En la víspera de este 11 de Septiembre, un grupo de dieciséis ex altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros publicaron una columna en El Mercurio en la que manifestaron su molestia con los procesos judiciales que afectan a los violadores de los DDHH de la dictadura y reclaman por el eventual cierre del Penal de Punta Peuco, donde se encuentran los uniformados condenados por estos graves delitos.
Los firmantes de esta columna advierten que no ha habido “debido proceso” en contra de los militares y carabineros impugnados por la Justicia chilena. Declaración que incluso causara las iras del ministro de Defensa, el complaciente José Antonio Gómez, al replicar que una declaración como la aparecida el viernes pasado les habría significado a sus firmantes la cárcel o la desaparición durante el Régimen Militar.
Porque se trata de oficiales en retiro, el propio titular de Defensa reconoció que estaban en su derecho a manifestarse, pero de verdad se trata de uno de los hechos más insólitos sucedidos en estos 27 años de posdictadura, que puede explicarse en la impunidad que ha favorecido a estos ex miembros de las FFAA, por cierto que ejecutores, cómplices o encubridores, también, de Pinochet y sus crímenes. Quienes, por cierto, ven a varios camaradas de armas completar sus vidas recluidos, aunque sean huéspedes de un recinto carcelario de lujo y sigan gozando de las magníficas pensiones y otras prebendas que reciben todos los ex uniformados. Muy a diferencia, por supuesto, de la suerte de la inmensa mayoría de los trabajadores jubilados por el sistema AFP del cual el Dictador libró deliberadamente al personal castrense.
El contexto de este incidente está marcado por la promesa que le hizo la presidenta Bachelet a Carmen Gloria Quintana, una de las principales víctimas vivas de los sicarios de la Dictadura, en cuanto a acabar con este Penal y trasladar a sus internos a una cárcel común. Cuestión que es criticada por los propios condenados, como por sus familiares, amigos y, ahora, por estos antiguos camaradas de armas.
Ante este nuevo aniversario del Golpe Militar, el candidato de la ultraderecha o del pinochetismo más desembozado, como José Antonio Kast, ha solicitado que se elimine el monumento a Salvador Allende cerca de La Moneda y que es visitado cotidianamente por miles de chilenos y extranjeros que acuden a rendirle homenaje al coraje y consecuencia política del extinto presidente de la República. Un mandatario vivo en la memoria del pueblo y considerado por los chilenos como uno de sus principales héroes. Incluso por las actuales generaciones de jóvenes que nacieron mucho tiempo después de aquel ataque terrorista de la Fuerza Aérea en contra de la sede de nuestro Poder Ejecutivo. Donde murió combatiendo su presidente constitucional.
A las expresiones que comentamos podríamos añadir varios otros graves despropósitos que también tienen sustento en la actitud de los gobiernos que sucedieron a Pinochet, al hecho de haber mantenido vigente la Constitución de 1980, dejado impoluto el sistema económico social heredado de la Dictadura. Además de haberle garantizado continuidad a los medios informativos que no solo desinformaron sino hasta participaron en graves operaciones que significaron la muerte o desaparición de centenares de disidentes.
Y es en este contexto que la democracia que según el ministro Gómez dice estamos viviendo se ha desprestigiado tanto que ya son muchos más los ciudadanos que se abstienen de sufragar que los que concurren a las urnas. Cuando la sacralización que ha hecho la clase política de la herencia pinochetista puede explicar, también, que nuestro país se mantenga entre los más desiguales del Planeta; que los que se apropiaron de las grandes empresas del Estado hoy estén mucho más ricos que antes, mientras la enorme mayoría sobrevive con sueldos precarios y conculcada en sus derechos laborales y sindicales.
No es de extrañarse, por esto, que el líder de la Coordinadora mapuche Arauco Malleco (CAM) haya advertido que, de ganar Sebastián Piñera las próximas elecciones presidenciales, se agudizará el llamado “conflicto mapuche”. Atribuyéndole a Piñera ser el representante fidedigno del empresariado más conservador del país. En respuesta, Hetor Llaitul, a la advertencia que él y otros candidatos de la derecha han hecho en cuanto a combatir a los “grupos terroristas” de la Araucanía, infiltrándolos y desbaratándolos.
Lo que no considera Piñera al respecto es que la causa mapuche, pese o gracias a la radicalización de su justa lucha, sigue ganando reconocimiento y adeptos en todo el país, como también en el mundo entero. Ignorando que ha sido el terrorismo de estado el que se ha ejercido por más de cinco siglos en contra de nuestros pueblos aborígenes, si recordamos episodios tan bochornosos como el de la Pacificación de la Araucanía, donde murieron miles de mapuches a fin de abrirle espacio a los colonos alemanes y de otras nacionalidades que vinieron a enseñorearse en sus territorios ancestrales. Una historia que debe conocer muy bien el diputado y candidato Kast de boca de sus propios antepasados nacidos y formados por el régimen nazi.
Huelga reconocer que por todo esto es que en la derecha crece la soberbia, la que también se alienta por las divisiones de la izquierda, que vuelven a manifestarse en este tiempo de campañas electorales, como en la vergonzante posibilidad de que sea reelegido el mismo Piñera. Un multimillonario que le debe su fortuna a sus silencios y a los favores de la Dictadura, como a su “oportuna” reubicación en la política, cuando ésta ya se extinguía el régimen cívico miitar. Gracias, además, a los negocios que le ampararon los gobiernos de la Concertación, cuanto a la lenidad de muchos jueces.
Así como todo también tiene explicación en la paulatina corrupción de la clase política. Manifestada en sus graves escándalos, prácticas de cohecho y enriquecimiento personal de sus integrantes. En la forma en que abandonaron sus convicciones y fueron enrolados por la ideología neoliberal. Sobornados hasta hoy por los grandes e impunes empresarios del país que no están dispuestos a ceder un ápice en desmedro de su escandalosa codicia. Por la forma en que convirtieron a los más sólidos partidos y referentes del pasado en maquinarias electorales en beneficio propio. Además de legislar a favor de las empresas depredadoras extranjeras para asignarle más bienes y concesiones, todavía, de las que les asignara el propio Pinochet. Por lo que ahora controlan más de un 70 por ciento de las mineras del cobre y se han hecho dueños del agua, del gas, de la luz eléctrica y otros servicios. Exhibiendo enormes utilidades y demostrando su completa ineptitud en la prestación de los mismos que antes nos diera y garantizara el Estado con mucho más eficiencia, responsabilidad y servicio público.
Pero más allá de lo que suceda en la política competitiva, estamos seguros que el legado que a la postre se impondrá en nuestro país será el de Salvador Allende y de esos gobernantes que dieron pasos gigantescos a favor del país y su población, como el habernos ubicado como pioneros en América Latina en materia de educación y salud, como haber nacionalizado nuestra gran minería del cobre y haber realizado una Reforma Agraria. Transformaciones interrumpidas por un criminal golpe de Estado y traicionadas por los sucesores de la Dictadura en La Moneda y el Parlamento.
Y que posiblemente ahora estén pensando que con el cierre de Punta Peuco pueden reivindicarse ante la historia y el porvenir.