El geógrafo Georgio Martelli, uno de los principales operadores de la compleja máquina financiera montada para obtener dineros destinados a las precampañas presidenciales de Michelle Bachelet y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue condenado el 28 de junio por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago a 731 días de presidio remitido y al pago de una multa de 2,8 millones de pesos.
Martelli fue declarado culpable de delitos tributarios en el marco del denominado “Caso SQM”, una investigación del Ministerio Público que busca esclarecer la entrega de subidos montos de dinero para actividades políticas por parte de la minera no metálica Soquimich, propiedad de Julio Ponce Lerou, un ingeniero forestal ex yerno del dictador Augusto Pinochet que se enriqueció al alero de su suegro durante el régimen militar y luego del retorno de la democracia, en 1990, bajo los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia.
La sentencia del tribunal puso término a las investigaciones e impide que los chilenos conozcan a fondo el origen, el monto total y la identidad de los beneficiados con los dineros irregulares que financiaron la política desde, a lo menos, 2005 en adelante.
Uno de los principales implicados, Jorge Rosenblut, ex subsecretario de Telecomunicaciones y de la Presidencia en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, permanece en el ostracismo en Miami luego de haber sido removido de la presidencia del directorio de la transnacional española Endesa por su participación en el financiamiento ilegal de la política chilena.
Rosenblut abandonó el gobierno de Frei en noviembre de 1997 e ingresó al sector privado como presidente del directorio de la distribuidora de electricidad Chilectra y lideró, además, Smartcom PCS, empresa telefónica dependiente de Endesa. Paralelamente se incorporó al directorio de la AFP Cuprum y en 1999 creó el emprendimiento político Expansiva, que se lanzó públicamente en 2001 y que agrupaba a representantes del liberalismo de la Concertación, muchos de los cuales entraron al gobierno de Michelle Bachelet en marzo de 2005.
A fines del año 2004 Rosenblut invitó a Georgio Martelli a incorporarse a la primera campaña presidencial de Bachelet como administrador electoral. En 2008 Martelli -transformado en un experto en el tema- publicó el libro Dinero y Política que dedicó a Ingrid Antonijevic -amiga cercana de Bachelet-, Guillermo del Valle y Jorge Rosenblut.
En 2009 se repitió la dupla Rosenblut-Martelli para la campaña de Frei. El primero trabajó con Máximo Pacheco, ex ministro de Energía del actual gobierno de Bachelet y jefe de la fracasada campaña de Ricardo Lagos a las próximas elecciones presidenciales, y Jorge Awad, ex miembro del directorio del diario La Epoca, presidente de Lan Chile entre 1994 y 2012 y luego presidente de la Asociación de Bancos. Martelli, en tanto, trabajó con Francisca Contreras, el abogado Cristián Quinzio y Pedro Yaconi, hombre de confianza de Frei.
En esa campaña la contadora democratacristiana Clara Benzán emitió a Soquimich -a pedido de Martelli- dos facturas de su empresa Asesorías en Gestión Ltda. por un total superior a los 92 millones de pesos. Bensán cobró los cheques de SQM, los cambió y le entregó el dinero en efectivo a Martelli. En maletas.
El año 2011, Rosenblut nuevamente quedó a cargo de reunir los fondos para la precampaña de Bachelet y Martelli, una vez más, se sumó a su equipo. Fue en esos meses cuando el ex subsecretario de Frei se reunió con los ejecutivos de SQM y con los del grupo Angelini, conglomerado empresarial con grandes intereses en los rubros energético, forestal y pesquero, para solicitarles una contribución a la campaña de la naciente Nueva Mayoría. Para los pagos, se emitirían boletas o facturas ideológicamente falsas a cambio de servicios simulados o inexistentes. Los donantes imputaban las platas políticas como gastos de sus empresas para deducir impuestos.
Martelli, mientras, constituyó la sociedad Asesorías y Negocios, A&N, para triangular los ingresos hacia la corporación que reunía a quienes trabajaban en la precampaña de Bachelet y que dirigía el brazo derecho de la candidata, Rodrigo Peñailillo.
En agosto de 2013 el directorio de Endesa Chile, presidido por Rosenblut, decidió entregar cerca de un millón de dólares a las candidaturas presidenciales y parlamentarias del 17 de noviembre de ese año, tanto de la derechista Alianza por Chile como de la Nueva Mayoría. En esa campaña Rosenblut y Martelli recolectaron -sólo legalmente- cerca de cuatro mil millones de pesos.
