Decenas de miles de personas se concentraron hoy en el centro de Barcelona, capital de Cataluña, para exigir la excarcelación de dos dirigentes del independentismo en esa región acusados de sedición por la justicia española.
Ambos son investigados por su presunta implicación en un delito de sedición durante las protestas registradas en Barcelona, en vísperas del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre en esa comunidad autónoma de 7,5 millones de habitantes.
Los hechos ocurrieron los días 20 y 21 de septiembre, cuando una multitud rodeó una dependencia de la Generalitat (gobierno catalán) para repudiar un registro vinculado con los preparativos de la consulta, realizado por la Guardia Civil española.
Entonces, numerosos manifestantes dañaron vehículos oficiales e impidieron por horas la salida de los efectivos policiales de la Consejería (ministerio) de Economía regional.
La magistrada de la Audiencia Nacional señaló a los dos influyentes líderes secesionistas como los promotores del asedio, por el que varios agentes del instituto armado permanecieron casi 24 horas encerrados en las dependencias de la citada consejería catalana.
En un artículo publicado en el diario Ara, que dejó preparado por si era encarcelado, Sánchez denunció que la decisión de privarlos de libertad por parte de la Audiencia Nacional carece de todo fundamento jurídico y procesal.
Cuixart, por su parte, dejó un video apelando a la serenidad y advirtió que su organización trabajará en la clandestinidad, si es necesario, de manera pacífica.
Impulsores de las grandes marchas a favor del derecho a decidir celebradas en Cataluña desde 2010, los dos dirigentes son vistos por el movimiento separatista como presos políticos del gobierno español, que consideró inconstitucional el referendo del 1 de octubre.
El Estado español ha vuelto a cruzar una línea roja en cualquier democracia en la Europa del siglo XXI, porque encarcelar a Sánchez y Cuixart es un gran error que pone en riesgo los valores democráticos, denunció un manifiesto leído en la multitudinaria concentración.
Para sus convocantes, el ejecutivo de Mariano Rajoy actúa como una dictadura: ‘nos juzgan y nos privan de libertad por manifestarnos pacíficamente’, afirmó el texto.
‘Encarcelar a representantes de la sociedad civil forma parte de la estrategia del Estado para tensionar, crispar y radicalizar un conflicto político’, advirtieron la ANC y Ã’mnium al término de una protesta que reunió a 200 mil personas, según la Guardia Urbana de Barcelona.
Entramos en ‘una escala de movilizaciones, que como siempre serán pacíficas, democráticas, porque no sabemos hacerlo de otra manera. Serán acciones directas, con la fuerza de la ciudadanía’, declaró a la prensa Marcel Mauri, portavoz de Ã’mnium.