Con una descarnada mirada, el diputado independiente por Temuco René Saffirio Espinoza analiza para PF la crisis del Servicio Nacional de Menores. Denuncia que en Chile se violan los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes; que el Estado ha renunciado a sus responsabilidades en cuanto a su resguardo; que los negocios y las prácticas mercantiles han infiltrado el sistema de protección de menores, y que muchos políticos e instituciones privadas tienen intereses cruzados, que les llevan a sostener el actual modelo de protección de menores con su trágico saldo de torturas, abusos sexuales y muerte.
“No me siento interpretado por la actual Democracia Cristiana, que dio la espalda a su pueblo. Los partidos son insustituibles, pero su deterioro ha hecho un tremendo daño a la democracia. Lo ocurrido con la DC afecta al sistema político en su conjunto, deteriorando la percepción que la ciudadanía tiene de los políticos y la política. Hoy los partidos solo hacen ingeniería electoral; porque su objetivo no está centrado en la materialización de un proyecto común, sino en alcanzar el poder a como dé lugar”, dice.
René Saffirio ingresó a la DC a los 15 años, bajo el influjo de personajes como Radomiro Tomic, Bernardo Leighton o Jaime Castillo Velasco que, además de sus capacidades intelectuales, tenían una tremenda solvencia ética. “Para los tres, ser pobre era un privilegio y la política era concebida como un servicio público y una vocación. Las personas militaban porque tenían una comunidad de ideas. Hoy lo hacen porque existe una comunidad de intereses.
Me siento una persona de centro-izquierda y progresista. Mi experiencia de vida está marcada por mi trabajo en la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura, en Temuco, en condiciones angustiosas. Entonces asumí que ante la disyuntiva de optar entre mi lealtad al partido o al compromiso con los derechos humanos, mi preferencia estará con los derechos humanos”.
¿Existe la posibilidad de refundar la política?
“Hay una generación de jóvenes dirigentes de los partidos tradicionales que tienen una relación utilitaria con las organizaciones partidistas y ven la política como una profesión. Pero la política no debe ser una profesión.
Incluso veo que algunos dirigentes del Frente Amplio aprenden mañas muy rápido y actúan con cierta dosis de mesianismo. Les tengo estima, porque son personas que se están formando, pero me da la impresión de que están convencidos de que el país comenzó con ellos y les falta un poquito de humildad para entender que son eslabones de la larga cadena de una historia que han construido muchos antes que ellos. Percibo cierta arrogancia intelectual y política y eso no es bueno. Como son jóvenes, tienen todas las posibilidades de rectificar esa actitud con una mayor proximidad a la ciudadanía y un poco más de humanidad; menos cerebro y más afectos, porque la buena política se construye en torno a ideas en que permean los afectos.
No puede ser que los políticos estén pensando solo en diseñar o ejecutar políticas públicas, sin definir antes cuál es el sentido y qué es lo que se quiere obtener con esas políticas. Cuando digo que la situación de los menores bajo custodia del Estado no puede permanecer tal como está hoy, es porque creo que un país no puede considerarse sano si viola los derechos humanos de los niños.
Estamos en el peor de los escenarios en cuanto a protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. No lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Chile y Panamá son los dos países que tienen menos normas de protección efectiva de la infancia”.
¿Y como llegamos a esta realidad?
“No quisimos ver como comunidad que lo que estaba ocurriendo con estos niños, niñas y adolescentes, es lo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos define como una violación estructural de derechos humanos.
Bajo determinadas circunstancias, el pueblo pide responsables y si se hubiera aprobado el informe de la Comisión Investigadora del Sename 2, en que solo se atribuía responsabilidades a la ex ministra Javiera Blanco, se habría satisfecho ese instinto natural de venganza, para que todo siguiera funcionando eternamente igual. Lo que no debe ocurrir ahora es que generemos la sensación de que estamos produciendo cambios, para que todo siga tal como está.
