La clase política es incapaz de medir el alcance de sus palabras. Y tampoco de sus actos, hoy, bajo una atenta mirada de la opinión pública. La aprobación por la Cámara de Diputados hacia finales de la semana pasada de una resolución con recomendaciones para superar la crisis del Sename ha sido un efecto para tapar las críticas, y también la vergüenza tras el rechazo, pocos días antes, del informe evacuado por la comisión investigadora Sename II.
Un salto en el aire cuyos objetivos, a la luz de los hechos, no tiene otro objetivo que el efectismo y el espectáculo. Una vez más, la clase política transparenta todos aquellos vicios de elite que la separan del resto de la ciudadanía. Aquel rechazo al informe, consecuencia directa de un vergonzoso lobby del gobierno ante su coalición, fue una acción que privilegió mezquinas rentabilidades políticas por sobre el drama de los niños y adolescentes abusados en los centros del Sename.
Pese a su rechazo, el documento fue evacuado, redactado y publicado en el sitio web de la Cámara. Un texto de más de 500 páginas que describe las atrocidades cometidas por el Servicio Nacional de Menores durante los últimos gobiernos. Un compendio del dolor y la indolencia estatal ante el abuso público y privado que pese a la reprobación de los parlamentarios se ha traspasado hacia la prensa y las redes sociales. Los pasajes del informe se han filtrado gota a gota para la humillación de quienes intentaron silenciarlo.
No sólo la descripción del horror llega a la opinión pública. También los actos innobles de la clase política y de un gobierno desesperado y aterrado ante la pérdida de sus últimas cuotas de poder. Ante la publicación y eventual ratificación de la incapacidad gubernamental para contener la crisis de ese Servicio estatal, responsabilidad que recae principalmente en la gestión de la ex ministra de Justicia Javiera Blanco, el Ejecutivo desarrolló una campaña protagonizada por sus principales ministros para convencer a sus parlamentarios de los peligros políticos de su aprobación. La incomodidad ante la prensa y la posible pérdida de valoración ante el electorado han podido más que asumir las responsabilidades por la incapacidad de entregar una respuesta eficiente a los problemas de los miles de niños desprotegidos internados en los centros.
El episodio ha vuelto a colocar al gobierno y sus extensiones políticas en un trance similar a sus peores momentos. Una atmósfera similar a aquella que envolvía el financiamiento ilegal de las campañas electorales y no más disipadas que aquellas que asfixiaban los más densos días del caso Caval ha vuelto a caer sobre La Moneda. Un gobierno que arma toda su maquinaria subterránea para tapar el informe y silenciar sus eventuales responsabilidades.
EL DESCARADO LOBBY GUBERNAMENTAL
Los movimientos en torno a este documento han sido exagerados e imprudentes. Un aparataje puesto en marcha desde la misma Moneda ha movilizado a ministros (desde Nicolás Eyzaguirre, Paula Narvaez y hasta el hombre de Hacienda, Rodrigo Valdés) con el cometido llevado hasta Valparaíso de evitar la aprobación del informe. ¿Motivo? No por el daño a los niños, sino por las responsabilidades políticas. Hilando más fino, por la ex Ministra de Justicia Javiera Blanco, renunciada el 2016 por el insoportable peso de las víctimas del Sename constatadas en el anterior informe del 2014.
La comisión de trece parlamentarios, presidida por el PPD Ramón Farías (único del oficialismo rebelado ante la maniobra del gobierno), e integrada, entre otros por la PC Camila Vallejo, la PS Maya Fernández y el independiente (ex DC) René Saffirio, evacuó el informe con más de 60 propuestas sobre un anterior documento que comprometía al actual gobierno. El objetivo de esta Comisión Especial Investigadora (CEI) no ha sido sólo iniciar sondeos sobre la muerte y maltrato de niños internados en los hogares del Sename, sino conocer cómo las autoridades de este gobierno respondieron a las propuestas e exigencias del texto aprobado el 2014. Es por ello que el actual gobierno, al haber sido advertido y presionado por resolver la crisis, tiene más responsabilidades que ninguno de los anteriores.
El informe de la comisión denominada Sename II con la finalidad de acortar su larga pero ciertamente más precisa nominación (“De la forma en que las autoridades han atendido las propuestas de la Cámara de Diputados, por la aprobación del informe de la Comisión Investigadora del Sename en el año 2014, y la situación de menores de edad carentes de cuidado parental”) apuntó a nuevas propuestas, halló claras responsabilidades políticas y administrativas y fustigó la función del Estado y todo su aparataje institucional, directo y aledaño, en su actuar.
