El Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos en La Legua denuncia allanamientos, robos y violaciones a los derechos humanos de los pobladores a manos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI).
El 15 de septiembre, a las 07:15 de la mañana, un grupo de la PDI efectuó violentos allanamientos en seis hogares de la calle Sánchez Colchero (sector Legua Emergencia) en la comuna de San Joaquín. “La denuncia fue realizada a nuestro Comité por una de las afectadas, A.N, quien relató lo vivido al interior de su casa junto a su compañero y sus hijos de 2 y 9 años. Los funcionarios policiales no se identificaron, salvo uno: Patricio García, subprefecto de la PDI. Irrumpieron en el hogar rompiendo la puerta, para luego interrogar a los moradores con insultos y amenazas, frente a los menores de edad”, denuncia el Comité.
Violencia, impunidad y repetición de estos hechos evidencian dinámicas institucionales que no hacen sino insistir en procedimientos que vulneran los derechos fundamentales, perpetuando la lógica de violencia con la que conviven las vecinas y vecinos de La Legua: “Exigimos, por tanto, que la institución involucrada dé una respuesta a esta familia que fue ultrajada, robada y violentada por el Estado y que hoy se siente temerosa e impotente. Finalmente, consignamos que la familia, en conjunto con el Comité, hará las denuncias formales respectivas (…) El círculo de poder, la corrupción que denuncian los pobladores entre Carabineros y traficantes no es solo un rumor, ocurre todos los días, pero ¿quién puede o quiere exponerse ante lo que esa denuncia responsable -como le llaman por ahí-, significa? ¿Quién desea exponerse a la violencia asesina del tráfico de drogas en complicidad con funcionarios policiales, representantes del Estado, garantes supuestos de la seguridad de la población? Nadie, pues cruzar el umbral de la denuncia con evidencias, es acercarse un poco más a la tragedia de la indefensión cercana a la muerte”, señala el Comité en una declaración pública.
Sobre el caso de A.N. denuncian que llevaron a cabo una revisión exhaustiva del hogar, usando incluso perros: “Aunque no hallaron lo que pretendían encontrar, presumiblemente droga, sí se encontraron con el dinero que la familia había ahorrado durante todo un año para las vacaciones próximas. Sin mediar explicación alguna, lo requisaron, introduciéndolo a bolsas de evidencia. Además, uno de los funcionarios se metió en el bolsillo 25 mil pesos que contenía una alcancía. Correspondían a los ahorros que el niño pequeño del hogar había realizado. Terminado el allanamiento y luego de retirarse del lugar, los policías volvieron a ingresar al domicilio para esta vez llevarse a A.N. El subprefecto García le indicó que su aprehensión se debió a que ‘no tenía cómo justificar el dinero que tenía en su casa’. A.N. fue luego detenida y trasladada hasta la unidad policial de la PDI en San Miguel. En este lugar fue nuevamente insultada, amenazada, y presionada para firmar un documento en el que se decía que el dinero encontrado en su casa eran 600 mil pesos y no la suma verdadera, que corresponde a 1.500.000 pesos. Cabe destacar que esto es una práctica recurrente, ominosa y transgresora, que no solo atenta contra los derechos esenciales de los pobladores, sino que habla de la probidad, ética y legalidad con que los funcionarios policiales están actuando desde hace mucho tiempo”.
Un caso similar adquirió relevancia pública en 2015. Afectó a la pobladora Katherine Venegas, de Legua Emergencia, cuyo domicilio fue allanado ilegalmente, sustrayéndole una importante suma de dinero sin justificación, hecho que la Corte Suprema reconoció como “una actuación ilegal y violenta por parte de Carabineros”.
ATROPELLOS A LOS
DERECHOS HUMANOS
Paulo Alvarez Bravo, presidente del Comité, denuncia a Punto Final que estos casos son “la punta del iceberg” de situaciones que suceden permanentemente y quedan en la impunidad: “Principalmente Carabineros, pero también la PDI, realizan allanamientos por los más diversos motivos y argumentos, muchos sin ninguna orden judicial. Esto tiene que ver con los grados de corruptela que existen entre policías y traficantes para crear un manto de impunidad para algunos, de desafectación para otros, y aumentar o asegurar el territorio y las ganancias para cierto sector. Mayoritariamente los allanamientos los hace Carabineros, que pertenecen a tres comisarías distintas especializadas en los planes de intervención”.
Añade Alvarez -que es poblador de Legua Emergencia, historiador y docente en diversas universidades-, que los allanamientos suelen ser muy agresivos: “Son violentos, hay maltratos, se genera una reacción entre la impotencia y el desconcierto que lleva a las víctimas a la más completa indefensión (…) Cuando demandan información o la orden judicial que podría explicar que los policías estén ahí, no existe más que la respuesta de que ‘están intervenidos’, por tanto, eso ya genera una violencia que los erosiona, a lo que hay que agregar que en muchos casos -diría que en un porcentaje mayoritario-, tiene un corolario físico: golpes y empujones que se suman al maltrato verbal. Por lo general se trajinan todas sus pertenencias, no solamente las que portan, sino las que están en sus viviendas, rajan sillones y colchones, les rompen puertas y ventanas, van destruyendo utensilios… y lo que ha pasado en el último tiempo -con intensidad diferente en los 16 años en que la intervención permanece-, es que hay muchos robos por parte de los policías”.
