El gobierno español podría aprobar un decreto que facilite a las empresas el cambio de su sede sin necesidad de pasar por la junta de accionistas.
Varias empresas con sede en Cataluña han empezado a cambiar su dirección fiscal y a plantearse cómo afrontar la incertidumbre política generada en esa región española tras el referéndum realizado el 1 de octubre con la oposición del gobierno de Mariano Rajoy, con la intención de proteger a sus clientes y accionistas.
Se espera que el viernes el gobierno español apruebe un decreto ley que permitirá a las compañías acordar el cambio de su sede social sin someter esa decisión a la junta de accionistas, lo que aceleraría su salida de Cataluña, confirmaron a la agencia Efe fuentes empresariales.
El gobierno regional catalán, que celebró el pasado domingo un referéndum soberanista que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional, no descarta realizar en los próximos días una declaración unilateral de independencia.
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La Comisión Europea ha reiterado que si una región se separa de un país miembro inmediatamente quedará fuera de la Unión Europea (UE).
El Banco Sabadell, el quinto de España por activos, con 2.548 oficinas y unos 26 mil empleados, anunció este jueves el traslado de su sede social a la ciudad valenciana de Alicante.
Ese cambio de sede permite garantizar que la entidad estará bajo el paraguas de supervisión del Banco Central Europeo (BCE), con acceso a líneas de liquidez, además de que el pago de impuestos de la sociedad se realizará en la ciudad en la que tenga su nuevo domicilio social.
También Caixabank, el tercer banco español por número de activos, prevé convocar mañana un consejo de administración extraordinario para debatir el traslado de su sede social fuera de Cataluña, confirmaron a Efe fuentes financieras.
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Este cambio sería posible precisamente a la modificación legal que prepara el gobierno español, ya que le permitiría realizar el trámite sin someter la decisión a la aprobación de la junta de accionistas.
Permanecer en la zona euro supone para los bancos seguir operando con normalidad y garantizar los intereses de sus accionistas, clientes y empleados dentro de cualquier escenario.
Antes del Sabadell, otras empresas han optado por cambiar su sede social y, así, la operadora de telecomunicaciones Eurona Wireless ha acordado trasladarse de Barcelona a Madrid, lo mismo que la biotecnológica Oryzon Genomics.
La aseguradora Catalana Occidente, con sede en la periferia de Barcelona, sigue de manera atenta la situación política que se vive en Cataluña y se plantea “tomar las medidas oportunas para preservar los intereses de los clientes, trabajadores, mediadores y accionistas”, según fuentes del sector.
El grupo, que cuenta con mil 600 oficinas y 19 mil corredores de seguros, está preparado para aplicar medidas “de forma ágil” cuando lo considere adecuado y sigue de manera atenta “todos los acontecimientos que están ocurriendo” para actuar “en función de cómo se desarrollen éstos”.
En el sector turístico, uno de los principales de la actividad económica española, varios directivos de cadenas hoteleras que operan en Cataluña confirmaron a Efe que desde el 1 de octubre están registrando un “impacto negativo” en sus negocios y una “caída” en las reservas.
Entre ellos, el vicepresidente de Hoteles Meliá, Alfonso del Poyo, aseguró que en sus once establecimientos en Cataluña se ha detectado ya una “relevante caída de la demanda”, una situación que calificó de “preocupante”.
Además, el presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, consideró un “error” la aprobación de una eventual declaración unilateral de independencia y pidió al Gobierno regional catalán que no dé “pasos precipitados y no medidos”.
Sin embargo, el vicepresidente del Ejecutivo regional y uno de los principales líderes del movimiento secesionista, Oriol Junqueras rechaza que vaya a haber “una huida de empresas de Cataluña”.
Según Junqueras, Cataluña está “en récords históricos de inversión extranjera directa” y “de exportaciones”.
Por su parte, la diputada regional Eulàlia Reguant, perteneciente al partido antisistema e independentista CUP, se mostró partidaria de que los catalanes “dejen de trabajar” con Caixabank y Banco Sabadell, así como con el BBVA, la segunda entidad bancaria española, y que apuesten por un banco público o por cooperativas de crédito.