La Confederación de Sindicatos bancarios y Afines ha denunciado el fuerte lobby que está desplegando el empresariado y diversos agentes del Estado para privar de derecho a huelga efectiva a los trabajadores bancarios.
Las presiones se están ejerciendo sobre la Dirección del Trabajo para que, a través de la calificación de “servicios mínimos”, garantice a los bancos una continuidad operacional en caso de huelga, evitando la paralización de la “cadena de pagos”, sumando importantes aliados, como la Superintendencia de Bancos y Banco Central, quienes justifican las actividades del giro bancario como “necesidades básicas para la población”.
A través de un comunicado firmado por Luis Mesina, secretario general, y Andrea Riquelme, presidenta, la Confederación señala que esta estrategia de debilitar al sindicalismo, se suma la reciente resolución de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente, que garantiza a Banco Ripley continuidad operacional a través de mecanismos tecnológicos. Un verdadero “reemplazo electrónico”. Y además, le proporciona vigilantes para que las 47 sucursales Banco Ripley atiendan público 12 horas continuas, llegando al absurdo de otorgar más vigilantes de los que la empresa tiene contratados (un total de 94 en circunstancias que Banco Ripley solo tiene 87 vigilantes).
En diciembre de 2015, cuando Javiera Blanco (DC) instaló el tema de los “servicios mínimos”, dice la Confederación, “señalamos que el gobierno fraguaba una reforma cuyos resultados serían peores para los trabajadores. Hoy lo confirmamos. Michelle Bachelet “ha emparejado la cancha para el lado de los empresarios” y, en la práctica, con su “reforma” nos ha debilitado mucho más que con el Plan Laboral de Piñera y la Dictadura. Impresionante ha resultado la eficacia de un sector de lobistas de la D.C., es el caso de Marcelo Albornoz, ex director del trabajo y de Felipe Sáez, secretario del cuerpo arbitral de las empresas sin derecho a huelga, quienes se suman al predominio que la Democracia Cristiana tiene en el Ministerio del Trabajo y en la Dirección Nacional del Trabajo”.
Banco Ripley ni siquiera forma parte de la “cadena de pagos”, pero su importancia radica en que, lo que a su respecto se resuelva sobre servicios mínimos, representará un “piso” para el resto de la banca. A partir de ahora las negociaciones se harán más complejas, este gobierno armó un entramado que llevará las negociaciones colectivas al campo de lo jurídico, sin importar que ello, afecte el interés de quienes buscan mediante la negociación mejorar las condiciones económicas y laborales. En síntesis, esta reforma mediocre, avalada obsecuentemente por la directiva de la CUT despoja a los trabajadores chilenos de un arma importante de distribución del ingreso y, perpetúa en beneficio de los empresarios un ordenamiento jurídico que será mucho más complejo acabar con él y profundiza la distribución regresiva del ingreso, situando a Chile como uno de los países más injustos del Mundo.
Rechazamos tajantemente el lobby, denunciado por el sindicato, entre colegas DC dentro y fuera de la Dirección del Trabajo. La aplicación de esta resolución, sería la concreción del mayor descaro en el actuar de un organismo público, echando por tierra la mínima ilusión de la prevalencia del derecho por sobre intereses particulares y partidarios