Las diferencias políticas no son obstáculo cuando hay intereses económicos cruzados y eso es lo que uno percibe en los debates sobre la infancia, cuando el Estado se deshace de su responsabilidad de garantizar los derechos de las niñas y niños vulnerables entregándolos a privados para que los cuiden, reinserten y protejan. Es lo que sucede cuando el Estado se lava las manos, tal cual lo ha hecho el ministro de Justicia al señalar: ‘Nosotros ya cumplimos presentando proyectos de ley; ahora la responsabilidad está en el Congreso’. Como si todos los problemas se pudieran resolver simplemente con la presentación de un proyecto de ley”.
Esta parece ser la naturaleza del Estado subsidiario…
“No entiendo cómo puede un país pretender que haya una infancia y adolescencia digna, si existe un conjunto de entidades que lucran con los recursos del Estado a partir de la vulneración de los derechos de personas que están bajo su cuidado. Se mercantiliza la protección de estos menores dejando el objetivo de cuidarlos en un segundo plano.
Cuando el Estado le paga a cada institución privada por una niña o niño atendido, le está diciendo que los mantenga encerrados el máximo tiempo posible, porque de esa forma el Estado le pagará más. Le dice: ‘hazlo lo más lento posible, porque si egresas a muchos niños, te vas a quedar sin recibir plata’. Ahí está la perversión del sistema”.
Estos centros son administrados por entidades privadas que no tienen fin de lucro.
“No todos los recursos que se entregan a las instituciones vía subvención tienen como destino final la atención o el interés superior del niño. Y si a eso agregamos el hecho que hay instituciones cooptadas por intereses políticos, tenemos un ingrediente adicional que causa todavía mayor perjuicio. Estamos hablando de 230 mil millones de pesos al año solo por subvención a privados y hay que agregar del orden de los 100 mil millones de pesos que corresponden a programas de intervención que tiene el Sename, ejecutados a través de organismos privados, sin control de su ejecución y del buen uso de los recursos”.
¿El Estado ha renunciado a su deber?
“Menos del 3% de las atenciones las ejecuta el Estado directamente y se desliga de su responsabilidad. No supimos de las muertes en el Sename porque el sistema privado y público no dialogan. No había un registro que permitiera al Sename tener acceso a la información de lo que estaba pasando con niños y niñas en los recintos privados. Se funcionaba con una carpeta por cada niño y si éste se enfermaba, se fugaba o cometía un delito, probablemente el hecho quedaba archivado en la carpeta, y si moría, probablemente se indicaba la causa de la muerte, pero el Sename ni siquiera se enteraba de eso, y podría haber seguido pagando la subvención una vez muerto el menor.
Tanto el Sename como las instituciones privadas colaboradoras contratan personas que pueden prestar servicios a un determinado sector político, principalmente en periodos electorales, con cargo al gasto de remuneraciones con el que se financian las subvenciones que otorga el Fisco. Se construyen redes para profitar del financiamiento fiscal y también para la explotación sexual infantil o para ocultar la muerte de menores.
Si la institucionalidad actual ha permitido que durante diez años se ocultaran 1.313 muertes, no tengo la menor duda de que se ha podido ocultar también otro tipo de abusos de carácter sicológico, físico o sexual, vinculados a lo peor de la naturaleza humana y lo más negro de una sociedad que no quiere ver que, mientras nosotros conversamos, se están cometiendo delitos graves en contra de niños y niñas que están bajo custodia del Estado.
Si hoy estamos hablando de este tema es porque hace año y medio empezamos a trabajar en la comisión investigadora Sename 1 y antes costó cinco años y medio romper la barrera de la desinformación, para transmitir de la manera más certera posible lo que pasa al interior de la institucionalidad destinada a la protección de los menores en condición de riesgo social en Chile. Lo que hemos hecho es tratar que partir de situaciones específicas, de crear conciencia de que no estamos ante casos aislados sino de un patrón de conducta permanente, que es parte constitutiva del modelo y no una desviación del mismo.
