Durante todo el proceso que duró la tramitación de la reforma laboral, fueron muchas las voces autorizadas provenientes del mundo de la academia y de sindicalistas honestos, que manifestaron su crítica frontal a la creatura que estaba surgiendo.
A poco más de dos meses de iniciada la puesta en marcha de la nueva normativa, se puede ver en la práctica la materialización de los vaticinios en uno de los aspectos fundamentales de la relación entre los trabajadores con su empleador: la negociación colectiva y la incorporación de una engorrosa negociación previa: los servicios mínimos.
La nueva ley laboral exige, como paso previo a negociar colectivamente, que se deben establecer los servicios mínimos en caso de llegar a la huelga. Este es el primer escollo a sortear por los trabajadores que quieren ejercer su derecho a negociar mejores condiciones salariales y laborales, que conlleva una primera y ardua negociación colectiva previa a colocar sobre la mesa el pliego de peticiones.
El “caso” Banco Ripley
Es lo que ha pasado con Banco Ripley, la primera institución financiera que negocia con sus trabajadores en el marco de la nueva institucionalidad. Lo que suceda en esta negociación colectiva, se convertirá en un precedente para el sector, y efectivamente, el primer obstáculo con el que se ha encontrado el sindicato es la desmedida solicitud de servicios mínimos por parte de la empresa.
Por ser una de las primeras empresas en negociar con la nueva ley, Banco Ripley se vio favorecido con un periodo de marcha blanca que le permitió entregar la solicitud de servicios mínimos mucho después de lo que la norma estipula: 180 días previo al inicio de la negociación colectiva, en el caso de Banco Ripley, fue sólo a mes y medio de iniciarse las negociaciones, presentando un listado de 400 trabajadores como “equipo de emergencia” a un sindicato que en ese momento contaba con 350 socios. El Sindicato respondió en forma negativa a esta solicitud, ofreciendo cero trabajadores para servicios mínimos, alegando, según nos relata Dennis Castro, presidente del Sindicato Banco Ripley, que “los servicios mínimos son necesarios cuando se afecta a la ciudadanía en cuanto a salud, contaminación, servicios básicos o seguridad y en nada afecta a ninguno de esos aspectos nuestra labor”.
Al haber desencuentro entre las partes, le cabe a la Dirección del Trabajo, en este caso, a la regional, dirimir entre las posturas.
“Reemplazo electrónico”
El 22 de mayo, la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente evacuó una resolución que dejó en 134 los trabajadores que el sindicato debería facilitar a la empresa en caso de huelga. Desglosados en 94 vigilantes y 40 personas en cargos de informática.
Para el sindicato es incomprensible esta resolución, que, en la práctica ofrece vigilantes para mantener la totalidad de las sucursales abiertas durante 12 horas y el funcionamiento on line de la empresa, hecho que denunciaron como una verdadero “reemplazo electrónico”, el viernes 2 de junio en una movilización conjunta con la Confederación Bancaria en las puertas de la Dirección Nacional del Trabajo.
Para Juan Vergara, asesor jurídico de Sindicato Ripley, lo que hace la Dirección Regional del Trabajo en su resolución es “garantizarle a Banco Ripley la atención de sus clientes vía canales remotos ante una eventual huelga”. Si bien deja fuera la atención presencial al público, le garantiza al banco seguir operando a través de su soporte tecnológico. “No puede ser que un segmento completo de trabajadores tenga que trabajar igual en caso de una huelga”, argumenta Dennis Castro, agregando que se llega “al absurdo de otorgar más vigilantes de los que la empresa tiene contratados”. En efecto, la DT le proporciona en su resolución, 94 vigilantes en circunstancias que Banco Ripley tiene 87 contratados y 6 de ellos se encuentran actualmente con licencia médica. Para el dirigente bancario, la excesiva solicitud de trabajadores como “equipo de emergencia” se basa en lo que sugirió la Asociación de Bancos en un estudio publicado a comienzos de año sobre los servicios mínimos en la banca, pero este documento, explica el presidente de Sindicato Banco Ripley, “se refiere a la banca tradicional, donde el argumento principal es ‘no cortar la cadena de pago’, que contempla pago de pensiones, remuneraciones, cheques, servicios, etc., y nada de eso realiza Banco Ripley. No recibe, no recauda servicios, es un banco de retail, un banco biproducto, que tiene solo créditos y captaciones”, replica el dirigente.
