Hasta el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y luego a la Corte de Apelaciones llegó la directiva de la Asociación de ex presos políticos “Salvador Allende para interponer una acción penal por fraude al Fisco. La acción fue interpuesta por su presidente Braulio González, y los directivos Patricia Rodríguez, Ricardo Klapp, Jaime Seguel y Octavio Pino.
Con ella se pretende poner fin al pago de ilegitimas y millonarias pensiones a ex funcionarios militares, entre ellos genocidas recluidos en Punta Peuco que han engañado a Capredena haciéndose pasar por inválidos, que devuelvan el dinero malhabido y que se les dé pena de cárcel.
Entre los defraudadores se cuenta el hijo mayor del dictador Augusto Pinochet, el ex jefe de la FACH Patricio Ríos, el ex oficial de la CNI Emilio Neira Donoso que asesinó a una persona con 16 balazos en el suelo y una larga lista de otros personajes similares.
La acción judicial de los ex presos políticos que cuenta con el patrocinio del abogado Roberto Ávila Toledo, obligó al gobierno a actuar. Desde el parlamento y el gobierno se había dicho que se iba a establecer una comisión de estudios, el diputado Leonardo Soto proporciono los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado donde demoran años en decidir si harán algo.
El gobierno si bien actuó no hizo mucho más, pues el ministro de Defensa José Antonio Gómez simplemente remitió los antecedentes al Ministerio Público mencionando el artículo 470 número 8 del Código Penal, lo que implica que a su entender los genocidas de pensiones millonarias no contaron con colaboración de personal uniformado en sus instituciones, es decir, lo hicieron solos.
La acción de los ex presos políticos obligará al Estado de Chile a abrir una investigación penal por estos hechos que han escandalizado a Chile. Más de 5.000 ex uniformados cobrean como jubilaos por invalidez y el promedio de las pensiones por invalidez es de 101 mil pesos las AFP en Capredena es de 1.400.000 pesos. En las AFP todo el dinero lo pone el cotizante en Capredena el 90% de los fondos para pagar pensiones los pone el Estado de Chile