El mes de octubre del presente año ha sido ocupado por el tema de la independencia unilateral de Cataluña y de las respuestas represivas, propias de la torpeza del gobierno que encabeza Mariano Rajoy. La violencia con que actuaron los guardias civiles y la policía nacional el día 1º de octubre, con ocasión del referéndum contra ciudadanos desarmados que sólo querían votar, además del choque entre mossos de escuadra y la guardia civil – los primeros al negarse a reprimir a su pueblo y, los segundos, por orden del gobierno central, que se empechaban en impedir la libre concurrencia a las elecciones, usando métodos brutales contra los ciudadanos – fue un episodio ampliamente favorable para los partidos independentistas y los sectores de la sociedad civil que los apoyan.
La estrategia del gobierno de Rajoy ha sido, fundamentalmente, jurídica: en primer lugar, acusando de subversión y de encabezar un golpe de Estado contra la unidad española; en segundo lugar, por medio del poder judicial, tomando presos a los dos líderes principales de la sociedad civil independentista, Jordi Sánchez, jefe de la Asamblea Nacional Catalana y Jordi Cuixart, cabeza de Omnium Cultural; en tercer lugar, lograr la aplicación del Artículo 155 de la Constitución que establece, entre otras medidas, la intervención del gobierno de España en cualquier Comunidad Autónoma que se desvíe de la aplicación de las leyes constitucionales.
Por parte del Presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, su estrategia fue zigzagueante y temerosa: en un discurso ante el parlamento alcanzó a proclamar, luego del referéndum, la independencia de esa república, hecho que duró 45 segundos para luego suspender su aplicación pretextando la necesidad de un tiempo prudencial para dialogar con el gobierno central. El día 26 de octubre se llevó a cabo una comunicación entre ambos gobiernos, en que Puigdemont planteaba sus condiciones, cuyos puntos centrales se resumían en, primero, la libertad inmediata de Sánchez y de Cuixart; segundo, la no aplicación del Artículo 155; tercero, abstenerse de tomar medidas coercitivas contra los miembros del gobierno de la Generalitat; cuarto, la salida de la guardia civil del territorio catalán.
Mariano Rajoy había logrado el acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos aceptando la intervención sería breve y no muy dura y que, además, se convocaría a elecciones autonómicos a la brevedad –plazo de seis meses -. En este panorama Rajoy podría darse el lujo de demostrarse fuerte y decidido, (siendo un pacato débil, corrupto e incapaz), por consiguiente, se dio el lujo de quebrar el diálogo con el gobierno catalán, obligado a convocar al parlamento para proclamar la república independiente de Cataluña, (el único precedente histórico fue el 6 de octubre de 1934, cuando Lluis Companys, quien proclamó la República Catalana en la República Federal Española), hecho que se produjo el 27 de octubre último, con el abandono de la Sala de los diputados opositores. La votación fue secreta y los votos depositados en una urna, ante el peligro de medidas coercitivas por parte del poder judicial. El resultado fue de 70 sufragios a favor, 10 en contra y 2 abstenciones.
El bloque independentista debió haber logrado 72 votos, pero se sospecha que los votos en contra más los dos faltantes pueden pertenecer al Partido Democrático de Cataluña, representante de la burguesía, partido al que pertenece el Presidente Puigdemont.
La fiscalía de Cataluña amenaza con querellarse contra todo el gobierno de la Generalitat acusándolo de subversión, rebelión y de haber protagonizado un golpe de Estado, lo cual significaría, para el Presidente de la Generalitat, una pena probable de 30 años de cárcel.
El trámite del senado, sin contratiempos, con los votos del PSOE, Ciudadanos y del PP, sumado a algunos Partidos menores, llegaron a una cifra de 214 parlamentarios a favor de la intervención, contra 44 votos en contra. En estas condiciones, Rajoy tenía las manos libres para actuar a su antojo y, por primera vez, a pesar de su ineptitud, recibió un aplauso cerrado luego de su discurso donde explicaba las razones para pedir la aplicación del Artículo 155 de la Constitución de España.
Hacia las 20 horas del 27 de octubre Rajoy hizo públicas las medidas a implementar: primero, el cese de todo el gobierno catalán; segundo, la eliminación de todas las embajadas de Cataluña – salvo la ante la Comunidad Europea -; tercero, el cese de funciones de los mossos de escuadra, reemplazados por los nombrados por el gobierno de España; cuarto, convocar a elecciones autonómicas el 21 de diciembre próximo; quinto, nombrar a la Vicepresidenta del país, Soraya Sáenz de Santamaría para reemplazar Carles Puigdemont en la presidencia del gobierno de Cataluña.
Este conjunto de medidas dan cuenta del acuerdo entre el PP, el PSOE y Ciudadanos; este último Partido había insistido en que la resolución del problema de Cataluña debería pasar por elecciones anticipadas, y que fueron incluidas en la aplicación del Artículo 155; por parte, el PSOE se había opuesto al cierre de la intervención del Canal 3 de TV, que expresa la opinión del gobierno de Cataluña, y que no fue incluida en la aplicación del Artículo 155 de la Constitución.
La declaración de la República de Cataluña ha sido reconocida, hasta ahora, por Escocia, con el rechazo de la mayoría de los gobiernos europeos. La República catalana, recién proclamada, ha sufrido la presión del empresariado y, actualmente, más de 1.800 empresas han trasladado sus sedes sociales a distintas provincias de España.
Hasta este momento nos es difícil prever la respuesta de la resistencia de los partidos independentistas y de la ciudadanía frente a lo llaman “un golpe de Estado”, perpetrado por el gobierno de España. De todas maneras, la fosa entre españoles y catalanes ya está abierta, pero será muy difícil de cerrar.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)