en relación con la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y los miembros de la Mesa, por haber tramitado el pasado viernes, día 27 de octubre, la resolución que insta al Govern a tomar los pasos para concretar la independencia y la república catalana.
La Fiscalía del Supremo tenía previsto ayer sábado presentar querella este lunes, día 30 de octubre, y solicitar medidas cautelares.
Según fuentes judiciales, la Sala de Admisión de la Sala Segunda, integrada por el presidente, Manuel Marchena, y cuatro magistrados, admitirá el mismo lunes la querella, y nombrará magistrado instructor y, según este calendario, quien el martes se pronunciaría sobre las medidas cautelares.