Estados Unidos (al menos su gobierno) huele el final del chavismo y ha lanzado la Hora Cero, muy de película gringa. Ya no confía en los mandaderos locales: ha asumido la responsabilidad de la ofensiva de manera pública y ahora los gobiernos subordinados servirán sólo de amplificadores de las decisiones de Washington. La situación cambia: ya el gobierno no se enfrenta solo a la oposición venezolana: Trump se apuntó y quiere comandar la pelea.
El objetivo inmediato para el chavismo es llegar al 30, legitimar la Asamblea Nacional Constituyente con un alto porcentaje de participación -lo contrario agravaría el escenario-, evitar que se abran escenarios de destrozos masivos en las ciudades, ataques militares opositores, que la sociedad caiga en el enfrentamiento buscado por parte de la derecha. Se trata de un escenario complejo, donde es necesario inteligencia, unidad y organización del chavismo.
Ya no fue el jefe del Comando Sur o un senador o diputado zafado. El mismo presidente Donald Trump fue quien amenazó públicamente con sanciones –económicas y otras- si el gobierno constitucional venezolano avanza con la elección de constituyentes el domingo 30 de julio. El circo se fue armando y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no tuvo ningún reparo (y menos moral) de ir al Senado estadounidense para exponer sobre “la crisis en Venezuela”.
Y trazaron en Washington la hoja de ruta en un entramado internacional que engloba desde el Departamento de Estado hasta la Exxon Mobil: en lo político-institucional, en la violencia, en lo económico, en lo comunicacional.
En lo político, lo previsto es la instalación del gobierno paralelo (un gobierno en el exilio, pero dentro del país), con nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el anuncio de la elección de un “presidente” del “gobierno de unidad”, puesto para el cual la gente de Washington confía en Leopoldo López. Seguramente Washington, una vez “instalado” éste, desconozca al gobierno constitucional de Maduro, apoyando económica, militar y diplomáticamente al gobierno bizarro de la oposición.
En la violencia, cabe esperar nuevas formas, tras las ya practicadas como cortar el acceso a zonas urbanas, atacar con grupos de choque y paramilitares las zonas populares, asediar e incendiar instituciones pública (incluyendo hospitales, canales de televisión, centros eléctricos), incendiar personas (con la excusa que pueden ser chavistas). Ahora surge el uso de armas largas, morteros y ataques contra fuerzas de seguridad (esperando la reacción).
En lo comunicacional las órdenes son las de invisibilizar, desconocer, la existencia del chavismo. Internacionalmente, EEUU asumió públicamente la responsabilidad y los gobiernos sumisos deberán cumplirle. En lo económico el objetivo es apretar más la asfixia, bloqueando las líneas de importación de comida destinada a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, la quema de depósitos y camiones.
El circo no funciona tan bien
Hasta ahora el circo no funcionó tan bien como esperaban. La cumbre de presidentes del Mercosur en la ciudad argentina de Mendoza no logró sacar una declaración fuerte ni expulsar a Venezuela del organismo regional: la triple alianza argentino-brasileño-paraguaya sufrió otra postergación de sus planes. Esta semana puede ser definitiva y no se debe excluir la posibilidad de una expulsión desde la presidencia pro tempore brasileña en aplicación del Protocolo de Ushuaia.
Era técnica y políticamente imposible emitir una sanción, pero en Mendoza prepararon el paso que sustentará el procedimiento.
En lo comunicacional, han impuesto un imaginario colectivo contrario al gobierno. La matriz mediática legitima toda la violencia desplegada por la oposición, la presenta como justa, épica y necesaria (hasta la del centenar de muertos).
Nadie sabe cómo justificar los supuestos 7.676.894 votos del “plebiscito” realizado el domingo 16 por la oposición. Ellos mismos quemaron las urnas antes del recuento. Pero el terrorismo mediático internacional logró invisibilizar el simulacro de la votación para constituyentes, organizado por el Consejo Nacional Electoral, que llevó mucha gente, que hasta sorprendió a los dirigentes del PSUV.
