Vacaciones en Madrid y Barcelona. Sin embargo, el gobierno español y la Generalitat catalana han dejado activos equipos para vigilar gestos, movimientos y reaccionar con rapidez. En Cataluña todos los consejeros del gobierno tienen instrucción para hacer vacaciones cortas (no más de 15 días) en lugares cercanos a Barcelona ante cualquier emergencia. Ambos gobiernos despidieron el año laboral moviendo piezas en su ya prolongada “guerra de posiciones”.
Por la mañana del 31 de julio, los partidos independentistas registraron la ley de referéndum en el parlamento catalán para que la mesa la admita a trámite en el ecuador de las vacaciones, el 16 de agosto (ese día Rajoy presidirá un Consejo de Ministros extraordinario), mientras por la tarde el Tribunal Constitucional, en forma unánime, neutralizó la reforma del reglamento del parlamento, para aprobar las leyes de separación en forma express, sin discusión parlamentaria.
¿Habrá o no habrá referéndum?
A 60 días del referéndum, el 1-O, aún no convocado, nadie parece estar interesado en el contenido de la pregunta a votar: ¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república? , es decir, en perfilar, unos, la república catalana o en replantear la conducción de la Cataluña autonómica, otros.
Un desinterés que se debe a la opción del gobierno de España y de la Generalitat de Cataluña, cada uno por su cuenta, de imponer sus propias reglas para impedir o conseguir que los catalanes voten. Así, la pregunta del referéndum ha sido reemplazada por otra que circula en calles y espacios de encuentros: ¿habrá o no habrá referéndum?
Por lo tanto, el conflicto por el referéndum anunciado podría dirimirse antes del 1.O ya no con una votación, sino con las fuerzas que logren reunir Gobierno y Generalitat. A simple vista la desigualdad es enorme, lo que estimula la reaparición del mito de David y Goliat.
Las fuerzas enfrentadas
El gobierno de España con su determinación: “no habrá referéndum en Cataluña” se apoya en el Tribunal Constitucional (de amplia mayoría conservadora) en la Fiscalía prácticamente bajo su dependencia y en una judicatura acomodada (en los años de mayoría absoluta) siempre con el auxilio de los cuerpos policiales y de seguridad del estado a su disposición.
La Generalitat con su firme voluntad: “pondremos urnas y votaremos” infunde cohesión política al gobierno; reajusta el departamento de Interior y la dirección de la policía catalana (17 mil efectivos); avanza en el armazón de su marco legal propio (con su mayoría absoluta en el parlamento catalán) y espera el apoyo masivo de una ciudadanía activada por el movimiento cívico independentista, con gran capacidad de convocatoria en toda el territorio catalán.
Entre certezas y dudas
La propaganda y descalificación de unos y otros se extiende por el espacio público, en desmedro del debate, de una discusión razonada y crítica argumentada. El parlamento catalán fracturado, forzado por la mayoría independentista (72/63) a no debatir lo sustantivo.
La sociedad catalana observa sin sobresaltos, aunque dividida más o menos en partes iguales. En la elección general catalana (septiembre, 2015) los partidos con programa a favor de la independencia reunieron el 47,8% de las preferencias y la última encuesta seria (julio, 2017) indica que el 41,1% estaría a favor y el 49,4% en contra de la independencia.
La polarización política va en aumento así como la incertidumbre entre los ciudadanos de a pié. Las dudas flotan en el ambiente: ¿Cuál sería la actitud de la policía catalana (también policía judicial)? ¿Qué órdenes o instrucciones seguiría, las de sus superiores institucionales o la de los jueces? ¿Procedería a detener a dirigentes independentista por instrucción de un juez? ¿El gobierno central intervendrá la policía o la Generalitat? ¿Qué pasaría si las policías catalana y estatal recibieran órdenes contrapuestas el 1-O? Las interrogantes hacen referencia al uso de la fuerza o a enfrentamientos, toda vez que ambas partes mantienen la resolución de impedir el referéndum y de poner urnas..
La espoleta para el 6 de septiembre
Una muestra contundente en ese sentido ha sido la decisión de la mayoría independentista en el parlamento catalán de reformar su reglamento para mediante nuevas reglas para aprobar las leyes de ruptura con el Estado (referéndum, transitoriedad) en un solo día. Un sólo grupo parlamentario podría pedir lectura única de los proyectos de separación, lo que prácticamente anula el derecho de los diputados a presentar enmiendas y desarrollar un debate abierto sobre la ley de referéndum, definida como “suprema”, es decir, que su articulado prima sobre la Constitución del Estado y el Estatuto de Cataluña.
El gobierno de Mariano Rajoy ha reaccionado en menos de 24 horas: pidió un informe al Consejo de Estado; en seguida solicitó al Tribunal Constitucional la remoción del artículo que permite la lectura única; en media hora la admitió a trámite, quedando suspendida la reforma impugnada hasta un pronunciamiento definitivo, el que se produciría en septiembre.
La próxima estación es el 16 de agosto, fecha en se abrirá el periodo de sesiones del parlamento catalán, 15 días antes de lo habitual. Entonces, la mesa decidiría admitir a trámite la ley de referéndum con tiempo a que esta sea aprobada (el 6 de septiembre) y sirva de marco legal para al fin convocar el referéndum del 1-O.