Todos los años el Comité sistematiza lo sucedido en el periodo anterior en una Memoria Anual. La última, correspondiente al 2016, fue dada a conocer el 28 de septiembre en la Junta de Vecinos Nº 25 de Legua Emergencia. El informe da cuenta de los 16 años de intervención, y el espacio en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Barrios Críticos, que generó una serie de reuniones, lobbys, negociaciones, y resultados que recién se acaban de dar a conocer, y que fue presidida por el diputado Daniel Farcas, del PPD. “Farcas tuvo un triste papel. No empatizó, no entendió, ni generó confianza en los pobladores, no solamente de La Legua, sino también de los otros barrios intervenidos, que fueron consultados, entrevistados, y que tuvieron solo ocho minutos para ‘dialogar’. Entonces, tenemos esta experiencia marcada por la contradicción entre generar un espacio que nos parecía muy interesante, inédito después de años de intervención, pero que culmina con este tipo de dinámicas que hieren el sentido original que pudo haber tenido el concebir un diálogo transversal, en confianza, y que permitiera revisar prácticas espurias y quiénes son los responsables de esas prácticas, y resolverlas”, dice Alvarez. La Memoria revela el rol de los medios de comunicación y los reportajes que se hacen sobre la población; otro tema es el espacio territorial urbano y los cambios producidos, al abrirse un nuevo sector en el lugar que ocupaban las empresas aledañas: Papelera y Coca Cola; por último, se da cuenta de las actividades y conversatorios realizados durante el año pasado. Paulo Alvarez explica que el informe se compartió “en una experiencia positiva y alentadora”, en el Club Deportivo y Social Venecia, lo que habla que ya no son solo las organizaciones sociopolíticas las interesadas en la defensa y promoción de los derechos humanos, “sino que en este caso son las organizaciones que más convocan a la gente. El club se interesó por promover la actividad, y lo hicimos también a través de la presentación de una obra de teatro, gracias a La Media Compañía”, dice.
VIOLENCIA INSTITUCIONALIZADA
En la mayoría de los medios de comunicación lo único que se publica sobre La Legua es delincuencia, drogas y muertes, pero no se habla de represión policial, pobreza o falta de oportunidades…
“Sí, los medios ahondan y profundizan el estigma histórico con que han sido tratados lugares como La Legua. Es difícil encontrar noticias, reportajes, documentos o artículos más profundos, e incluso tesis, que puedan dar cuenta de los espacios de vida, de afecto y de construcción social y diálogo político en la población. Menos se habla de quiénes son los responsables de generar las condiciones que perpetúan las lógicas de violencia. Se habla muy poco del rol del Estado, nada o casi nada de las prácticas policiales que esta intervención ha generado durante 16 años en la vida de los adolescentes de La Legua, marcando la psique sociocultural de generaciones completas, y de un espacio social que hay que entender que no ha sido solo intervenido físicamente, sino que en cada poro de las personas que aquí conviven. Intentar imponer esta fuerza abrumadora, casi monolítica, que establece una visión totalizante, criminalizante, estigmatizante y empobrecida de La Legua, no solamente habla de la miopía de esos medios de comunicación. Es una suerte de praxis que aumenta los índices de desigualdad e inequidad, injusticia y violencia que este país obscenamente reproduce. Cada vez que ha habido organizaciones o personas que han dado nuevas fuentes para dar cuenta de la brutalidad policial, de sus praxis sistemáticas, de su relación espuria con el narcotráfico, algo los invisibiliza, y sabemos que es un tema delicado, porque estamos hablando no solamente de un producto formal, como el narcotráfico, sino de vidas humanas que incluso dependen de él. Se ha potenciado básicamente porque existen las coordenadas institucionales que explican que aumente el narcotráfico. Posiblemente, el ejemplo más claro al respecto es que nosotros, los pobladores de La Legua, específicamente de Legua Emergencia, tenemos cerca de un 10% de la población varonil privada de libertad. Ninguna de esas personas es narcotraficante, no hay ningún gran pez, la gran mayoría son microtraficantes, quienes han ocupado la cadena de miseria que el sistema de exclusión les regala, y que justifica seguir dando la impresión de que el Estado está haciendo algo, cuando en el fondo no genera ninguna transformación en las estructuras”.
¿16 años de intervención policial han significado acabar con el narcotráfico?
“No, y no solo eso: la excusa o justificación del Estado fue que iba a iniciar el proceso de intervención para contener el narcotráfico y la delincuencia, no importando si había que violar los derechos humanos. El resultado claro es que no solo se violan los derechos humanos de miles de pobladores, sino que desde ningún punto de vista objetivo, en relación a las definiciones que ese mismo Estado impuso, se han cumplido las metas para decir que la intervención pudiera explicarse. Sin embargo, incluso en 2016 se expandió a otras poblaciones de la Región Metropolitana: Parinacota, en Quilicura; El Castillo, en La Pintana; y Bajos de Mena, en Puente Alto…
Se muestra como si fuese una política pública inteligente, pertinente, adecuada y con contenido, lo que está muy alejado de la realidad y del sentir de la gente. Ahora, hay que decir también que los pobladores en algunos lugares donde el narcotráfico es potente, se comportan con un nivel de ambigüedad importante, que les lleva a considerar que ‘quizá la presencia policial sea necesaria’, para ‘mantener la tranquilidad de la población’, y que ‘no exista tanta bala’. El gobierno juega con las sensibilidades y la epidermis síquica de una población que necesita y demanda paz. No se le entrega paz, sino se le impone la violencia”.
ARNALDO PEREZ GUERRA
Publicado en“Punto Final”, edición Nº 886, 27 de octubre 2017.