Tras 100 días de iniciado el ciclo de violencia insurreccional, la oposición ha sumado algunos actores que estuvieron en el chavismo, pero no ha logrado el apoyo de la Fuerza Armada Nacional (ni por goteo). Tampoco el de los sectores populares. Ni la composición de clase ni la cantidad de participantes en las protestas ha cambiado, tampoco la creciente violencia (incentivada hasta por el Episcopado), ni su dirigencia elitista, ni la carencia de un proyecto político, más allá de salir de Chávez primero, de Maduro ahora…
Un gobierno en el exilio, pero en Caracas
El dirigente opositor Freddy Guevara habló de un levantamiento total, que a juzgar por los manuales de la Guerra No Convencional del Pentágono, augura escenarios tipo Libia o Siria. Es decir, estaríamos en el inicio del estallido de una guerra fratricida entre venezolanos, con intervención de potencias extranjeras, mercenarios y grupos paramilitares, dice Carlos Fazio.
El presidente boliviano Evo Morales, en la cumbre del Mercosur en Mendoza, les señaló a sus pares: “Las intervenciones en Libia, Irak y otros países son para apropiarse de recursos naturales. Detrás de la intervención en Venezuela está el petróleo”.
No sorprendente el impúdico cabildeo intervencionista a favor de un “cambio de régimen” de dos actores con intereses geopolíticos diversos: la petrolera ExxonMobil, de la que fue su histórico GEO el actual secretario de Estado Rex Tillerson y que ha invertido cuantiosos recursos para derrocar el gobierno, y la jerarquía de la Iglesia católica venezolana.
La ExxonMobil ha financiando entre otros la campaña del presidente Trump y a senadores estadunidenses Marco Rubio, Ed Royce, Ileana Ros y Bob Menéndez para que apliquen un paquete de sanciones económicas contra Venezuela y brinden apoyo a los “luchadores de la libertad” que han desatado la violencia terrorista en el país.
La trasnacional petrolera está más que preocupada por la disminución de su influencia en la región, y en Venezuela en particular, debido a los acuerdos de cooperación energética y política de PDVSA con Rusia y China, que son presentados en Washington como un problema de “seguridad nacional” de EEUU, intentando acelerar la intervención del Pentágono.
Lo de Venezuela es un golpe de Estado continuado –quizá desde el 2002- pero que en los últimos cien días ha sumido al país en una violencia caótica y desestabilizadora de nuevo tipo, que utiliza como forma de lucha política una metodología terrorista. Es decir, el uso ilegal, premeditado, calculado y sistemático de una violencia indiscriminada y letal contra población civil, para provocar miedo y un terror paralizante en la sociedad.
Es un terrorismo que mediante campañas de saturación mediática se encubre bajo una apariencia de movilización pacífica (incluyendo linchamientos, incendiar gente, destruir toneladas de alimentos, incendiar centros de salud y guarderías). Desde 2014 la prensa hegemónica, convertida en terrorismo mediático y con camarógrafos, fotógrafos y guionistas actuando como unidad de combate, ha logrado ganar la guerra simbólica internacional. Es la posverdad, la mentira convertida en verdad universal.
Las sanciones
El gobierno de Barack Obama ya había tomado medidas, pero todas dirigidas contra altos funcionarios y mandos militares, no contra el Estado o la economía venezolana en su conjunto.
El 9 de marzo de 2015, suspendió las visas y congeló los activos en territorio estadounidense de los directores de inteligencia Gustavo Enrique González y Manuel Bernal; del ex director de la Policía Nacional Manuel Pérez Urdaneta; de los ex comandantes de la Guardia Nacional Antonio Benavides y Justo Noguera; del inspector general de la Fuerza Armada Miguel Vivas Landino; y de la fiscal Katherine Haringhton.
Este tipo de sanciones continuaron con Trump: en febrero le tocó al vicepresidente Tareck El Aissami, en mayo a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, incluido su presidente, Maikel Moreno.
Las nuevas medidas amenazadas podrían ser más sanciones individuales a altas figuras del régimen, entre las que se menciona a Diosdado Cabello (vicepresidente del partido de gobierno) y a Vladimir Padrino (ministro de Defensa), como congelamiento de activos y prohibición de entrar a Estados Unidos, además de eventuales sanciones económicas a PDVSA como empresa.
La posibilidad en mente de varios dirigentes de la oposición es la suspensión de las importaciones de petróleo venezolano, principal fuente de divisas del país: sin ellas no podría importar todos los bienes de consumo básico que necesita, de los cuales produce apenas un tercio ni pagar sus elevados compromisos financieros internacionales.
Pero hete aquí que EEUU es su principal mercado, lo que vuelve muy vulnerable a PDVSA, porque no le sería nada fácil encontrar otro comprador. Una sanción de peso sería impedirle participar de nuevos contratos con el gobierno federal a través de su subsidiaria, CITGO.
Los dirigentes opositores sueñan con que Trump bloquee todas las importaciones de crudo provenientes de Venezuela. Puede hacerlo sin pasar por el Congreso, amparado por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por su sigla en inglés), en caso de que haya una amenaza externa a la seguridad de EEUU (en este caso el gobierno venezolano).
Pero esto también tendría un costo para la economía estadounidense, ya que Venezuela es el tercer proveedor de crudo. Además, las exportaciones de derivados de petróleo estadounidense a Venezuela han crecido sustancialmente en los últimos años. En las últimas semanas varias refinadoras que procesan crudo venezolano han hecho lobby con la administración Trump para evitar que eso ocurra.
La medida podría hacer que los efectos los padezcan los estadounidenses, que acuse en incremento en el costo del combustible y la energía en general para consumo doméstico.
Más allá de que el impredecible Trump enfrenta en este momento varias crisis domésticas por las revelaciones sobre la relación de Rusia con su campaña presidencial y la imposibilidad de pasar en el Congreso la derogación del Obamacare, lo que lo podría hacer más proclive a una medida extrema contra Venezuela con el fin de “cambiar la narrativa”, por lo menos por unos días.
Los analistas internacionales señalan que las consecuencias para Venezuela de las sanciones a la industria petrolera serían severas y el país quedaría muy expuesto porque, incluso sin el castigo, ya se encuentra al borde del default por la escasez de dólares. Sus reservas están en el nivel más bajo de los últimos 15 años: menos de 10.000 millones de dólares. Y por sus dificultades de flujo de caja ya tiene una moratoria sobre el pago de sus deudas a China.
Mientras, el gobierno venezolano continuó pagando religiosamente a los tenedores de bonos de Wall Street, recortando gastos en importaciones y generando mayor desabastecimiento”, señaló.
No obstante, por más que se reduzca su margen de acción, no hay ninguna garantía de que sea suficiente para obligar al chavismo a una salida negociada. Un embargo petrolero aceleraría el inminente default de Venezuela, pero aun así el gobierno podría mantenerse, concluyen los analistas.
Colofón
-Cuidado: Hay variado y alto descontento en los barrios populares, con mucho cansancio por las faltas de respuestas a la situación económica, donde la culpa no solo la tiene el imperialismo y la oligarquía. Allí hay gente que hasta votó el plebiscito del domingo 16, pero la oposición no ha logrado sumar adeptos dentro de estos sectores.
-Lo cierto es que Venezuela se ahoga en el odio y que, de una u otra manera, el fenómeno nos afecta a todos, señaló el exvicepresidente José Vicente Rangel. “La mayor responsabilidad recae en el liderazgo de la oposición por su obsesión de acabar con el chavismo, de negarse al diálogo, de desatar la violencia irresponsablemente; pero también admito que en el chavismo ha habido excesos, arrogancia y adopción de equivocadas medidas políticas y económicas”, agregó.
-La legitimación de la violencia política descansa en un sistema de creencias que sirven para la configuración de la identidad del grupo que lleva a cabo una supuesta gesta heroica libertadora, como en el encuadre negativo del adversario, responsable de la situación y deslegitimado hasta eliminar o neutralizar cualquier conflicto ético. Convertido el adversario en un peligro para la sociedad, se lo proscribe e incluye en categorías socialmente condenables -asesinos, ladrones, paramilitares- que demandan medidas defensivas especiales, justifican su asesinato, exterminio y tortura aun después de muerto”, señala la socióloga Maryclén Stelling.
-Para no confundirse con las cifras, hay que tener en cuenta que las elecciones presidenciales el abstencionismo suele superar el 20% y que, el chavismo solía sumar alrededor del 60% de los votos.
-Lo de la Constituyente debe ser algo muy bueno, señala el cronista popular Melquíadez Iguarán, si tanto les molesta a Trump, a la OEA, a la Triple Alianza mercosureña, a la Exxon, a los medios hegemónico-terroristas, a…
· Aram Aharonianes periodista, comunicólogo, magister en Integración, codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE), presidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA)