Chile es un país profundamente desigual, resultado del modelo de acumulación surgido durante el laboratorio de pruebas del neoliberalismo mundial que significó la dictadura pinochetista.
El 19 de noviembre del año en curso tendrán lugar en Chile las elecciones presidenciales para el período 2018-2022. Junto a las presidenciales, se desarrollarán también las elecciones de diputados y senadores y las elecciones de los consejeros regionales. Aunque la mayoría de las fórmulas que buscarán alcanzar la presidencia aún no están definidas, parecen surgir dos certezas de cara al embate por la presidencial.
En primer lugar, tenemos que por primera vez desde el retorno a la democracia en Chile, el juego estará más abierto que nunca. Habiendo pasado más de 25 años desde el fin de la dictadura, el bipartidismo ofrece síntomas de agotamiento derivado de que el estado neoliberal no consigue responder a los nuevos dilemas planteados por la sociedad chilena. Y en segundo lugar, la disputa en el plano económico, que a grandes rasgos se circunscribe a una batalla por una mayor equidad social.
Chile es un país profundamente desigual, resultado del modelo de acumulación surgido durante el laboratorio de pruebas del neoliberalismo mundial que significó la dictadura pinochetista, y que no se ha visto modificado sustancialmente desde el retorno a la democracia. Si hablamos de desigualdad en cuanto a la distribución del ingreso, nos encontramos con que Chile es el país más desigual de toda la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). El 1% más rico de la población concentra el 30,5% del ingreso total del país incluyendo ganancias del capital. Y si nos fijamos en los super-ricos, tenemos que el 0,1% de la población concentra el 17,6% del ingreso total (López, R., Figueroa, E. y Gutiérrez, P., 2013).
Es importante analizar el origen de esta desigualdad. Para esto es fundamental distinguir entre la distribución primaria y la distribución secundaria del ingreso.
La distribución primaria del ingreso es la que se origina con el proceso de producción y queda determinada por la porción del valor agregado que se distribuye entre los propietarios del capital y los trabajadores. Algunos de los aspectos claves que determinan esta distribución están relacionados con la propiedad de los medios de producción o con el poder de negociación de los trabajadores, y en consecuencia, con las regulaciones sobre el trabajo.
Para entender lo que ha ocurrido en Chile sobre la propiedad de los medios de producción, basta con tomar el ejemplo de lo que ocurrió con el sector más importante en cuanto a ingresos generados de la economía chilena, la minería, y, más concretamente, la minería del cobre. Remontándonos en la historia, tenemos que como resultado de la larga lucha del pueblo chileno, el 11 de julio de 1971 el Congreso Nacional aprobó por unanimidad la Nacionalización del Cobre. De este modo, el sector que más importantes beneficios pasaba a ser propiedad de todos los chilenos. Posteriormente, en el año 1981, la dictadura de Pinochet iniciaba el proceso de privatización y desnacionalización del cobre. La apertura del sector se ha ido incrementando durante los sucesivos gobiernos democráticos y fruto de esto es la cada vez menor participación de la estatal CODELCO en la explotación del cobre. Mientras que en el año 1973 la participación de CODELCO representaba el 94% (Caputo, O. y Galarce, G., 2007), para el año 2016 tan sólo representa el 33%, frente al 67% que representa la minería privada, principalmente extranjera (Consejo Minero, 2016).
En cuanto al poder de negociación de los trabajadores, también es muy limitado como resultado de la profundización del modelo de flexibilización laboral. Chile, es según los datos de la OCDE, el quinto país sobre treinta y cinco que más número de horas trabaja, con un total de 1.990 horas por trabajador/año, muy por encima de las 1.770 horas que representa el promedio mundial. Además, la flexibilización se manifiesta en diferentes facetas como los tipos de contrato, la facilidad del despido o las posibilidades para el capital de organizar el trabajo. Si a esto añadimos que la reforma laboral del año 2006 reguló la subcontratación, diferenciando entre trabajadores de primera y segunda, y que la legislación laboral ha limitado profundamente la capacidad y la cobertura de la negociación colectiva, tenemos que existe una fuerte preponderancia del capital sobre el trabajo.
Por otro lado, la distribución secundaria del ingreso es aquella que viene determinada por la política fiscal que se realiza desde el Estado. Está principalmente ligada con la recaudación de impuestos y las políticas redistributivas que se pueden llevar a cabo desde el sector público. Dentro de las políticas redistributivas tenemos las trasferencias directas del Estado a las familias, o la prestación de servicios básicos como son salud, educación o el pago de pensiones.
La capacidad de llevar a cabo estas políticas redistributivas está directamente relacionada con la capacidad que tiene el Estado para recaudar vía impuestos. Sin embargo, esta es otra de las facetas en la que el modelo económico chileno muestra sus carencias. Según los datos de la OCDE para el año 2015, la presión fiscal de Chile era del 20,7%, lo que supone la segunda menor presión fiscal de toda la OCDE, solo superada por México. Además, si atendemos a la evolución histórica desde el retorno a la democracia, observamos como la presión fiscal se ha incrementado muy levemente desde el 17% que marcaba en 1990. Esto contrasta con la evolución que la presión fiscal ha experimentado en otros países de la región, que se han caracterizado por reducir fuertemente sus niveles de desigualdad económica a través de la redistribución de la renta vía impuestos. Igualmente, si analizamos a los países de la OCDE, tenemos que Chile aún permanece muy lejos de países como Dinamarca o Francia, con una presión fiscal del 46,6% y del 45,5% respectivamente, y que lideran el ranking de estos países.
Esta incapacidad para generar ingresos públicos que posteriormente se traduzcan en inversión pública vía transferencias o prestación de servicios básicos, es la que está llevando al modelo chileno a un creciente nivel de conflictividad social que tiene sus principales puntos de conflicto en la educación, el sistema previsional de pensiones y la salud. Servicios básicos que han sido mercantilizados y puestos bajo el control del capital privado y que en los últimos tiempos están viendo como una cada vez mayor proporción de chilenos se ve incapacitada para acceder a los mismos.
Es la ausencia de políticas distributivas o redistributivas de la riqueza por parte del Estado la que ocasiona que el modelo de desarrollo chileno sea enriquecedor de las minorías y empobrecedor de las grandes mayorías. Ante las elecciones presidenciales que se atisban ya en el horizonte, sin duda la desigualdad será una de las principales problemáticas que tendrán que abordar los candidatos al Palacio de la Moneda, siendo cada vez más consciente la población chilena que aquellos que han gobernado el país desde el retorno a la democracia, no sólo no han podido solucionar, sino que además han agravado, los grandes problemas referentes a la desigualdad social.
Consejo Minero, (Abril, 2017). Minería en Cifras. http://www.consejominero.cl/
Caputo, O. y Galarce, G. (2007). Desde la Nacionalización del Cobre por Salvador Allende, a la Desnacionalización por la Dictadura y los Gobiernos de la Concertación.
López, R., Figueroa, E. y Gutiérrez, P. (2013). La “parte del león”: nuevas estimaciones de la partición de los súper ricos en el ingreso de Chile. Serie de Documentos de Trabajo, SDT379. Facultad de Economía y Negocios. Universidad de Chile.