Sin consulta indígena ni transparencia alguna, un sigiloso despojo legal de derechos de los pueblos originarios está en curso mientras las comunidades multiplican sus luchas en recuperación y defensa de su territorio y el agua, como se vio en la marcha de Resistencia Mapuche el pasado 9 de octubre.
La industria farmacéutica, y la industria alimentaria buscan patentar ahora las semillas y medicina ancestral. Hay señales que el gobierno de la Presidenta Bachelet considera firmar y mandar al Congreso a última hora de su mandato, el Protocolo de Nagoya, este tratado complementario al Convenio de Biodiversidad Biológica. Ya hay un lobby en ese sentido, del que participa la Unión Europea, que ya lo ratificó. Este instrumento regula la propiedad intelectual (patentes) de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a ellos, y supuestamente, establece el reparto de beneficios por su uso, a sus dueños originales. Para su aplicación real requiere de leyes inexistentes en Chile, que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas sobre estos bienes colectivos, por lo que las negociaciones sobre compensaciones pueden ser por ejemplo, con una de muchas comunidades que comparten un bien común, y quien “reparta” los llamados beneficios (el Estado, a través de INIA) así lo puede decidir.
En Chile hasta ahora es ilegal patentar plantas como el maqui y el conocimiento ancestral ligado a ellas, y un intento reciente no prosperó, activando el lobby, en Chile y el exterior, de la voraz máquina de patentar ligada a las corporaciones transnacionales que obtienen ganancias de millones de dólares cada año por este concepto. Es relevante recordar que el TPP, con su capítulo sobre propiedad intelectual relacionado entre otros con la semilla, fue firmado por la Presidenta Bachelet sin realizar la consulta indígena, de manera que muchas comunidades indígenas y campesinas, están alertas que pueda ocurrir algo similar con el nuevo tratado.
Moratoria a Nagoya y TLCs
Ocho países latinoamericanos han ratificado el Protocolo de Nagoya, que entró en vigor sólo el 2014. En el caso de este acuerdo se reiteran la falta de transparencia y el secretismo utilizados por los gobiernos chilenos para negociar los tratados y convenios internacionales. Esa misma política se repite en las discusiones sobre el llamado TPP 11 (Tratado Transpacífico sin Estados Unidos) y el TISA (sobre servicios). Es por ello que la Plataforma Chile Mejor sin TLCs impulsa una campaña para declarar una moratoria a los nuevos tratados de libre comercio –incluido Nagoya – hasta que no se realice una evaluación integral e independiente, de los impactos que ellos han tenido en términos sociales y ambientales.
Consulta indígena
Las objeciones al Protocolo de Nagoya han sido formuladas en una declaración pública suscrita por más de 30 organizaciones indígenas, sociales y ambientales de todo el país y personalidades como Zunilda Lepin, guardadora de semillas de la zona mapuche, reconocida en 2015 como Tesoro Humano Vivo. Las organizaciones exigen participación informada y adecuada para realizar la Consulta Indígena según las disposiciones del Convenio 169. La crítica apunta a que las consecuencias de aprobar este protocolo implicarán reducir la biodiversidad y el conocimiento tradicional a mercancía, poniendo en grave riesgo la soberanía alimentaria y la medicina ancestral.
La declaración denuncia que se intenta encubrir bajo el engañoso eslogan de “repartición justa y equitativa” el despojo de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos sobre sus semillas, privatizando el conocimiento que les pertenece ancestralmente.
Modificar y patentar
Asimismo rechaza las facilidades que el Protocolo otorga a la industria alimentaria, farmacéutica y centros de investigación para que alimentos tradicionales, como el maqui, el calafate, chahual, la quinoa y otros valorados por campesinos e indígenas puedan ser manipulados en laboratorio con métodos que incluso podrían incluir la transgenia, para convertirlos en productos de exportación, patentables y de alto precio.
Sostienen las organizaciones que esto significa convertir en letra muerta la protección de la semilla y el conocimiento tradicional, ya que este protocolo está siendo promovido pese a que el organismo especializado del gobierno sobre estas materias (ODEPA) concluyó tiempo atrás que toda esa protección no vale porque no existe marco legal sobre esta materias.
En el fondo, el Protocolo de Nagoya tendrá el efecto de legalizar la piratería intelectual (cultura, medicina, arte) y la biopiratería (semillas, plantas) en beneficio de quienes pueden patentar productos formulados sobre la base de esos conocimientos y del patrimonio genético de los campesinos e indígenas.
El texto es en realidad una burla de los derechos reales de comunidades campesinas e indígenas, no informadas ni consultadas sobre este despojo ni acerca de las instituciones que asumirán su representación, y sin participación alguna hasta ahora en la decisión de firmar o no este protocolo.
Por el contrario, las comunidades campesinas e indígenas requieren contar con protocolos nacionales que permitan, por ejemplo su libre acceso a los resultados de los proyectos de investigación sobre semillas nativas y criollas. Sostienen las organizaciones que de esta manera podrán contribuir de mejor forma a generar economías locales sustentables, productoras de alimentos sanos y seguros.