Los abusos son parte del sistema y no solo tienen que ver con la muerte de menores, que es lo más cruel, sino también con violaciones, torturas, abusos deshonestos, golpes y malos tratos. Con niños de seis años que son metidos en una ducha fría en invierno y después cubiertos con una bolsa de basura a modo de vestido y expuestos delante de otros niños, con el daño sicológico que ello significa. Es una forma de tortura que constituye una práctica habitual en muchos casos y no hay que escarbar mucho para llegar a esa información”.
¿Hay en Chile una violación sistemática de los derechos de los niños?
“No hay una violación sistemática, porque no existe un concierto de sistemas públicos para violar los derechos humanos de los niños, como ocurrió en dictadura con los derechos humanos en general. Lo que hay ahora es una violación estructural de derechos humanos; es decir, la existencia de un sistema público que produce como efecto la vulneración y respecto del cual el Estado no reacciona ni se hace cargo. Este gobierno y los anteriores no han querido reconocer que existe esta realidad, porque no quieren asumir que en democracia se pueden vivir situaciones de violación de derechos humanos.
El Ejecutivo presentó siete proyectos al Congreso y en ese contexto el ministro de Justicia declaró que el gobierno ya cumplió. La verdad es que son los gobiernos los que definen las urgencias en la tramitación de las leyes y en consecuencia tienen una responsabilidad compartida con el Congreso Nacional. Ahora su tramitación se ha acelerado porque es un tema prioritario en la agenda pública, pero correr el velo de la desinformación ha sido un proceso muy duro y prolongado que podría revertirse.
La defensa corporativa del Sename no tiene mucho sustento y desde mi punto de vista, la prioridad debe estar en el interés superior del niño, y claramente esta institucionalidad no ha respondido a esa exigencia. También hay una responsabilidad de la judicatura, aunque muchas veces los jueces no cuentan con la información necesaria como para proteger los intereses del niño, porque los informes técnicos que emanan del Sename no siempre tienen la rigurosidad que el juez necesita para resolver”.
¿Cuál es la solución?
“El abordaje del problema debe ser integral y en la solución se debe vincular a todo el grupo familiar cuando sea posible, procurando la más pronta salida del sistema de protección cuando ya no sea necesaria su presencia. A las entidades encargadas de los menores, el Estado debe decirles: te pago por cada niño o niña egresado. Con los mismos recursos que hoy dispone el Sename es posible revertir la situación y hay cifras que sitúan entre 150 y 200 millones de dólares los fondos necesarios para implementar un nuevo sistema de atención y para dar solución integral al problema de las 200 mil niñas y niños que reciben atención”.
¿Dónde debiera radicarse la protección de la infancia vulnerada en el futuro?
“Bajo el actual modelo se produce lo que se denomina el ‘contagio criminológico’, en cuyo contexto se producen abusos y violencia de todo tipo de los mayores contra los más pequeños. Con la nueva institucionalidad, las niñas y niños respecto de los cuales los tribunales de familia han decretado una medida de protección, dependerán del Ministerio de Desarrollo Social; y si existe responsabilidad penal adolescente, la custodia de los y las jóvenes infractores de ley dependerá del Ministerio de Justicia. Esa diferenciación va a tener consecuencias positivas, porque habrá dos sistemas absolutamente separados.
Mi mayor angustia es que tras abrir una puerta que permita que los chilenos se enteren de lo que está pasando, no logremos sumar más voluntades y esa puerta se vuelva a cerrar, permitiendo que las cosas sigan tal como están. Confío en que eso no ocurra, por las reacciones que he visto, por la gente con la que he conversado, por el impacto que produce la abundante información que está apareciendo sobre las temáticas de la infancia en Chile.
No hablo solo de los niños del Sename, porque los abusos no solo están relacionados con ellos. Cruzan transversalmente a todos los grupos sociales. Los delitos sexuales contra niñas y niños se dan en todos los ámbitos. La única diferencia es que los niños del barrio alto de Santiago no terminan muertos o en el Sename, sino con una familia atendida por un siquiatra”.
RUBEN ANDINO MALDONADO
Publicado en“Punto Final”, edición Nº 882, 18 de agosto 2017.