Quienes fueron detenidos y torturados por la dictadura militar tienen tomados siete locales del Instituto de Derechos Humanos en todo el país. Esta medida es el resultado de la falta de voluntad del Estado de Chile y de los sucesivos gobiernos para hacer justicia y reparar los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura militar. Los gobiernos han optado por la arquitectónica de los Derechos Humanos que es construir plazas, monolitos y memoriales, que son necesarios pero que no representan la justicia en su núcleo central que es castigar a los culpables y reparar a las víctimas. Se tergiversa también la historia por esta vía, pues no se ha hecho ningún reconocimiento de este tipo a los que combatieron la dictadura. Hace falta el monumento a los combatientes anti dictatoriales. Se debe reparar el dolor pero también se debe homenajear el valor, para que sirva de ejemplo a las nuevas generaciones.
El castigo a los culpables no ha contado con el apoyo de los gobiernos democráticos. El principal genocida fue defendido explícitamente por el gobierno de Eduardo Frei en Londres. El gobierno permanece pasivo ante la devolución del botín a la familia Pinochet que le permitirá a toda esa escoria vivir por generaciones como ricos con cargo a los crímenes de Augusto Pinochet Ugarte.
El Loby del gobierno en favor de Juan Emilio Cheyre a través del ministro José Antonio Gómez es de público conocimiento. Se ha despedido a funcionarios públicos por buscar la sanción penal del general.
Quienes ocupan actualmente el instituto de Derechos Humanos han levantado como bandera la reapertura del juicio por la muerte del dr Salvador Allende. Es una noble actitud.
Los genocidas pasan sus días en lugares confortables. Mientras son procesados se les envía a sus unidades militares, los chilenos comunes y corrientes van a cárceles insalubres. Nuestro congreso con mayoría democrática nunca ha puesto fin a esta evidente desigualdad ante la ley. Los genocidas reciben pensiones millonarias, que incluyen el stress de guerra, es decir un abono extra por haber reprimido a su propio pueblo.
En cuanto a las reparaciones los gobiernos han sido renuentes, por decir lo menos. Los abogados del Consejo de Defensa del Estado hacen todo lo posible para que en los juicios no se paguen indemnizaciones a las víctimas.
Las víctimas de prisión y tortura eran trabajadores manuales e intelectuales, estudiantes, profesionales, artistas y deportistas. Sin embargo el gobierno los trata como indigentes. En esa condición, como se dice explícitamente en el programa PRAIS, se les trata en el calamitoso sistema público de salud chileno.
Quienes fueron detenidos entraban en listas negras para conseguir un empleo. Nadie entraba a la administración pública sin el visto bueno de la CNI.
El Estado de Chile sólo ha reconocido a algo más de 20 mil personas la calidad de presos políticos. Sólo el Estadio Nacional tuvo más de 30 mil presos en los primeros días del golpe. La dictadura duró 17 años.
Se les paga a los ex presos políticos reconocidos 170 mil pesos mensuales. Es algo más de la mitad del sueldo mínimo. Esto contrasta vivamente con las millonarias remuneraciones que la casta política por sí y ante sí se autoasigna.
El Estado de Chile cree estar dando una ayuda social a indigentes y se niega a aceptar que lo que debe hacer es reparar íntegramente el daño causado.
ROBERTO AVILA TOLEDO