El secuestro y asesinato de quince campesinos de la comuna de Isla de Maipo y el posterior ocultamiento de sus cuerpos en unos hornos de cal abandonados, en la localidad de Lonquén, sigue siendo una deuda pendiente en justicia y reparación por parte del Estado chileno. El acto efectuado en la localidad este 8 de octubre recién pasado ratificó esta percepción.
El 7 de octubre de 1973, se verificó el secuestro y asesinato de los campesinos y la inhumación ilegal de sus restos, acción de escarmiento de uniformados y terratenientes destinada a aplastar cualquier posibilidad de resistencia al nuevo régimen. Pero también se inició una cadena de acciones tendientes a encubrir y dejar impune la masacre. En 1979 los autores, todos carabineros de Isla de Maipo, fueron beneficiados con la Ley de Amnistía impuesta por la dictadura. En estas mismas circunstancias y pese a existir orden del fiscal militar de entregar los restos a los familiares, estos fueron sacados clandestinamente del Servicio Médico Legal y sepultados en una fosa común. Y en 1980 el dueño del predio procedió a dinamitar los hornos, destruyéndolos por completo.
A 44 años de esta masacre, los familiares de las víctimas siguen esperando justicia y todavía no pueden visitar de manera libre y expedita al sitio donde fueron abandonados los cuerpos de los quince campesinos. El lugar sigue siendo de acceso restringido y el punto preciso donde estaban los hornos carece de mínimas instalaciones que permitan una visita segura. No hay escalinatas de acceso, tampoco agua potable y servicios higiénicos, y los familiares deben subir la ladera del cerro con gran dificultad.
Lonquén no es un sitio desconocido en la trágica historia de este país. Es el primer lugar de ocultamiento de cuerpos de detenidos desaparecidos que fue descubierto y se convirtió en prueba indesmentible del terrorismo de Estado y de la práctica de la desaparición forzada. Sorprende entonces el estado de abandono del lugar y la falta de diligencia de los organismos del Estado para asistir a las agrupaciones de familiares en la construcción de un memorial y de un espacio que acoja a los visitantes y permita la difusión de la memoria y la educación en derechos humanos. El proyecto está diseñado, pero se mantiene en trámite y sin fecha clara de materialización.
Al decir de una autoridad de gobierno, presente en el acto, “más temprano que tarde” Lonquén contará con un memorial, aunque el avance del tiempo indique lo contrario. Mientras tanto la impunidad avanza.
Higinio Espergue
Presidente Directorio
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi