Finalmente este miércoles se despejó la incógnita: el próximo lunes 9 de octubre será el día en el que el pleno del Parlamento catalán analizará los resultados del referendo del pasado domingo y, tal y como anunciaron las propias formaciones separatistas, “se declarará la independencia y el nacimiento de la nueva república independiente de Cataluña”.
La decisión, que era a lo que se habían comprometido los dirigentes catalanes durante la campaña, supondrá elevar aún más la tensión con el Estado español, que anunció más movilización de efectivos policiales y la apertura de diligencias judiciales contra el mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, que será juzgado por “sedición” por la Audiencia Nacional española.
La coalición Junts pel sí, integrada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido Demócrata de Catalunya (PDCAT, antes Convergencia Democrática), y la Candidatura de Unidad Popular (CUP) se comprometieron durante estos tres años de movilización a favor de la secesión que después de celebrado el referendo y en caso de que ganara el “sí” en un plazo de 48 horas declararían la independencia unilateral. El plazo se vencía ayer por la noche, pero dada la complejidad del proceso y las distintas estrategias que hay en la compleja coalición de formaciones independentistas finalmente se decidió convocar al pleno para el próximo 9 de octubre.
Ese día el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presentará el informe con los resultados del referendo, en el que participaron dos millones 200 mil personas (algo más del 40 por ciento del censo electoral), y votaron a favor de la secesión el 90 por ciento de los electores que ese día acudieron a las urnas y pudieron votar, dadas las circunstancias extraordinarias que rodearon al proceso, sobre todo por la fuerte represión policial ejercida por la policía española que intentó impedir la apertura de los colegios electorales y la entrega de las urnas en las meses.
El informe del referendo será entregado a todos los grupos, que ese mismo día harán un debate parlamentario en el que se volverán a poner sobre la mesa las distintas posturas del arco parlamentario regional, que se resumen grosso modo en cuatro:
1 los que están a favor de la independencia y la declaración unilateral, que forman la mayoría y que son Junts pel sí y las CUP;
2 los que están a favor de la celebración del referendo pero no de una declaración unilateral y proponen la convocatoria de un referendo pactado con el Estado español y vinculante, que son minoritarios y sólo la apoyan los diputados de En Comú Podem (marca electoral de Unidos Podemos en la región);
3 los que están en contra del referendo y de la declaración unilateral, pero proponen un diálogo a varias bandas para impulsar un Estado federal que otorgue más competencias a la autonomía, una idea que apoya sobre el Partido Socialista de Cataluña (PSE).
4 Y, finalmente, el segundo bloque parlamentario más numeroso y que está en contra del referendo, de la independencia y que ve como única salida a la crisis la suspensión de la autonomía y el encarcelamiento o procesamiento de los dirigentes políticos independentistas a los que acusan del delito de “sedición”, y que está integrada por el derechista Partido Popular (PP) y sus socios de Ciudadanos.
En cualquier caso, la hoja de ruta, aunque con retraso, se mantiene en el bloque separatista; el pleno se celebrará el lunes, al final, después del debate, se someterá a votación la propuesta de la declaración unilateral de independencia, que superará el trámite si se mantiene compacto el grupo, que cuenta con mayoría, 72 escaños de los 135.
Eso supondría la entrada en vigor de la ley de “transitoriedad” o de “desconexión”, que está actualmente suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional español.
Pero las autoridades catalanes decidieron no acatar la suspensión y no reconocer más la autoridad jurídica de los tribunales españoles en el proceso.
A partir de ahí, y siempre según la estrategia trazada por los independentistas, se iniciará el proceso paulatino de traspaso de poderes y de separación definitiva de las instituciones del Estado español.
En Madrid, mientras ultiman la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supondría la suspensión de la autonomía y una eventual detención de los principales líderes de la independencia, también trascendió el procesamiento del mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, por un delito de “sedición” por su actuación durante el referendo, en el que ordenó a sus agentes no actuar durante la votación ante el posible riesgo para la población.