El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy en la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) una treintena de cuentas de Twitter y Facebook que han injuriado y amenazado de muerte en las últimas dos semanas al dirigente Rolando Jiménez sólo por el trabajo que realiza para la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI.
En efecto, grupos ultraconservadores han difundido en redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube) carteles, imágenes declaraciones y videos con injurias y calumnias “que vinculan a nuestra organización y a Jiménez con la pedofilia, una cruda campaña homofóbica que esta semana se tradujo además en amenazas de muerte”, sostuvo el presidente del Movilh, Ramón Gómez .
Misma situación se ha provocado con la distribución de carteles contra el Movilh y Jiménez en calles céntricas de Santiago, lo cual ha provocado que decenas de personas “nos escriban expresando preocupación, así como temor respecto a la seguridad y derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI)”.
Las campañas han sido difundidas continuamente (hora tras hora sin cesar) por representantes de la Red Padres Objetores de Conciencia y el Observatorio Legislativo Cristiano, los voceros del Bus del Odio en Chile.
En tanto, supuestos neonazis han amenazado de muerte a Jiménez, “Te queda poco marincocito. Ya te llegará. Serás otro Zamudio más. Te mataremos pobre maricón”, indica una de las amenazas.
“Nuestra organización expresa su apoyo incondicional y total a Jiménez y solidariza con él en estos graves momentos, quizás uno de los más complejos que un activista LGBTI ha debido enfrentar en Chile en 26 años de lucha del movimiento de la diversidad sexual y de género. Estamos en presencia de una campaña homofóbica de semanas, así como frente al silencio estatal por los abusos contra activistas LGBTI”
En efecto, las campañas de odio y las amenazas de muerte fueron comunicadas oportunamente al Ministerio Secretaría General de Gobierno, pero ésta no ha prestado ningún apoyo, “ni ha dado muestra de solidaridad alguna con la situación que estamos padeciendo. Ello, pese a que es un compromiso internacional del Estado proteger a los defensores de derechos humanos de cualquier abuso que puedan padecer en el marco del ejercicio de sus funciones, como ha ocurrido en este caso”, finalizó Gómez