EL INICIO DE LA CAIDA
Así como lo había hecho Rosenblut con el grupo Expansiva pocos años antes, en la primavera de 2013 Rodrigo Peñailillo preparaba a los integrantes de la denominada Generación de los 90, G-90, para ubicarse en puestos claves del primer gobierno de la Nueva Mayoría, lo que ocurrió luego de la llegada de Bachelet a La Moneda.
En enero de 2015, al frente del Ministerio del Interior y considerado ya como el delfín de Bachelet, Peñailillo disfrutaba del poder y se solazaba mirando cómo los dueños del grupo económico Penta desfilaban por las Fiscalías que investigaban sus aportes financieros ilegales a la UDI, el partido que agrupaba a los más fervientes admiradores de la dictadura de Pinochet.
Fue entonces cuando el Servicio de Impuestos Internos, SII, presentó una querella por delitos tributarios en contra de Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera. Wagner -militante de la UDI- había recibido pagos periódicos de Penta mientras era subsecretario de Piñera y había empleado a su cuñada para triangular los pagos y evadir los impuestos correspondientes. La querella del SII fue por facilitación y uso de boletas ideológicamente falsas, por la obtención indebida de devoluciones de impuestos y por la omisión de ingresos en sus declaraciones de impuestos a la renta.
Las cuestionadas eran cerca de 60 boletas emitidas entre 2009 y 2014, pero también había una -sólo una- entregada a SQM en julio de 2009.
El fiscal Carlos Gajardo -que investigaba al grupo Penta- decidió entonces meter sus narices en SQM y Peñailillo se puso nervioso, muy nervioso.
La querella del SII la presentó el subdirector jurídico Cristián Vargas. El director del servicio era Michell Jorratt, quien había sido pagado por Giorgio Martelli como parte del equipo de la reciente precampaña electoral de Bachelet. Entre marzo de 2012 y abril 2013 Jorratt había recibido más de 13 millones de pesos. Alberto Arenas, otro integrante del comando de Bachelet, ahora ministro de Hacienda, lo había reclutado para preparar la futura reforma impositiva y luego lo nombró director del SII.
El 9 de enero de 2015, Peñailillo, cada vez más inquieto, llamó a Arenas y le exigió que parara, a como diera lugar, el intento del SII y de las Fiscalías por hurgar en la contabilidad de SQM. El ministro de Hacienda encargó la tarea a su jefa de gabinete, Andrea Palma. Se acordó, entonces, que el SII solicitara a la Fiscalía que su investigación sobre la contabilidad de SQM se acotara sólo a la única boleta emitida por Wagner en julio de 2009 y no al periodo 2009-2014. La iniciativa del SII, sin embargo, sirvió de poco. El fiscal Gajardo y su equipo, al revisar la contabilidad de SQM en ese mes de julio encontraron a 19 emisores de boletas vinculados con políticos y la Fiscalía, sospechando que se abría una caja de Pandora, reafirmó su intención de revisar toda la contabilidad de la empresa controlada por el ex yerno de Pinochet.
TENSION EN LA MONEDA
Caminando por la cornisa, Peñailillo reforzó su presión e incorporó como bomberos del incendio al abogado Samuel Donoso, muy cercano a Guido Girardi, líder del PPD, y al socialista Enrique Correa, cabeza de Imaginacción, la mayor empresa de lobby del país, que asesoraba desde hacía tiempo al conglomerado de Julio Ponce Lerou. Ellos, junto al equipo de control de daños de Hacienda y del SII, elaboraron una compleja salida: el SII incautaría toda la documentación contable de SQM y le negaría su entrega a la Fiscalía trabando una contienda de competencia que debería resolver el Tribunal Constitucional, TC. Para un fallo a favor se contaría con el apoyo del presidente del TC, el abogado democratacristiano Carlos Carmona, nombrado en ese cargo por Bachelet.
Paralelamente, intervinieron de hecho la Subdirección Jurídica del SII y pusieron al lado de Cristián Vargas al abogado Pablo González, ex subdirector jurídico del servicio y socio en ese momento del estudio jurídico de Julio Ponce Lerou.
Entre todos diseñaron una nueva estrategia para evitar que la Fiscalía siguiera investigando las platas ilegales ingresadas a la política: se convocaría a las empresas con irregularidades semejantes a las de Penta para que se denunciaran a sí mismas, rectificaran sus declaraciones de impuestos ante el SII, y pagaran los impuestos adeudados y las multas correspondientes. A cambio, el SII no se querellaría en contra de ellas.
Entonces se puso en marcha la operación. SQM envió la contabilidad del periodo 2009-2014 al SII y Samuel Donoso recurrió ante el TC para exponer la contienda de competencia con la Fiscalía. La segunda sala del TC, presidida por Carmona, suspendió las acciones del fiscal Gajardo. Todo había resultado perfecto, pero Peñailillo se pasó de rosca y exigió que el SII incautara toda la información contable de SQM “aunque fuera en camiones”.