La movilización de los ministros por Valparaíso, y de la misma ex ministra Blanco, hoy en el Consejo de Defensa del Estado, no ha sido exclusivamente por las propuestas del informe. Ha sido por silenciar la responsabilidad política de Javiera Blanco, figura muy cercana a la presidenta Bachelet, entusiasta impulsora junto a otros de su campaña presidencial del 2013 y cercana a la DC.
Las referencias a Blanco aun cuando mínimas son contundentes y directas. Un par de párrafos, aun cuando certeros y directos, que no dejan dudas respecto a su responsabilidad. En la página 391 se puede leer: “Quienes se encontraban a la cabeza de la cartera de Justicia contaban con las herramientas para impedir muchas de las desgracias que hemos tenido que lamentar en los últimos meses, y no parecen suficientes las excusas de deficiencias estructurales históricas”. Sin ir más lejos, con posterioridad a la Comisión Investigadora Sename I, que evacuó su informe en el año 2014, “se sucedieron una serie de muertes y desgracias que tienen como común denominador la omisión negligente de quienes ocupaban la cartera de Justicia, y particularmente de Javiera Blanco Suárez, quien terminó dejando su cargo en medio de enormes cuestionamientos y con una aprobación pública inédita desde el retorno a la democracia: tan solo un 19% de aprobación”.
LAS ATROCIDADES DEL INFORME
Tras el rechazo del informe por la Cámara, el diputado Saffirio rompió los muros de contención al relatar con detalles el drama de los centros del Sename el domingo 9 de julio en el programa de televisión Tolerancia Cero. El impacto de sus palabras fue tal que un torrente de comentarios copó las redes sociales y no pudo dejar indiferente a la clase política, que el jueves siguiente aprobó la resolución con medidas para enfrentar la crisis del Servicio.
Saffiro relató lo que ya se sabía: indolencia estatal y gubernamental ante evidentes violaciones a los derechos del niño y los derechos humanos en los centros del Sename. Un drama ya registrado en el Informe de la Comisión en cuyos pasajes hay testimonios y relatos conmovedores. En una de las propuestas de la Comisión dirigidas a la Secretaría General de la Presidencia, el documento solicita atención particular para tres casos, pero uno de ellos es gravísimo. “Es el caso de dos hermanos que hace cuatro años fueron internados por abandono en un hogar en Padre Las Casas, dependiente de las Aldeas SOS, cuando tenían 5 y 8 años. El niño menor fue abusado y el mayor fue obligado a presenciar esa tortura. Según la investigación judicial aún en curso, el autor sería un adulto que prestaba servicios para el colegio al que iban los niños de la Aldea. Los abusos ocurrieron en forma reiterada y cuando SENAME decidió entregarlos a sus parientes, ya no eran niños abandonados simplemente, sino niños con graves problemas psiquiátricos. Hoy con 9 y 13 años, ambos han tenido intentos de suicidio”
En el extenso texto está también el relato de Edison Gallardo, Presidente del Movimiento Nacional por la Infancia que pasó su niñez en centros del Sename. “Relata que su familia era pobre, y nació con una fisura unilateral palatina completa. En ese entonces, las operaciones eran completamente gratuitas, y le dijeron a mi madre que para operarse gratis tenía que institucionalizarme, pero que una vez que fuera intervenido podría salir. Sin embargo, pasó doce largos años de su infancia internado. Fueron doce años en los que dejó de llamarse Edison Gallardo, en los que pasó a llamarse solo 691 y procede a relatar las difíciles condiciones en que vivió y los abusos de que él y otros menores eran víctimas”.
Narra que durante doce años no vio a su madre. “Que vestía harapos y sus zapatos estaban cocidos con alambre. Así iba a clases. Además, un año tuve impétigos en mi cabeza, nadie le llevó al doctor. Hasta que eso le provocó una inflamación y la aparición de materia en mi cabeza. Tenía que ir tres veces al día al hospital San Pablo de Coquimbo, que queda a veinte minutos de esta cárcel. Le daban 40 minutos para ir y volver, y el hospital estaba a 30 minutos, de modo que me demoraba una hora a pie. Como siempre regresaba tarde de su tratamiento, como castigo le metían al Cuatro, como le llamaban a una pieza que no medía más de tres por tres metros, con una banca empotrada y sin comer”.
ABUSO SEXUAL Y PROSTITUCIÓN
El abuso sexual está también presente en numerosos testimonios. Por ello, la comisión estimó que es “particularmente relevante poner de manifiesto que el abuso sexual de niños y adolescentes dentro de las residencias no sólo existe, sino que es una realidad instalada en el sistema residencial, y que, insólitamente, los responsables – particulares y autoridades competentes- no lo consideran un problema gravísimo requerido de urgente atención y resolución, sino que a juzgar por los testimonios recogidos, lo estiman como un hecho casi consustancial a la vida en residencia, como una especie de “normalidad” que no queda más remedio que padecer”.
El testimonio de la Magistrada Mónica Jeldres da cuenta de esta situación en un hogar en Arica, que denuncia a tribunales de familia. Había “inexistencia de todo tipo de actividades educativas, deportivas, recreativas al interior de la residencia; salidas nocturnas de niñas y adolescentes, sin motivaciones o finalidades claras y explícitas, no controladas por adulto responsable alguno; denuncia de niñas residentes de que lo anterior ocurría con colaboración activa de la cuidadora nocturna, que les abriría la puerta a la salida y al regreso; regreso de las niñas y adolescentes a altas horas de la madrugada, que hace altamente probable la existencia de explotación sexual infantil; consumo de pasta base y otras drogas por las niñas y adolescentes, estando al cuidado del hogar, al interior del mismo y fuera de él; regreso de las niñas y adolescentes al hogar en completo estado de intoxicación, por consumo de drogas, imposible desconocer por las cuidadoras; cronificación y agudización del estado de toxicomanía de las niñas y adolescentes en su ingreso a la residencia hasta la fecha; amanecer de niñas y adolescentes en estado de cuasinconciencia por consumo de drogas, que no son capaces de reaccionar y despertar ante los estímulos y llamados realizados por la jueza coordinadora; existencia de un adolescente con diagnóstico de VIH que no sigue tratamiento médico alguno; eventuales relaciones sexuales de esta adolescente enferma con otras niñas, en fin”.
Ante éste y otros muchos casos, el informe concluye que “muchos niños del sistema residencial se encuentran viviendo en condiciones que ponen en alto riesgo su vida, su integridad física, síquica y/o social, situación que demanda extrema responsabilidad de parte de todo el Estado”. Por tanto, en la página 245 recomienda al gobierno “tomar las medidas de todo tipo que sean necesarias para abordar el problema del abuso sexual intrarresidencial, atender debidamente a las actuales víctimas y sus familias, y llevar adelante un plan de acción que lo erradique por completo de los lugares de cuidado alternativo de niños”.
El testimonio ante la Comisión de Matías Orellana, egresado del Sename, expresa con claridad el ambiente penitenciario y de absoluto desarraigo. “La primera herida emocional que se sufre al ser internado en los centros de protección del Sename es el desarraigo que comete un juez al privar a un niño de vivir con sus padres. Finalmente, este niño vive uno, dos o tres años con retraso escolar. En los centros de internación temporal o permanente, es difícil encontrar tíos o tías que contengan con amor; por el contrario, se trata a los menores con castigos, porque los profesionales no están capacitados”.
Opina que una de las peores inversiones del Estado fue entregar la responsabilidad y la autoridad a terceros, a los organismos colaboradores del Sename (OCAS). Dice que desearía que les demostraran que estas instituciones no persiguen fines de lucro, pero mientras más niños tienen, cuentan con más dinero y con una mayor cantidad de problemas.
Qué hace el sistema para contener a los niños, se pregunta Orellana. “Les da fármacos, los amarra y tortura”. Relata que al interior de las residencias existe un régimen de reglas de todo tipo. Frente a actos de rebeldía los castigos no tardan en llegar, los niños son constantemente maltratados, con violencia física y verbal, con frases que quedan grabadas, como: “Eres flojo, hediondo, sucio, por eso nadie te quiere o quién te crees para responder. Incluso dicen groserías, como “pendejo de mierda”, por eso estas aquí, cabro asqueroso, tú no mandas, esto no es un hotel, vas a hacer lo que te diga, tu opinión no le importa a nadie, esta no es tu casa. ¡Digan a su hijo que esa no es su casa! Otras frases son no estás tratando con tus padres, nadie te vendrá a buscar”.
PAUL WALDER
Publicado en Punto Final