La definición de terrorismo: una forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad, susceptible de intimidar a los adversarios o la población en general. Otra de las acepciones es la sucesión de actos violentos para infundir terror.
Es evidente que el candidato Alejandro Guillier se equivocó al confundir el terrorismo en general con el terrorismo de Estado, pues el terrorismo también lo pueden emplear tanto las personas individuales o grupos sociales y políticos, como el Estado.
Quienes nos oponíamos legítimamente a la dictadura de Augusto Pinochet fuimos clasificados como terroristas y, por extensión, todo aquel individuo o grupo que esté en contra de un régimen tiránico, siempre el remoquete de terrorista. No hay que confundir la violencia, que puede ser legítima, incluso consignada en la doctrina católica de Santo Tomás de Aquino. El derecho a rebelión es sagrado ante régimen dictatorial.
Las organizaciones terroristas persiguen distintos objetivos y tiene diferentes justificaciones ideológicas, por ejemplo, el IRA irlandés defendía posiciones católicas; los Cristeros, en México, lucharon por Cristo Rey en contra de Plutarco Elías Calles; la ETA luchaba por la independencia del país vasco; los anarquistas querían una sociedad libertaria, sin dios, ni amo; los españoles calificaron a los héroes de la Independencia de terroristas; el régimen jacobino empleó el terror en la guerra de La Vendée. Hoy, el Estado Islámico emplea el terror contra la población indemne, en varios países, especialmente europeos.
El terrorismo de Estado es brutal, pues emplea a los funcionarios del Fisco para perpetrar asesinatos, torturas, desapariciones, y otros, para infundir terror en la población y doblegar a los opositores.
En la Araucanía, el ejército chileno no sólo usó la fuerza, la violencia y el terror, sino que también pretendió aniquilar a una etnia, dueña del territorio desde el Bio Bio hasta sur de nuestro país. La llamada “pacificación de la Araucanía” para los liberales en el gobierno constituía una misión civilizatoria: se trataba de extender los límites del país y usurpar a los mapuches un territorio rico en una variada gama de materias primas; era la “civilización” versus la barbarie, como escribiera Domingo Faustino Sarmiento.
En la mal llamada “Pacificación” hubo muchos más muertos que en la guerra del Pacífico. También hay que reconocer que entre los mapuches hubo algunos que colaboraron con el ejército chileno, incluso, un miembro de la familia Coñuepan, Venancio, fue diputado por el Partido Conservador, en los años 60. Salvo los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y de Salvador Allende, con la reforma agraria, ningún otro gobierno ha hecho justicia al pueblo mapuche, despojado de sus tierras, que fueron cedidas a colonizadores extranjeros y chilenos, que hoy son tan víctimas como los mapuches.
Durante el gobierno de Patricio Aylwin se intentó un nuevo trato con el pueblo mapuche que, posteriormente, fue abandonado por los sucesivos gobiernos de la Concertación y de la derecha – con Piñera – manteniendo una errónea política de compra de tierras a los colonos y empresarios, que deshacen de las tierras infértiles a precios muy altos, y que los gobiernos han pretendido reparar el robo de las mercedes de tierra, concedidas por el gobierno chileno.
Ha sido tan errónea y bipolar la política de los distintos gobiernos de la Concertación con respecto al pueblo mapuche, que ha pasado de las concesiones de tierras a la violencia y del empleo de la represión por parte de las fuerzas policiales. La peor manera de enfrentar el problema de la Araucanía es militarizar la zona, pues los militares están adiestrados para matar y para solucionar los problemas por medio de la disuasión.
El problema de la Araucanía no se soluciona militarizando las zonas en conflicto, tampoco empleando Estados de excepción, mucho menos aplicando la ley antiterrorista, que ha sido declarada ilegítima, incluso por Organismos internacionales, pues el problema es político, por consiguiente, requiere soluciones basadas en el diálogo y la diplomacia.
No es de extrañar que para el senador Alberto Espina, por ejemplo, principal consejero de del candidato Sebastián Piñera, la solución sea recurrir a la represión, sea judicial, por la aplicación de la ley antiterrorista, sea militar, por los Estados de excepción; lo grave es que el gobierno de Michelle Bachelet, que prometió no aplicar la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche, hoy esté dispuesto a hacerlo, incluso, seguir la política de militarización, propuesta por la derecha.
La Presidenta perdió una gran oportunidad al despedir al intendente Francisco Huenchumilla, la única persona capacitada para solucionar los distintos problemas, pues al pertenecer a la misma etnia, tenía capacidad de diálogo con las organizaciones mapuches. Los dos sucesivos intendentes que lo reemplazaron han sido un verdadero desastre y los problemas se han agudizado.
Para enfrentar políticamente el problema de la Araucanía hay que dar varios pasos sucesivos y coordinados entre sí: en primer lugar, reconocer a Chile como un país multicultural y multiétnico y a la legua mapudungun y la de otros pueblos originarios como lenguas oficiales del Estado de Chile; en segundo lugar, declarar a la Araucanía como una región autónoma – al estilo de Cataluña y otras regiones, en España – que tengan su propio parlamento; en tercer lugar, una cuota de diputados nacionales de representación mapuche; en cuarto lugar, determinar un ítem especial en el presupuesto nacional para el desarrollo de la Araucanía; en quinto lugar, un decidido combate a la pobreza y a la cesantía, que es la región que tiene más altos índices de pobreza y abandono; en sexto lugar, privilegiar el turismo étnico – en Canadá, por ejemplo, existen muchos empresarios inuit, dueños de Líneas Aéreas -; en séptimo lugar, fomentar la educación y la medicina mapuche; en octavo lugar, limitar y regular el desastre ecológico producido, especialmente, por las empresas forestales.
Decir que en Chile existe el terrorismo sólo puede dañar la imagen del país, ahuyentando a los turistas.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
29/05/2017