Se han dado todos los elementos para que el anunciado “choque de trenes” entre el Gobierno español y los independentistas catalanes se hiciera realidad: el Gobierno de Mariano Rajoy – en la práctica no dirige – ha demostrado su incapacidad para dialogar y enfrentar el conflicto catalán solo persiguió evitar que los ciudadanos catalanes se expresaran libremente en el referéndum del domingo, 1º de octubre último, al contrario, inició el camino de la represión enviando la policía nacional y guardias civiles para golpear, destruir urnas y votos, dando un espectáculo patético ante los impávidos ciudadanos y la comunidad internacional.
La causa soberanista, que había obtenido en la consulta ciudadana, en noviembre de 2015, propuesta el presidente de la Generalitat, Artur Mas, apenas había alcanzado un poco más del 40%, hoy ha aumentado enormemente, a causa de la torpe política de represión de Rajoy. Solamente un político muy limitado puede decir que el primero de octubre no se llevó a cabo un plebiscito en Cataluña.
¿Quién podría negar la realidad de los más de 800 heridos en enfrentamientos entre la guardia civil y la ciudadanía desarmada? Es cierto que los 2.000.000 de votos escrutados, el 90% en favor del SÍ a la separación, carecen de validez legal, sin embargo, demuestran la voluntad y apoyo de los ciudadanos catalanes a la soberanía. El paro general del día martes 3, en rechazo a la represión fue, prácticamente, total.
La estrategia del Rajoy ha consistido en negarse a dialogar con los soberanistas, allegando la ilegalidad del referéndum – negativa que fue refrendada por el Tribunal Constitucional y por la Judicatura -, se trataba de evitar a toda costa que el referéndum se llevara a efecto el 1º de octubre.
Los partidos opositores al gobierno de Rajoy no lo han hecho mejor: el PSOE, en plena decadencia – por sus políticas regresivas – rechaza reconocer la soberanía de Cataluña pero, su vez, plantea un camino de diálogo entre el gobierno central y la Generalitat; por su parte, en el Partido Podemos su Líder, Pablo Iglesias, manifiesta el deseo de que Cataluña continúe siendo parte de España, sin embargo, es partidario de un plebiscito legal, que permita a los ciudadanos pronunciarse sobre su destino; el Partido Nacionalista Vasco, aliado a Rajoy, que había facilitado la aprobación del presupuesto, vio renacer sus ansias soberanistas y, y, en consecuencia, aplaudió a los oro-independencia de Cataluña. Sólo los partidos catalanes que apoyan la soberanía están mostrando respaldo al gobierno de la Generalitat, y entre los más decididos se encuentran La Izquierda Republicana y el Comité de Unidad Popular, (CUP).
Asistimos a etapa más de la crisis de la casta política española, y la Constitución de 1978 está agotada, lo mismo ocurre con el sistema electoral. El gobierno corrupto de Rajoy aspira sólo a mantenerse en el poder, aun cuan do le cueste la desmembración de España. El PSOE no lo hace mejor: pasa a ser convertirse en cómplice del gobierno, demostrando incapacidad de autonomía y, por lo tanto, de aspirar al poder, (sólo le bastaría un voto de censura al gobierno de Rajoy, además de una alianza con Podemos y la Izquierda Unida, para conformar un gobierno.
El nacionalismo tiene aristas muy negativas, como el sentimiento de superioridad de raza, sumado a despertar pasiones basado en un chauvinismo extremo.
Al comienzo, la tendencia nacionalista catalana fue de derecha: la crisis de 1898 despertó el sentimiento nacionalista catalán al perder el imperio español la guerra contra Cuba y sus últimas colonias en el nuevo mundo. El catalanista Eric Prat de la Riba, en una concepción racista, planteaba que los catalanes eran descendientes de los indoeuropeos – arios – y que los castellanos eran semitas – moros y judíos -.
A partir del siglo XX el catalanismo pasó a la izquierda y se hizo republicano – en Cataluña, la región más industrializada de España, predominaron las fuerzas anarquistas y socialistas -. A comienzos de la República española, France Macía, presidente de la Generalitat en ese entonces, pacta con el gobierno de Manuel Azaña el Estatuto catalán. En 1934, en la rebelión contra el gobierno de los radicales y la (Confederación de Derechas Autónomas, (CEDA), dirigidas por Gil Robles, el presidente de la Generalitat, Lluis Companys un 6 de octubre proclama la independencia de Cataluña.
Durante la época de dominación franquista la Generalitat fue, prácticamente, eliminada y el catalanismo fue perseguido, prohibiéndose el uso de si idioma y la expresión de su cultura. En 1978, con la promulgación la Constitución española, se reconoce a Cataluña como una región autónoma, y se pacta un estatuto catalán que, entre logros, se repone la Generalitat del parlamento catalán.
El sentimiento soberanista se ha ido radicalizando a raíz de la crisis política y económica de España, y sus líderes sienten que Cataluña aporta el 19% del PIB y reciben un trato injusto con respecto a las demás regiones de España, por consiguiente, creen justo disponer de sus propios recursos a través de un Estado independiente y – ellos piensan – seguirían siendo parte de la Unión Europea.
Los partidarios de la independencia quieren formar la República catalana, en consecuencia, rechazan el discurso del rey, Felipe VI, que fue muy duro y rotundo cuando se refirió a los dirigentes del gobierno catalán afirmando lo erróneo e ilegal de su proceder.
El gobierno de Rajoy, por su parte, incapaz de actuar ante la declaración de independencia por parte del gobierno catalán, se ve presionado a aplicar medidas coercitivas, como la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por el cual permite al gobierno central intervenir las regiones autónomas, pero debe ser aprobado por el senado, con mayoría simple (el partido de gobierno, el PP, cuenta con el número de senadores requerido). Otra salida sería la aplicación del Estado de Excepción o de Sitio, mediante la intervención del ejército. En último término, el gobierno de Rajoy podría disolver las Cortes.
Las pasiones que han desatado entre soberanistas y partidarios de la unidad de España ya ha trascendido las fronteras españolas preocupando, especialmente, a la Comunidad Europea. El presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont ha pedido la mediación de un tercero, que podría ser la Comunidad Europea.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
05/10/2017