Lobby empresarial
Efectivamente, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ABIF, la Superintendencia de Bancos y, últimamente el Banco Central, han desarrollado un trabajo constante, desde la tramitación de la ley hasta ahora, por incidir en la interpretación de la ley, argumentando que las actividades del giro bancario son “una necesidad básica para la población”.
“… La prohibición del reemplazo de los trabajadores en huelga afectará el rol sistémico que corresponde a los bancos para asegurar, por ejemplo, la disponibilidad de fondos para pagar las remuneraciones y pensiones a más de 4 millones de personas, la utilización de las 18,5 millones de tarjetas de débito…”, señala Segismundo Schulin-Zeuthen, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), en un estudio publicado en su portal institucional. Acorde con esto, a comienzos de año, la ABIF identificó más de 30 procesos que en caso de huelga debiesen estar considerados en los “servicios mínimos” bancarios. Entre ellos: servicios de cajas, las operaciones con tarjetas de créditos, las transferencias electrónicas y las emergencias bancarias junto a otra serie de servicios que debieran activarse en la medida que la huelga se alargue.
En sintonía con los banqueros, recientemente el Banco Central (BC) publicó que en caso de huelga, la liquidez del banco y los sistemas de pago deben seguir funcionando, es decir, los servicios de cajas, de cambio de cheques y custodia de valores deben ser considerados dentro del “equipo de emergencia”. Pero además de las cajas, el Banco Central estima que la plataforma de internet, back office, call center y otros servicios similares también deben permanecer activos en caso de paralización. “Una interrupción de estos servicios puede generar disrupciones importantes tanto para la entidad financiera como para sus clientes y el interés público”, señala el documento del Central, citado en la resolución de la dirección Regional del Trabajo.
“Aun cuando eso fuera cierto, aquí lo que se está obviando es que el mercado bancario no es monopólico, por lo tanto, hay otros oferentes que pueden seguir prestando sus servicios mientras haya huelga en un banco”, explica el asesor jurídico. “Distinto sería si existiera negociación bancaria por rama y todos los trabajadores de la banca salieran a la huelga al mismo tiempo. Ahí se podría discutir qué tipos de operaciones deberían estar garantizadas”. Pero, “garantizar la cadena de pago de un banco implica anular el derecho a huelga efectiva”, sostiene el asesor jurídico del sindicato.
Lo mismo le manifestaron los miembros del directorio de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines (CSTEBA) al Director Nacional del Trabajo Cristian Mellis, en reunión sostenida durante la primera semana de marzo: “No existe mérito alguno para considerar a la industria bancaria como un servicio de utilidad pública ni empresa estratégica que requiera servicios mínimos”, se dijo claramente en el encuentro. Es decir, ni Banco Ripley, como banco retail con solo dos productos en el mercado, ni la banca tradicional, con múltiples servicios, requieren de servicios mínimos, por tanto, su sola solicitud busca debilitar el poder negociación de los trabajadores al anular, en los hechos, el derecho a huelga efectiva.
Servicios mínimos: de excepción a generalización
Según la OIT, la institución de los servicios mínimos, solo debiera operar en aquello casos que involucren servicios esenciales y donde ocasione daño público una paralización total.
Esta excepcionalidad con la que el derecho internacional trata los servicios mínimos fue trastocada a nivel local con la nueva reforma, convirtiéndola en una institución general, aplicable a cualquier empresa y operando en una amplia gama de supuestos: protección de bienes corporales de la empresa; prevención de accidentes; prevención de daños ambientales o sanitarios; servicios de utilidad pública; atención de necesidades básicas de la población vinculadas con la vida, la salud y la seguridad. Supuestos que permiten una amplia gama de interpretaciones, como las sostenidas por el Banco Central y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras.
El destacado abogado laboralista y académico en Derecho laboral, José Luis Ugarte, es categórico al señalar que los servicios mínimos “no son para mantener la productividad de la empresa, aunque sea en un grado mínimo. No tiene ese sentido. El giro no debe seguir funcionando en caso de huelga”, señala el abogado, y si eso ocurre “es reemplazo”, sentencia. Para él, el problema está justamente en las causales genéricas que establece la nueva normativa y el hecho que no queda en manos de jueces el dirimir el conflicto, lo que da garantía de imparcialidad, sino que en funcionarios de turno”.
