La libertad de opinión y la tolerancia son aspectos fundantes y vitales de la democracia. Por eso, todas las dictaduras atacan a los disidentes y les niegan a sus pueblos el derecho a expresarse libremente, persiguiendo a quien disiente, persecución que muchas veces atenta no sólo con la libertad del disidente, sino que también con su integridad física o incluso su vida.
En Chile, en las casi dos décadas en que duró la Dictadura, eso lo vivimos muy claramente y en carne propia.
Ingenuamente creímos que la llegada del nuevo orden que se inauguró el 11 de marzo de 1990, la tolerancia y el respeto a la disidencia iba a ser una característica del proceso que inauguramos en ese período.
Aunque, es menester reconocer que cuantitativamente cambiaron las condiciones políticas y el respeto a los derechos humanos fundamentales adquirió un reconocimiento preponderante en el ethos público, los resabios de la intolerancia y el autoritarismo persisten profundamente arraigados en nuestra sociedad, la que no es democrática ni su forma ni en su esencia.
No es democrática en su forma, en cuanto, como se ha insistido permanentemente, la democracia moderna no consiste en el mero acto de votar, sino que involucra, entre otros, un sistema de representación proporcional y de valor universal de cada voto, de control efectivo del representante por parte del electorado, de mecanismos revocatorios del mandato conferido por los representados al representante, de participación efectiva de la ciudadanía en el control de los actos ejecutivos, de la separación efectiva de los negocios y el poder público, etc.
En la esencia tampoco es democrática, pues la tolerancia y el respeto a la libertad de opinión no son la norma que rige el accionar público, y existe una práctica común de persecución al disidente.
Y cuando me refiero al disidente, clarifico que ser disidente y ser opositor no es lo mismo. El opositor es un actor imprescindible dentro del sistema. Legitima con su presencia al sistema mismo y lo refuerza, al ser un oferente más de servicios políticos para los controladores económicos que se esconden en los márgenes del mismo.
Por lo mismo, al opositor no se le combate ni se le persigue. Con él se disputa, se negocia o se transa cualquier prebenda que el sistema otorgue.
El disidente, por el contrario, es alguien que está en contra del sistema, que quiere cambiarlo desde su base por uno diferente y sustentado en principios diferentes.
Por lo mismo, es una amenaza al statu quo y los que se benefician de él. Es por eso que debe ser combatido y eliminado, pues representa la verdadera voz diferente, aquella que propone una alternativa, cuyo contenido puede ser visto como una luz clarificadora en medio del malestar que aqueja a nuestra sociedad. Y eso es peligroso, cuando el sistema juega y apuesta al adormecimiento de las masas. Iluminar la conciencia adormecida de las masas es la peor injuria contra el sistema, pues ella alumbra las grietas y fallas del mismo.
Hay muchos disidentes en Chile, anónimos cada uno, que cada día luchan y son combatidos por el sistema, en su afán de mantener hegemónico un modelo injusto y abusivo. El combate es feroz, pero sutil. La asimetría de poder es evidente. Por un lado, el poder político y económico hegemónico y todos sus recursos. Por el otro, simples ciudadanos que no renuncian a un Chile mejor.
Y las herramientas que usa el sistema para combatir al disidente son múltiples: La descalificación pública y el uso manipulado de los medios de comunicación, la obstaculización en el acceso al empleo público o el uso arbitrario de las facultades monitorias de los organismos del Estado.
Todas esas herramientas involucran un acoso o persecución sistemática al disidente, el que se da en el límite de la legalidad, haciendo uso de ella para beneficio de los administradores del modelo hegemónico, en términos gramscianos.
Por eso, es que las herramientas legales son insuficientes para proteger al disidente, pues este no encuentra amparo en lo judicial, sino cuando estas agresiones y persecuciones son lo suficientemente evidentes y graves para vulnerar groseramente algunos de los derechos contemplados en la Constitucionalidad vigente.
La guerra subterránea que se da contra el disidente acaba con la honra, la reputación, las redes sociales y la integridad misma de él, afectándolo tanto a él como a su familia.
Por eso, sostengo que Chile no es democrático.
