La Fiscalía aplaza la reacción ante el anuncio sobre una nueva consulta independentista hasta que las autoridades catalanas procedan a la acción. Algunos estiman las posibilidades de una respuesta militar.
De momento los planes de convocar un referéndum sobre la desconexión de Cataluña de Madrid son “meras opiniones” o “deseos”, sostiene el fiscal general de España, José Manuel Maza. Sin embargo, la institución que dirige actuará “con toda energía y en defensa de la legalidad” cuando se encuentre “algo valorable” en las acciones de la Generalidad, el Gobierno catalán.
Maza, cuyas palabras recoge la agencia EFE, ha destacado que la Fiscalía no se pronuncia sobre “propósitos, declaraciones y manifestaciones”. Su incumbencia es esperar “a ver qué pasa” sin entrar en ninguna valoración.
El fiscal general hizo su declaración acto seguido de que el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, anunciara en la mañana de este viernes la fecha y la fórmula de la pregunta que propondrá a los votantes. La papeleta a depositarse el próximo 1 de octubre pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”.
Obstáculos rutinarios
No solo se han pronunciado estos dos actores de la etapa preparatoria a la consulta independentista. Portavoces de distintos grupos políticos dentro de la comunidad autónoma y en el Parlamento español también se han expresado al respecto, condenando mayoritariamente la iniciativa. Gran parte de estas opiniones recoge el periódico ‘El Heraldo’.
A su vez, ‘El Periódico’ ha enumerado los principales obstáculos que el Gobierno autonómico de Cataluña debería superar antes de la fecha del referéndum para que sea factible: las urnas, los sobres, las papeletas, el censo, la cobertura legal, las condiciones de la campaña y la logística.
El problema es que los principales componentes de la infraestructura electoral son propiedad de España, pero permanecen almacenados en las dependencias de los municipios, como es en particular el caso de las urnas. El eslabón promedio del poder estatal, que es la Generalidad, no solo espera las medidas en contra de la convocatoria por parte de la autoridad judicial central, sino que duda que pueda contar con el apoyo de todos los municipios.
‘El País’ recuerda que algunas de las principales ciudades de Cataluña están gobernadas por el Partido Socialista, que rechaza el referéndum, como L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet y Tarragona. Además, el gobierno de En Comú en la capital, Barcelona, todavía no ha decidido si respaldará la convocatoria.
En estas condiciones, el Gobierno catalán solo puede permitirse contar consigo mismo y ha anunciado ya varios concursos para comprar todo lo necesario para la votación. El de la adquisición de las 8.000 urnas para todas las mesas ya ha propiciado una investigación de la Fiscalía contra la consejera de Gobernación, encargada de arreglar el asunto.
Posible respuesta militar
Mientras tanto, no es la respuesta de los fiscales lo que preocupa a los residentes de Cataluña en estos primeros días de la cuenta atrás hacia el 1 de octubre. En las redes sociales abundan ‘pruebas fotográficas’ de que medio centenar de tanques y vehículos blindados del Ejército español fue visto en las carreteras de la autonomía de camino a Barcelona ya el día del anuncio.
‘Catalunya Diari’ afirmó que no disponía de ninguna información oficial al respecto, pero supuso que la maniobra del Ejército podría estar relacionada con los ejercicios conjuntos con la Marina de Guerra francesa en el mar Mediterráneo y la llegada del buque Dixmude al puerto de Barcelona.
Sin embargo, muchos internautas perciben el desplazamiento de material bélico como parte de las preparaciones para una respuesta castrense a la segunda edición de consulta independentista. Hay usuarios de Facebook que aguijonean esta orientación de las ideas diciendo que mandarían a Cataluña “los 3.000 carros que tiene España”.
En Twitter se hace bastante popular la idea de “sacar los tanques a la calle” en Barcelona el día de la consulta, aplicando el artículo 155 de la Constitución española (cumplimiento forzoso de obligaciones constitucionales de las Comunidades Autónomas).
Al tiempo que muchos detractores de la consulta y la separación catalana invocan la injerencia militar, los independentistas discuten su eventual eficacia y la postura de la Alianza Atlántica ante su posibilidad. Así, en medio de los temores ya generalizados aparecen opiniones como la de un expresidente de Esquerra Republicana, quien dijo en una emisión de radio que España no tiene suficientes tropas para “ocupar” Cataluña. Es más, la intervención aérea le parece improbable porque “aquí no vuela un solo avión del Ejército español sin la autorización de la OTAN”, cita ‘Mediterráneo Digital‘.
Para el caso de que Madrid vuelva a impedir el referéndum, el Parlamento de Cataluña ya tiene un proyecto de ley de desconexión. El documento, elaborado por los grupos del oficialismo regional, prevé una declaración unilateral de independencia.