En el último tiempo se ha puesto de nuevo en la palestra el crimen que terminó con la vida de Jaime Guzmán y, por cierto, la importancia que tuvo en vida el creador de la UDI y ex senador gracias al sistema binominal que él mismo propició.
Ha sido detenido en México, por supuestos delitos cometidos allí, un personaje chileno acusado aquí de haber sido “el autor material” del asesinato de Guzmán, y se ha pedido su extradición a Chile.
En el país ha sido detenida también -¡oh coincidencia!- una señora, ingresada de manera ilegal desde Argentina por vía terrestre, acusada, ahora, de “haber participado en el crimen, por haber estado en la universidad el mismo día en que fue asesinado Guzmán”.
Los familiares y partidarios del asesinado, y la sociedad chilena toda, tienen derecho a que se esclarezcan los autores y los motivos tan discutibles del crimen, y se haga justicia, la esperable en el Chile de hoy.
Se entenderá también ahora, mejor aún que antes, la movilización y el reclamo de justicia de los familiares de miles de chilenas y chilenos, asesinados o desaparecidos bajo la dictadura que el Sr. Guzmán propició y apoyó de manera destacada, muchos de ellos ultimados antes de la muerte de Guzmán y después de persecuciones y torturas inenarrables.
Entre los detenidos desaparecidos está, por ejemplo, el diputado socialista Carlos Lorca, primer congresista víctima de la dictadura.
Fuimos también, como tantos otros, víctimas de la dictadura y trabajamos desde el mismo 11 de septiembre por su derrota pero condenamos en 1991 y desde esa fecha el crimen de Guzmán.
Esa especie de ajusticiamiento mafioso parece haber sido llevado a término “material” por una fracción desmembrada de lo que fue el frente político-militar de un partido de izquierda que, a mi juicio, equivocó durante una década su línea política histórica, recuperada, sin suficiente autocrítica, desde el triunfo democrático de 1988.
El o los juicios a los detenidos de hoy debería iluminar el entorno y los detalles del crimen, para zanjar también la posible infiltración, que pudo sumarse a las sufridas por la izquierda en los 70, 80 y 90, por parte de aparatos extranjeros y fuerzas represivas chilenas.
El asesinado en 1991 fue autor principal de la Constitución de 1980 y asesor permanente del dictador Augusto Pinochet Ugarte.
En el ejercicio del poder absoluto tuvo, como ha sido normal en las dictaduras, diferencias y contradicciones “tácticas” con grupos criminales extremos, en este caso el encabezado por Manuel Contreras.
Jaime Guzmán jugó un rol tanto o más importante que el de Contreras en el fenómeno fascista digámosle chileno, cumpliendo roles diferentes pero complementarios.
Desde la universidad y la política nacional, teorizó y participó activamente en la formación de una fuerza política antidemocrática y luego en un levantamiento social, económico y militar que tuvo como objetivo derrocar un gobierno democrático y constitucional y reemplazarlo por una dictadura militar.
Una participación muy relevante.
Está entre los diez más importantes personajes de la fascista dictadura chilena.
Empujó el nuevo sistema y aprobó, en lo grueso, los crímenes e ilegalidades cometidas desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el término de la dictadura.
Organizó también una fracción y luego un partido político que se identificó hasta hoy con la tiranía. Lo preparó para apoyar el establecimiento, en el peor de los casos para el nuevo dominio, “una democracia protegida”, alternativa a lo que entendemos por democracia y permanentemente subordinada a las fuerzas armadas.
Para vergüenza de la sociedad chilena del post fascismo el partido de Jaime Guzmán, a diferencia de lo sucedido en otros países que sufrieron dictaduras similares, es hoy una fuerza robusta, el partido más votado de Chile, y tiene una alta presencia en el Congreso y el poder local, mostrando así su conexión con sectores económicos, sociales e ideológicos que están tan fuertes o más que en el tiempo de Pinochet.
Jaime Guzmán fue el teórico principal de la Constitución antidemocrática de 1980, establecida y amañada en dictadura, sin ningún acuerdo ciudadano.
Vulneró reiteradamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos al colaborar de manera destacada en el atropello por más de una década por parte del Estado al menos en lo siguientes derechos:
-El derecho a la vida (que es la base de todos los otros derechos humanos) a la libertad y a la seguridad.
-El derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles e inhumanos.
-El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como a la libertad de expresar creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
-El derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
-El derecho a la libertad de opinión y de expresión.
-El derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a las personas, así como a sus familias, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica. (A fines del gobierno que Guzmán impulsó, asesoró y defendió cerca del 50% de los niños chilenos vivía en la miseria o la pobreza, y un 40% de los chilenos vivíamos así).
(No apuntamos aquí los Derechos Humanos Emergentes que don Jaime Guzmán Errázuriz ni siquiera imaginó pero su sistema, con su relevante apoyo, atropelló).
El hecho de que el Sr Guzmán no haya sido enjuiciado y condenado, como otros, a pagar con cárcel su permanente actividad antidemocrática y los crímenes cometidos, se debe a que la derrota del fascismo chileno en 1988 y 1990, no fue global y estratégica, como en la Alemania nazi y en la Italia fascista, y que el poder creado por la dictadura en vastas áreas se mantuvo y se mantiene más o menos incólume.
No es cuestión de que esté exento; es cosa de que mantuvo en vida, y aún conserva, un poder político y simbólico que lo hace casi héroe, casi mártir, casi santo, casi demócrata, mientras los principales teóricos y prácticos del nazismo alemán y el fascismo italiano fueron sentenciados por los tribunales, como el de Nürenberg, están aún huyendo o están sepultados por la historia.
El haber sido asesinado, en un crimen político condenable, al parecer por integrantes de un grupúsculo extremista -tan extremista como él aunque con mucho menos teoría, capacidad política y fuerza- no puede borrar su historia y hacer que se niegue o “comprenda” su decisiva posición en un régimen de terror que no sólo Chile sino la humanidad entera han condenado.