Y lo avalo con mi propia historia como Médico. Con años de persecución, por mis opiniones contrarias a los intereses de los partidos dominantes. Primero, por defender la Atención Primaria Municipal y la necesidad de un mayor financiamiento para ésta. Luego, por sostener que existía discriminación en el otorgamiento de Becas de Especialidad al fijar el límite arbitrario de 35 años de edad para poder acceder a ellas, demostrando que el Ministerio de Salud otorgó arbitrariamente Becas a personas que poseían más de 40 años al momento de acceder a ellas. Y esto por el sólo hecho de tener simpatías políticas con quienes las otorgaban.
Y por último, por defender a los pacientes contra el lucro institucionalizado en la campaña privada-gubernamental de criminalización de las Licencias Médicas, cuyo brazo ejecutor público es la Coordinación Nacional de las COMPIN del MINSAL, los COMPINES de Chile y la Superintendencia de Seguridad Social. Esto último fundado en las mentiras públicas que dieron origen a la Ley 20585 y que, curiosamente, se dieron cuando el mercado privado de aseguradoras de Salud tocaba techo, y no podía expandirse más, pues la realidad económica y demográfica de Chile así lo sostenía.
Si, como médico he sido perseguido, con investigaciones administrativas, acusaciones infundadas, negativa de ser incorporado al servicio público, campañas de desprestigio y otras formas de menoscabo.
Y de todo esto y de las pruebas que lo confirman las he hecho llegar a la Presidencia dela República, siempre terminando en nada y muchas veces en el silencio cómplice de las autoridades correspondientes.
Hoy soy investigado por la Superintendencia de Seguridad Social, porque supuestamente emití tres licencias sin fundamento médico:
- La primera, es la de un profesor general básico, con una depresión severa y que presenta intensa ideación y planificación suicida. El profesor posee alucinaciones auditivas.
- La segunda, la de una madre divorciada cuya hija de siete años posee un púrpura con riesgo cierto de hemorragia y cuya hija de 17 años posee una arritmia por la que ha sido hospitalizada. La hija menor no pudo ser internada por falta de medios económicos para cancelar esa hospitalización. Por ley esta mujer no puede abandonar o dejar sin cuidados a estas niñas, según dispone el Código Penal en sus artículos 349 y 352 del Código Penal.
- La tercera la de una secretaria que encuentra al llegar a su casa a su madre en estado de Coma Diabético. La madre cuida a sus hijos pequeños, ambos menores de cuatro años. Ella desarrolla sintomatología ansiosa y depresiva, por la evidente sobrecarga. Se extendieron 2 licencias por 20 días cada una, hasta que remitió la sintomatología.
Yo me pregunto… ¿Dónde está la evidente falta de fundamento médico?
¿Alguien éticamente probo puede sostener que estas licencias son infundamentadas?
Si los agentes del Estado hoy sostienen que hay falta de fundamento médico en estos tres casos, lo hacen contradiciendo la más fundamental de las premisas que guían la salud. Aquella que es parte de nuestra legislación y que señala que “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, concepto que fue declarado en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud el 22 de julio de 1946 y que es Ley de la República desde el 29 de diciembre de 1948.
Yo me pregunto nuevamente:
¿Qué distancia éticamente a esos médicos, agentes del Estado, que hoy sostienen con toda holgura y prestancia que ninguno de esos tres pacientes merece una licencia médica de los médicos, agentes del Estado que torturaron a mi padre en un recinto militar en Tejas Verdes?…
Creo profundamente, desde la ética, que la diferencia es sólo de grado.
Tengo la certeza de que seré sancionado, pues mi voz a favor de los pacientes es molesta para los administradores de un Estado vendido al interés privado…
Pero con orgullo, puedo decir que tengo la conciencia tranquila, que mi lucha es a favor de los más humildes y de los que no tienen voz. No he cometido falta alguna y no me he enriquecido ilícitamente con la enfermedad de las personas, como han hecho muchos fariseos que pregonan un falso compromiso social.
Mi conciencia ética me insta a levantar la voz en forma permanente y a gritar:
¡Sí, soy disidente y seguiré luchando por mis pacientes!
Dr. Claudio Filippi Peredo
Médico Psiquiatra
Licenciado en Educación-Licenciado en Filosofía