A propósito de lo dicho por el jurista, para la directiva del Sindicato de Banco Ripley y su asesor, un factor desestabilizador en el fallo de la DT regional, es la fuerte influencia que tiene la militancia Democracia Cristiana en las partes involucradas. Así lo sostiene en la declaración pública antes mencionada, apuntando sus dardos hacia “conocidos abogados democratacristianos, que por años trabajaron en el Estado y ahora ofrecen las redes y conexiones que forjaron en él para influir en las decisiones de la Dirección del Trabajo. Este es el caso de Marcelo Albornoz, ex Director del Trabajo, quien representa los intereses de las empresas “Ripley”, y de Luis Felipe Sáez, secretario del cuerpo arbitral de las empresas sin derecho a huelga, a quien Banco de Chile encomendó la calificación de servicios mínimos”. Agregando que el abogado Hernán Juri, quien es Jefe de Relaciones Laborales en Ripley, es parte del estudio jurídico de Albornoz y Cia. (información que consta en la página web www.albornozycia.cl ).
Recurso jerárquico
Como ni el Banco Ripley ni el sindicato quedaron conformes con la resolución, las partes elevaron un recurso jerárquico a resolver por el Director Nacional de la Dirección del Trabajo, Cristian Melis. Según establece la ley, el Director Nacional de la DT tiene 30 días hábiles para dar su fallo a partir del día en que se interpuso el recurso, más cinco días para que sea ejecutoriada, y esto fue el lunes 29 de mayo, por tanto, en el caso de Banco Ripley, la negociación colectiva propiamente tal debería comenzar la tercera semana de julio. Recién ahí el sindicato puede presentar el proyecto de negociación. En circunstancias que la negociación colectiva anterior tiene fecha de vencimiento el 15 de julio.
Si nuevamente el sindicato o la empresa no quedan satisfechos con la resolución del Director del Trabajo, podrían recurrir al Tribunal Laboral, y seguir, teóricamente con la negociación colectiva, pudiendo pedir alguna de las partes que se suspenda la negociación. Y hasta ahí quedamos. Banco Ripley va creando jurisprudencia en cada etapa de su negociación. Por lo pronto, esta negociación previa de servicios mínimos, ralentiza el proceso negociador, pero sobre todo, pone en duda y reduce significativamente la capacidad negociadora de los trabajadores.
Desde la Confederación Bancaria, su secretario general, Luis Mesina, reiteró las posiciones que viene sosteniendo la organización sindical desde que en octubre de 2015 conocieron la filosofía que sustentaba este “engendro” denominado “servicios mínimos”. “Todos los sindicatos afiliados a la Confederación Bancaria, en esa oportunidad expresaron su más enérgico rechazo a este contrabando que el gobierno pretendía introducir en la reforma”. En ese entonces la Ministra Javiera Blanco (D.C.) y Roberto Godoy (P.S.), este último de la absoluta confianza de Osvaldo Andrade, se dieron a la tarea de ganar adhesión entre los sindicalistas afines. Contaron con el apoyo de la CUT que defendió los contenidos que el gobierno impulsaba en esta reforma, sin importar las consecuencias que de ellos se desprenderían, y sin escuchar las posturas de cientos de sindicalistas que alertaban sobre los peligros de esta reforma, ni los sólidos argumentos de la ex directora nacional del Trabajo, María Ester Feres, o de los destacados juristas como José Luis Ugarte, o de abogados de renombre pertenecientes a la Asociación de Abogados Laboralistas, como Juan Sebastián Gumucio o Rodrigo Morales que cuestionaban los contenidos de esta reforma, quienes la calificaron como la consolidación del Plan Laboral de la dictadura.
El Secretario General, agrega que al principio del gobierno de Bachelet, “se prometió emparejar la cancha, sin embargo, su reforma será recordada como la peor transgresión que se ha hecho, por un lado al derecho laboral, puesto que se acaba con el principio tutelar, al dejar más bien bajo una lógica civilista las relaciones laborales, y, lo segundo, que se convierte en un acto de absoluta demagogia del gobierno de la Nueva Mayoría, prometió emparejar la cancha y hoy, los empresarios pueden darse el gusto de postergar por cuanto ellos estimen los tiempos de definiciones y por esa vía impedir el derecho real a la negociación colectiva, como es el caso que está ocurriendo con nuestro Sindicato Banco Ripley”.
Para los demás directores de la Confederación Bancaria, los cuales en su gran mayoría jamás tuvieron confianza en el gobierno de que la ley que presentará fuera mejor que la actual, el nivel de desilusión y rabia se acrecienta. Observar como dilatan y enredan un proceso de negociación colectiva en el Banco Ripley, muestra lo complejo que se hará para todos ejercitar este derecho fundamental.