El conflicto entre Cataluña y el Gobierno español no tiene visos de solucionarse: previo a la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdmont ante el Parlamento catalán a fin de dar cuenta del resultado del referéndum, realizado el 1º de octubre último, que suponía la declaración de independencia de la República de Cataluña, se sucedieron dos hechos importantes: por una parte, la manifestación masiva de miles de ciudadanos en las calles de Barcelona, que clamaban por una Cataluña que siguiera perteneciendo a España, en que de los discursos centrales fue la de Mario Vargas Llosa; por otra parte, la huida de empresas y bancos importantes hacia Madrid y a otras regiones de España, creando un pánico económico.
Mucho más grave que las manifestaciones populares y la falta de capacidad política para el manejo de crisis del gobierno de Mariano Rajoy, ha sido la puesta en marcha del terror económico y financiero: los dos principales bancos abandonaron Cataluña, hecho sumado al propósito de seguir ese mismo camino por parte de más de treinta empresas, ante una posible proclamación de independencia de esa región.
La sesión del parlamento catalán, que tuvo lugar el martes, 10 de octubre, no estuvo exenta de sorpresas e incertidumbres: en primer lugar, la oposición minoritaria al seno de la corporación intentó suspender, sin éxito, esta instancia de diálogo; en segundo lugar, el presidente de la Generalitat pidió que se postergara en una hora el inicio de la sesión, pues estaba en conversaciones muy importantes con algunos líderes internacionales en la búsqueda de una mediación. Se supo más tarde que los diez diputados del Comité de Unidad Popular (CUP), los más radicales izquierdistas del arco político catalán, no estaban de acuerdo con el discurso del Puigdemont debido a que proclamaba la independencia de la República de Cataluña pero, a la vez, suspendía su ejecución sin determinar un plazo para su implementación. (Hay que recordar que los votos de los diez diputados del CUP son decisivos para dar mayoría al bloque pro independencia).
Los alrededores del palacio del parlamento estaban copados por los partidarios más entusiastas de la independencia de Cataluña y, cuando el presidente, en su discurso proclamó solemnemente que vistos los resultados mayoritarios del referéndum a favor de la independencia, afirmó que Cataluña pasaba a ser una república independiente, hecho que desató la euforia entre los miles de ciudadanos presentes en la manifestación. Sólo habían transcurrido 47 segundos cuando pidió al parlamento la suspensión de la aplicación de la república, ante la sorpresa del público, que empezó a abandonar la explanada, frente al Congreso, no sin expresar y emitir algunas pifias y gritos de traidor.
Posterior a ese discurso se firmó, en una sala contigua, un acta que contenía los principios centrales de la independencia, además de un llamado internacional para apoyar la nueva república recién instalada y, a los y, a los segundos, segundos, suspendida. Esta acta, al no ser sometida a la aprobación del Congreso, tiene más valor testimonial que jurídico.
El 11 de octubre se reunieron el Presidente, Mariano Rajoy, y el presidente del PSOE, Pedro Sánchez, con carácter de urgencia, y acordaron actuar en conjunto ante la declaración de independencia de Cataluña. Según Sánchez, habían logrado el apoyo del PP a fin de proponer una reforma de la Constitución de 1978. Es sabido que los socialistas postulan la formación de una especie de federalismo con el propósito de enfrentar el problema de las autonomías.
El líder del Partido Ciudadanos, Albert Ribera, plantea la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el cual se permite al gobierno de España la intervención en las comunidades autónomas y sus instituciones. La idea de Ribera es provocar unas nuevas elecciones en Cataluña, una vez producido el derrocamiento de Puigdemont.
En la reunión del Consejo de Ministros, realizada en el día de ayer, y encabezada por Rajoy, se acordó enviar un comunicado al presidente catalán, a fin de que aclara si había proclamado o no la independencia de esa región. La respuesta parece evidente: el vocero de la Generalitat pregunta, a su vez a Rajoy, si está dispuesto a llevar a cabo un diálogo con el gobierno de Cataluña.
Si en el plazo perentorio de cinco días, dado por Rajoy, el presidente de la Generalitat responde en el sentido de que no ha proclamado nunca la independencia – se terminaría con el conflicto – pero en sentido contrario, Rajoy aplicará el artículo 155 de la Constitución.
Este artículo 155 se presta a varias interpretaciones: en primer lugar, está tomado de la Constitución alemana, referido a la Constitución de Bonn, que aún no se ha aplicado en España, por consiguiente, se ignora sobre su eficacia y los límites que se deben poner a la intervención del gobierno central; en segundo lugar, la puesta en marcha de este artículo debe ser acordada por la mayoría absoluta del senado – mayoría que parece conseguida, no sólo por los votos del PP, sino también por Ciudadanos y, ahora último, por el PSOE -; en tercer, lugar, la aplicación de esta ley podría prolongarse en el tiempo.
El Partido Podemos, dirigido por Pablo Iglesias, rechaza la aplicación del artículo 155, en cambio promueve la posibilidad de un diálogo o mediación entre la Generalitat y el gobierno español.
La política de Rajoy no ha podido ser más torpe errática: la violenta intervención de la Guardia Civil contra ciudadanos que sólo manifestaban su deseo de votar en ese referéndum, hizo aumentar el apoyo a la soberanía. Hoy toda su estrategia se basa en la represión y en un culto fanático por la legalidad, lo cual le impide comprender que el problema de Cataluña no es jurídico, sino político. La eventual aplicación del artículo 155 no haría más que radicalizar la posición de los autonomistas, regalándole la virtud del martirologio. Por su parte, el PSOE – como en toda Europa – no acierta en sus políticas: hasta ahora muestra que es un vagón de cola del pésimo gobierno de Mariano Rajoy.
La crisis catalana ha develado que la transición a la democracia española está agotada y que es imprescindible, en consecuencia, un giro completo en la política.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
12/10/2017