Aquella instrucción colmó la paciencia de Jorrat. Decidió que el SII no alegaría a favor de SQM ante el TC y presentó la querella en contra del gerente de SQM, Patricio Conte-sse y otros seis ejecutivos de la empresa. Toda la estrategia de Peñaillo y sus seguidores se desmoronó. SQM quedó sola y el SII hizo causa común con la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, CDE. Carlos Gajardo pudo seguir investigando.
En marzo de 2015 el SII lanzó su llamado a las grandes empresas para que rectificaran los pagos irregulares concretados entre 2009 y 2014. Hasta ahora se ignora cuántas firmas respondieron el llamado, pero se cree que lo hicieron varias que aparecen involucradas en los casos de platas políticas: Inversiones Caburga y Newport Ltda., del grupo Said; Corpesca y Copec, de la familia Angelini; Ripley; CorpBanca, de Alvaro Saieh; y otras como Aguas Andinas, Alsacia, Enersis y Endesa. Según El Mercurio, fueron más de 200.
JAQUE A LA REINA
En febrero de 2015 la Fiscalía Nacional “reordenó” el caso Penta y le quitó la arista SQM a Carlos Gajardo, titular de la Fiscalía de Alta Complejidad, entregándoselo a Andrés Montes, fiscal regional centro norte. El caso Penta quedó bajo la supervisión de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, a cargo del fiscal Alberto Araya, quien fuera por años abogado de SQM y debió inhabilitarse para seguir esa investigación. El fiscal Carlos Gajardo quedó fuera de cualquier injerencia en los dos casos.
A comienzos de mayo de 2015, Bachelet sacó del gabinete a Rodrigo Peñailillo, Alberto Arenas y otros tres ministros. Los dos primeros habían sido parte fundamental de su precampaña y de su campaña electoral y estaban involucrados hasta el cuello en el financiamiento irregular de su llegada a La Moneda.
El 18 de mayo el gobierno le pidió la renuncia a Michel Jorratt, siendo reemplazado por Fernando Barraza. El subdirector jurídico, Guillermo Vargas, fue sustituido por Bernardo Lara, muy cercano al Partido Socialista, quien había sido subdirector jurídico subrogante del SII entre 1985 y 1994 y titular del mismo cargo entre 1994 y 2006, cuando la removió de su cargo el director de entonces, Ricardo Escobar, sobrino del ex presidente Ricardo Lagos Escobar y muy cercano a los empresarios.
Tras salir del SII, Lara fue contratado por el hoy desaparecido diario La Nación, cuyo presidente del directorio era entonces Mahmud Aleuy, ahora subsecretario del Interior y uno de los asesores más directos de Bachelet.
La tarea encomendada a Lara fue devolver al SII su “línea histórica” de las últimas décadas, es decir, terminar con los intentos de Jorratt y Vargas de establecer la igualdad ante la ley de las grandes empresas y los contribuyentes comunes y corrientes. En tanto, el llamado del SII a las empresas a rectificar sus declaraciones de impuestos surtió efecto: sólo SQM, a agosto de 2015, ya había rectificado cerca de dos millones de dólares.
Todos los esfuerzos efectuados desde La Moneda a partir de enero de 2015 han estado orientados en este caso a proteger a la presidenta de la República e impedir que se vea arrastrada a las Fiscalías y a los tribunales en las investigaciones sobre el financiamiento ilegal de la política, al igual que los mandatarios, ministros, parlamentarios y funcionarios de éste y de los gobiernos anteriores, al igual que sus familiares, amigos y colaboradores. En otras palabras, a proteger a las elites dirigentes del país.
También se ha buscado dejar sin sanciones a los millonarios criollos. Diversas fuentes indican que un tercio de las empresas que componen el IPSA -13 de 40 firmas- se han salvado de ser perseguidas penalmente por la inacción del SII. Entre los grupos involucrados destacan: Angelini (Copec, Celulosa Arauco, Antarchile), Said (Parque Arauco, Embotelladora Andina), Saieh (CorpBanca), Calderón (Ripley), Paulmann (Cencosud), Hurtado Vicuña (Entel), CAP (De Andraca, Rassmus), Yarur (BCI), Aguas Andinas y su holdingIAM y Sigdo Koppers (Juan Eduardo Errázuriz).
Los montos de dinero repartidos y la lista completa de los beneficiados parece que los chilenos no la conocerán jamás.
MANUEL SALAZAR SALVO
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 879, 7 de julio 2017.